La idea de Montoro es buena y el efecto mediático también, pero del dicho al hecho hay un trecho. No hace falta una Ley de Transparencia del Gobierno para mandar a los políticos manirrotos a la cárcel. Bastaría el Código Penal, el procedimiento administrativo o el mercantil, pero es harto improbable que un político acabe entre rejas por malgastar el dinero público. Quien hace la ley hace la trampa y siempre hay una excusa para gastar más de lo que se debe. Lo hizo hasta Ángela Merkel cuando se saltó la norma de estabilidad presupuestaria que presidía la ortodoxia de la Unión Europea. Ni siquiera están en el talego políticos conocidos por corrupción, cohecho o malversación, como para pensar que van a ser condenados por guardar facturas en los cajones.
Un caso paradigmático es el de los informes del Tribunal de Cuentas, una de las instituciones con más prestigio y, al tiempo, más inútiles de nuestra democracia. Ahí tiene la Fiscalía General del Estado materia suficiente para empitonar a cientos de malversadores y malos gestores que se han reído de los ciudadanos y se han enriquecido en sus narices. Pero todos campan por ahí libres y borrachos de éxito. Basta una pequeña enmienda en la Ley de Presupuestos o en la de Acompañamiento, que es un cajón de sastre dónde cabe de todo, para blanquear el despilfarro.
El actual déficit no se ha producido de la noche a la mañana como una plaga sobrevenida. Se ha amasado día a día ante los ojos de todos sin que nadie haya dicho ni mu. Hay autonomías que han sido un patio de Monipodio con luz y taquígrafos y nadie se ha atrevido, en aras del autogobierno, a mover un dedo. El hedor de la mierda ha anestesiado las púdicas narices de la Justicia y, a pesar de las amenazas, todos los responsables de estos desmanes, empezando por los que negaron la crisis, andan sueltos. Celebro la buena intención de Rajoy, pero me juego el módico estipendio de esta columna a que ningún político irá a la cárcel por gastar más de la cuenta.
Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario LA GACETA (Madrid) el 22 de enero de 2012
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