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El Gobierno aprueba la Oferta de Empleo Público para 2010

La Oferta de Empleo Público para 2010 cumple el compromiso de austeridad y supondrá un ahorro de más de 280 millones de euros respecto a la del año pasado. Además, apuesta por la promoción interna e incluye un turno diferenciado para los discapacitados intelectuales. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la Oferta de Empleo Público para 2010 está adaptada a la actual coyuntura económica. Con ella, el Gobierno responde al plan de austeridad puesto en marcha en el mes de enero, que prevé la reducción de costes de personal en un 4% hasta el año 2013 y limita la tasa de reposición de efectivos hasta el 10%.

El Ejecutivo estima que va a «conseguir un ahorro aproximado de 280 millones de euros respecto a la del año pasado», según la Vicepresidenta, que ha subrayado que la Oferta salvaguarda el objetivo primordial de «dar la mejor atención y la mejor calidad a los ciudadanos». Las plazas que se destinan a nuevo ingreso suman un total de 1.989 frente a las 15.084 del año pasado. La Administración General del Estado dispondrá de 781 plazas; la Policía Nacional de 222; la Guardia Civil de 232; y las Fuerzas Armadas de 754. A esas cifras se suma la oferta de empleo para la Administración de Justicia, que en aquellas comunidades autónomas en las que está transferida es de 1.326 efectivos y en el resto de 704 efectivos.

La Vicepresidenta ha concretado que estas plazas se distribuyen en sectores prioritarios, como «instituciones penitenciarias, fraude fiscal, investigación, cuerpos informáticos, seguridad aérea y meteorológica». María Teresa Fernández de la Vega ha subrayado que «la contención de la contratación temporal y la apuesta por una mayor movilidad del personal son también características importantes de esta Oferta, que incluye igualmente un turno diferenciado para discapacitados intelectuales», con el fin de que este colectivo «tenga una oportunidad real de acceder al empleo público.»

Asimismo, ha dicho, hace una apuesta importante para la promoción interna, para la que se reserva «un buen número de plazas por considerar que esta promoción forma parte de la carrera profesional de los empleados públicos». Fernández de la Vega ha reiterado que es posible reducir el gasto público «dando el mejor servicio a los ciudadanos». «Esta Oferta no es sólo una regulación del número de empleados sino un instrumento de planificación efectiva», ha añadido.

Medidas económicas

El Consejo de Ministros ha aprobado un Decreto Ley por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, aprobadas entre 2008 y 2009, con el objetivo de reducir las consecuencias de la crisis e incentivar el crecimiento económico. La Vicepresidenta ha concretado que se prorroga durante dos años el cómputo de pérdidas de sociedades anónimas y de responsabilidad ilimitada en los supuestos de reducción obligatoria de capital social y disolución. El objetivo de esta decisión que ya ha amortiguado la crisis en determinadas empresas, ha dicho, «es evitar que esas compañías que puedan entrar en pérdidas precisamente por tener que imputar esas pérdidas al ejercicio correspondiente».

Coche eléctrico

El Gobierno ha analizado un informe presentado por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, sobre el Plan Integral de Impulso del Vehículo Eléctrico. María Teresa Fernández de la Vega ha recordado que el Gobierno pretende alcanzar un parqué de 250.000 vehículos eléctricos en el horizonte del 2014, con la introducción en el año 2010 de unos 2.000, con una inversión de 590 millones de euros a lo largo de los próximos dos años, y con ayudas, en el caso de automóviles, que podrán llegar hasta los 7.000 euros.

Para ello, el Plan de Acción contempla un amplio conjunto de medidas para fomentar la demanda, favorecer la inversión y el desarrollo de este sector industrial, y desplegar la infraestructura necesaria para la recarga de los automóviles, estableciendo puntos de recarga en varios lugares de España. Se trata, según Fernández de la Vega, de la apuesta más decidida del Gobierno «por un sector tecnológico de futuro, en un momento crucial para la industria del automóvil, y, al mismo tiempo, una apuesta por las energías renovables y el cuidado de nuestro medio ambiente».

El ahorro no se fía

Es difícil extrapolar el comportamiento de las familias al del Estado, pero los datos del INE nos permiten una primera conclusión: mientras las familias ahorran el Estado gasta. Los economistas keynesianos justificarán esta actitud del Estado en que gracias al gasto público se incrementa el consumo y se recupera la economía, pero mientras esta teoría ha funcionado en otras naciones en España la ecuación le ha salido rana al gobierno socialista.

Las familias y las empresas no son optimistas compulsivas como Zapatero, sino que como están en la economía real se aprietan el cinturón cuando pintan bastos. El Gobierno, por el contrario, sigue en el nirvana de la sonrisa y el aquí no pasa nada, echando la culpa de los males patrios a contubernios extranjeros. Ni siquiera los presupuestos se han elaborado con criterios de certeza y austeridad y centran nuestra hipotética salida de la crisis en la recuperación de los vecinos de la Unión Europea.

Casi todos los indicadores se han vuelto a poner pesimistas lo que demuestra una total falta de confianza en que los actuales gestores nos saquen del pozo. El principal punto débil de nuestra economía es el consumo y las medidas fiscales que acompañan a los presupuestos van en la dirección contraria al sentido común. Hacienda no planifica, sólo recauda,  y se ha convertido en un cajero del que el dinero sale a más velocidad de la que entra.

Artículo publicado por Jesús Fernández Briceño en el diario La Razón (Madrid), el 7 de octubre de 2009

Al borde de la jubilación y con los ahorros esfumados

1064585_time_is_money_1Mal año para los Fondos de Pensiones. El que más y el que menos mira a la hucha que había previsto para su futura jubilación con la sorpresa de no creer en lo que está viendo. En la mayoría de los casos el recorte de los capitales acumulados ronda el 10 por 100, pero en muchos fondos se han esfumado entre el 30 y el 50 por 100 de la inversión. Lo más sangrante es que este es un producto en el que los trabajadores que han depositados sus ahorros se suelen dejar asesorar por los gestores de los bancos que lejos de orientarles hacia productos financieros con escaso riesgo les han conducido a inversiones con un perfil muy especulativo. A los que todavía les queden al menos una decena o más años para la jubilación, aún pueden recuperar parte de lo perdido, pero los que se mueva entre los sesenta y los sesenta y cinco, con la jubilación en puertas, lo tienen crudo ya que han desaparecido una parte muy importante de sus ahorros sin posibilidad de resarcirse de las pérdidas.  Y aquí no le pueden echar la culpa al estafador Madoff o a sus secuaces, que también ha tenido que ver con algunos casos como Fonditel o La Caixa. El frcaso ha sido generalizado y así lo recoje la patronal del sector, Inverco.

El patrimonio de los fondos de pensiones privadas se situó en 78.408 millones de euros al concluir el año pasado, lo que representa un descenso del 8,7% respecto al ejercicio anterior, mientras que su rentabilidad cayó una media del 8,07%. Según datos de Inverco, el mayor descenso de rentabilidad correspondió a los planes del sistema asociado, que perdieron el 11,10%, en tanto que los del sistema de empleo cayeron el 10,5% y los del sistema individual, el 6,44%. Las aportaciones efectuadas a los fondos de pensiones descendieron el año pasado el 16%, hasta 6.006 millones, mientras que las prestaciones ascendieron a 4.140 millones, el 7% más. Por otro lado, el patrimonio de los fondos de inversión mantuvo su tendencia descendente en enero, un mes en el que cayó un 1,11%, hasta situarse en 173.791 millones de euros, según los últimos datos disponibles de VDOS. De los 1.946 millones de euros de descenso patrimonial, 1.340 millones correspondieron a las suscripciones netas (suscripciones menos reembolsos), y 606 millones al descenso en la rentabilidad de los subyacentes.