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Nueve propuestas de los economistas de Fedea para la reforma de la negociación colectiva en España

Como en crisis anteriores, el mercado de trabajo español ha experimentado durante esta recesión una enorme destrucción de empleo, por una parte, y una escasa moderación de costes y precios con mínimas reducciones de la jornada laboral, por otra. Se trata de un patrón de ajuste muy diferente al de otros países de nuestro entorno, donde el impacto de las crisis sobre la tasa de paro ha sido mucho menor.

La salida de la crisis requiere una profunda reasignación sectorial del empleo y un aumento sustancial de la flexibilidad interna de las empresas. Ambos requisitos resultan inviables con la estructura y los contenidos actuales de la negociación colectiva, que imponen límites muy restrictivos a la flexibilidad salarial y a la reorganización interna. Estas características generan una alta persistencia de la inflación, pérdidas de competitividad, un bajo crecimiento de la productividad y una excesiva volatilidad del empleo.

Los salarios y las demás condiciones de trabajo afectan directamente al bienestar de las personas, pero también desempeñan otras funciones, como son mitigar el impacto de las situaciones económicas negativas sobre el empleo, remunerar la productividad de los trabajadores e incentivar la formación y la orientación de los trabajadores hacia las ocupaciones más productivas. Nuestro actual sistema de negociación colectiva no facilita estos objetivos.

Esta situación se debe en parte a la regulación de la negociación colectiva contenida en la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET) de 1980, que tuvo la virtud de favorecer la implantación de un sistema de negociación con un alto nivel de cobertura y de autonomía negociadora y escasa conflictividad. No obstante, con el paso del tiempo, ha venido creando grandes distorsiones, especialmente negativas en un nuevo contexto caracterizado por una creciente integración económica internacional y grandes cambios tecnológicos. Aunque ha habido intentos de dotar al sistema de negociación colectiva de un mayor contenido (reforma de 1994), de racionalizar su estructura (Acuerdo Interconfederal sobre Negociación Colectiva de 1997) y de cambiar su regulación (propuesta fallida de reforma de 2002), sus rasgos básicos apenas han variado en los últimos 30 años. La experiencia demuestra que la estructura y los contenidos de la negociación colectiva en España no cambiarán significativamente si no cambia su regulación.

La reforma laboral de septiembre de 2010 ha dado un primer paso en la dirección adecuada al permitir, mediante acuerdo del empresario y los trabajadores, la no aplicación de las condiciones laborales establecidas en convenios colectivos de ámbito superior en las empresas con problemas de viabilidad. Sin embargo, es un avance insuficiente en términos de la flexibilidad interna requerida por las empresas en el contexto económico actual.

Ahora resulta imprescindible dar pasos adicionales para completar la reforma. Así se pone de manifiesto en el Acuerdo Social y Económico del 2 de febrero de 2011, en que los interlocutores sociales se comprometen a culminarla por la vía del diálogo antes del 19 de marzo de 2011. Compartiendo el diagnóstico de los problemas del sistema de negociación colectiva enunciado en dicho acuerdo, pensamos que la reforma debería ser amplia y ambiciosa, articulándose alrededor de los cinco objetivos siguientes, con las modificaciones legales e institucionales que se apuntan.

Mini diálogo social

Cuando no hay harina todo es mohína y ésta parece que va a ser la tónica de este diálogo social reducido a la mínima expresión. Los interlocutores están “quemados” antes de posar para la foto. Los sindicatos por su actitud pusilánime ante la crisis y la CEOE porque no ve más allá del abaratamiento del despido con un presidente en la picota. Las relaciones laborales en el siglo XXI son algo más que un horario, una nómina, un despido o una jubilación. La casuística se ha multiplicado de tal forma que ni los convenios sectoriales o provinciales o el papel que las leyes otorgan a los sindicatos son de aplicación en la actualidad.

Habrá quien piense que no es momento de abrir el melón de una reforma laboral en profundidad y dudo mucho de que con el talante del actual inquilino de La Moncloa tal reforma tuviera éxito, pero la base de toda nuestra organización laboral, el Estatuto de los Trabajadores, está pidiendo una revisión total. El citado Estatuto fue aprobado en 1980, y aunque ha sufrido casi medio centenar de modificaciones, el sistema productivo y las prioridades políticas, económicas y sociales andaban por otros derroteros.

España ha cambiado mucho en estos treinta años. La transformación de una sociedad agrícola e industrial a una de servicios, la adhesión a la Unión Europea, la liberalización de los mercados, el fenómeno de la emigración, la plena incorporación de la mujer al mercado de trabajo y, sobre todo, la aceleración del cambio tecnológico ha transformado la estructura económica y ha incidido de lleno en el empleo. Cuando se aprobó el Estatuto de los Trabajadores no existía Internet y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ha dado origen a una Nueva Economía que necesita nuevas reglas de juego. Quizá a los agentes sociales les baste un acuerdo de mínimos que garantice más la paz social que el progreso, pero el Gobierno debería ser más ambicioso y abordar una reforma en profundidad. Sólo así podremos coger el tren de la recuperación con los deberes hechos.

Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario La Gaceta (Madrid), el día 21 de enero de 2010

Empresarios

El empresario genera riqueza, crea trabajo y obtiene un beneficio. Adam Smith resumió este proceso en que la búsqueda de la satisfacción individual provocaba un beneficio colectivo, superada la teoría de Marx de que la acumulación sistemática de la plusvalía generada por el proletariado colapsaría el sistema capitalista.

Marx no previó que los obreros se convertirían en clases medias y que el factor trabajo llegaría a negociar en un plano de igualdad con el capital. Sorprende que un Gobierno que ha sido capaz de impulsar contra viento y marea leyes que agreden a gran parte del electorado como el matrimonio homosexual, educación para la ciudadanía,  memoria histórica, reforma y financiación autonómica, aborto libre, etc., se haya estrellado en el Diálogo social y no asuma que el modelo de relaciones laborales es hoy distinto que hace treinta años cuando se aprobó el Estatuto de los Trabajadores.

Los empresarios pagan un 33 por 100 de sus beneficios a Hacienda y un 18 por 100 en la retribución por dividendos, además de las cotizaciones sociales. Esto equivale, aproximadamente, a seis meses íntegros trabajando para el Estado. La competitividad de las empresas exige un nuevo marco legal de obligaciones y derechos porque el resto de la OCDE es capaz de producir más y más barato. No aceptarlo es contribuir al suicidio de nuestra economía que atraviesa la peor crisis de su historia con uno de cada cuatro españoles que no es funcionario, en paro.

Artículo publicado por Jesús Fernández Briceño en el diario La Razón (Madrid), el 3 de agosto de 2009