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El PIB no engaña

La confirmación del descenso del PIB nos aleja de otros países  que ya están en la senda de la recuperación. La salida de la crisis requiere confianza y capital inversor más allá de planes y subvenciones coyunturales. Pero el clima en el que se desenvuelve la vida política en verano está trufado de noticias alarmantes sobre escuchas y espionajes que aportan poco a la seguridad jurídica que debe primar en un país que pretende ser reconocido entre las primeras potencias del mundo.

Siempre que se vislumbra un cambio en el panorama económico o político aparece nuestro «Watergate» particular. Ocurrió en el asalto del socialismo a los grandes bancos; poco después, el CESID y otros agentes «pseudopoliciales» protagonizaron otra batalla de dossieres y escuchas que afectó a empresarios y medios de comunicación. Hubo espías en la batalla de las opas de Endesa. La recurrente utilización de estos métodos con fines torticeros poco ayuda a atraer la inversión tan necesaria en estos momentos como antídoto contra la crisis.

En el ránking que elabora el Banco Mundial sobre los mejores países para hacer negocios España lleva varios años perdiendo posiciones, y en un discreto puesto en la mitad de la tabla. La economía española sigue planteando numerosas trabas a la apertura de nuevos negocios y el clima de inseguridad que evidencia este espionaje incontrolado no es el mejor caldo de cultivo para atraer capitales.

Artículo publicado por Jesús Fernández Briceño en el diario La Razón (Madrid), el 16 de agosto de 2009

Sin PIB no hay paraíso

La caída del paro en veinte mil personas es una buena noticia y el incremento de afiliados a la Seguridad Social lo es todavía mejor tras la debacle provocada por la pérdida de más de un millón de cotizantes en un año, pero aún muy lejos de que estas cifras se conviertan en brotes verdes. El Plan E no es más que la creación de empleo a la cubana a través de una contratación subvencionada y con la misma facilidad con la que se generan se destruirán a la vuelta del verano.

El verdadero artífice de la creación de empleo es el PIB, ese indicador que refleja la creación de riqueza y, por desgracia, no sólo no crece sino que retrocede a ritmos alarmantes. La caída interanual del PIB según datos del Banco de España está en el 4% al cierre del segundo trimestre,  lo que significa que se mantiene la tendencia contractiva de la economía. Si estos datos se confirman por la Contabilidad Nacional el próximo 27 de agosto, quedan pocos argumentos para echar las campanas al vuelo.

Como en la famosa serie de TV, sin PIB no hay paraíso porque sólo la generación de riqueza que refleja el crecimiento del Producto Interior Bruto crea empleo. El Gobierno de Zapatero comienza sus vacaciones con un pequeño respiro, pero septiembre se avecina caliente con los Presupuestos, el Diálogo Social y la ineludible foto con Obama.

Artículo publicado por Jesús Fernández Briceño, en el diario La Razón, el 8 de agosto de 2009

Empresarios

El empresario genera riqueza, crea trabajo y obtiene un beneficio. Adam Smith resumió este proceso en que la búsqueda de la satisfacción individual provocaba un beneficio colectivo, superada la teoría de Marx de que la acumulación sistemática de la plusvalía generada por el proletariado colapsaría el sistema capitalista.

Marx no previó que los obreros se convertirían en clases medias y que el factor trabajo llegaría a negociar en un plano de igualdad con el capital. Sorprende que un Gobierno que ha sido capaz de impulsar contra viento y marea leyes que agreden a gran parte del electorado como el matrimonio homosexual, educación para la ciudadanía,  memoria histórica, reforma y financiación autonómica, aborto libre, etc., se haya estrellado en el Diálogo social y no asuma que el modelo de relaciones laborales es hoy distinto que hace treinta años cuando se aprobó el Estatuto de los Trabajadores.

Los empresarios pagan un 33 por 100 de sus beneficios a Hacienda y un 18 por 100 en la retribución por dividendos, además de las cotizaciones sociales. Esto equivale, aproximadamente, a seis meses íntegros trabajando para el Estado. La competitividad de las empresas exige un nuevo marco legal de obligaciones y derechos porque el resto de la OCDE es capaz de producir más y más barato. No aceptarlo es contribuir al suicidio de nuestra economía que atraviesa la peor crisis de su historia con uno de cada cuatro españoles que no es funcionario, en paro.

Artículo publicado por Jesús Fernández Briceño en el diario La Razón (Madrid), el 3 de agosto de 2009

El Estado registró hasta junio un déficit de 38.607 millones de euros, el 3,64% del PIB

El Estado registró hasta junio un déficit de 38.607 millones de euros en términos de contabilidad nacional, lo que equivale al 3,64% del PIB, frente al déficit de 4.600 millones obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior, según los datos de ejecución presupuestaria que ha presentado hoy el Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña. Los 38.607 millones de euros de déficit son el resultado de unos recursos no financieros del Estado que ascendieron, hasta junio, a 47.233 millones de euros, y de unos gastos no financieros que se elevaron a 85.840 millones.

En términos de caja, una metodología contable en la que se anotan los ingresos y pagos que efectivamente se han realizado durante ese periodo, el Estado alcanzó en los seis primeros meses del año un déficit de 36.819 millones de euros, frente al déficit de 2.065 millones obtenidos en el mismo periodo de 2008. El déficit obtenido debe analizarse teniendo en cuenta la caída de la recaudación fruto de la coyuntura económica, pero también el impacto de las diferentes medidas tomadas por el Gobierno para aumentar la liquidez de empresas y familias. De esta forma, en los primeros seis meses del año, las medidas de impulso fiscal puestas en marcha por el Gobierno superan los 10.000 millones de euros.

Además, hay que tener en cuenta otras iniciativas del Gobierno para crear empleo como el Fondo Estatal de Inversión Local, dotado con 8.000 millones de euros, de los que ya se han pagado 5.000 millones. Por lo tanto, la mayor parte del déficit del Estado, se debe a medidas fiscales y a otras iniciativas del Gobierno destinadas a fomentar el empleo, la inversión y a paliar los efectos de la actual crisis económica.

En las cifras de ingresos no financieros se aportan datos del conjunto de las Administraciones Públicas, antes de descontar la participación de las administraciones territoriales (CC.AA. y corporaciones locales), lo que permite hacer un análisis más completo. La recaudación neta ascendió a 74.915 millones de euros, un 19,1% menos que en 2008. Los impuestos directos se elevaron hasta los 36.591 millones de euros, un 19,1% menos. El IRPF disminuye un 19,2% debido a la caída en las retenciones de trabajo, principalmente por la deducción de hasta 400 euros (2.370 millones de euros los seis primeros meses del año), así como por la agilización de las devoluciones.

En el Impuesto de Sociedades, la tasa de descenso es de un 24,7%, debido a los cambios normativos y a los menores beneficios de las empresas dada la situación económica actual. Los ingresos por impuestos indirectos alcanzaron los 29.130 millones de euros, un 27,5% menos que en 2008. En el lVA, la recaudación fue de 18.632 millones de euros, un 35,8% menos en comparación al ejercicio anterior. Este descenso se debe, en parte, a un adelanto de devoluciones de 3.000 millones de euros respecto a la campaña tipo, más otros 1.900 millones por la devolución mensual del IVA introducida en este ejercicio, así como a los mayores aplazamientos contabilizados y a la disminución de los ingresos brutos de las empresas. Asimismo, los ingresos por impuestos especiales se elevaron hasta los 9.138 millones de euros, disminuyendo un 4,9%. De este capítulo destaca la recaudación del Impuesto sobre el Alcohol y las bebidas derivadas, que disminuye un 17,3%, mientras que la recaudación del Impuesto sobre Hidrocarburos tiene un descenso del 7,8%.

Por lo que se refiere a los pagos no financieros, éstos representaron un total de 83.171 millones de euros, con un aumento interanual del 22,9%.  Las transferencias corrientes crecieron hasta junio un 21,4%, con 46.308 millones de euros, entre los que se encuentran las transferencias al Servicio Público de Empleo Estatal por una cantidad de 7.508 millones de euros y las transferencias al IMSERSO para gastos de dependencia por 837 millones de euros, un 37% superiores a las del 2008. Destacan también las transferencias de capital, que aumentan un 204,7% debido a los pagos del Fondo Estatal de Inversión Local. Por último, las inversiones reales se han incrementado un 10,4%. A finales de junio, el Estado obtuvo una necesidad de endeudamiento de 61.174 millones de euros, mientras que en el mismo periodo del año anterior tenía una necesidad de endeudamiento de 5.981 millones.

España, S.A.

En julio las empresas cumplen los requisitos legales del depósito de cuentas en los registros mercantiles. Imaginemos que España S.A. es una de estas empresas con más de cuarenta millones de accionistas y tres millones y medio de trabajadores. Su presidente, Rodríguez Zapatero, tiene un contrato por cuatro años y dirige un consejo de administración con una veintena de ejecutivos a cuyo frente figura la consejera delegada Fernández de la Vega.

La crisis ha golpeado con fuerza a España S.A. y sus acciones se han devaluado en los mercados, incluso cinco millones de títulos han perdido todo su valor, pasando de una cuenta de resultados con beneficios a una situación de pérdidas. La ejecutoria de Zapatero ha estado presidida por la improvisación y sus directores generales de Finanzas, Solbes y Salgado,  han modificado los objetivos del ejercicio tras varios profit warnings (avisos al mercado de que no se cumplirán las previsiones) lo que provocó un recorte en la calificación de las agencias de rating.

Las pérdidas del ejercicio 2008 han sido de 41.874 millones de euros y las estimadas para el presente ejercicio superarán los 100.000. La deuda acumulada por España S.A. al final de 2009 rondará los 600.000 millones de euros. Una de las decisiones más polémicas ha sido transferir fondos a una de las sucursales, Cataluña, que además compite con la matriz. ¿Si ésta ha sido la gestión, de verdad merecen subirse el sueldo en 2010?

Artículo publicado por Jesús Fernández Briceño en el diario La Razón (Madrid), el 22 de julio de 2009

Espejismo

El mejor activo de un político, quizá el único, es la credibilidad. Un político creíble inspira confianza y a él otorgamos nuestros votos. La credibilidad se mide por los hechos y la realidad es más terca que la sonrisa permanente. Según Abraham Lincoln en una frase que ha hecho pedagogía política, puedes engañar a todo el mundo algún tiempo; puedes engañar a algunos todo el tiempo; pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Viene a cuento esta cita a tenor de las previsiones con las que elabora el Gobierno los Presupuestos, reparte el dinero a las autonomías y hace frente a la crisis con el manguerazo del gasto público. Elena Salgado, más despilfarradora que Solbes, ya ha aceptado un descenso del PIB del -3,6 por 100 en 2009 por lo que huelga que las campanas toquen a rebato porque FUNCAS haya elevado en una décima la previsión de crecimiento de la economía española (del -3,7 a -3,6), pero ojo, con un paro del 18,3 en 2009 y 20,4 en 2010. Cumplir la previsión de déficit del 9,5 por 100 del PIB tras el sodoku autonómico y el fondo extra al desempleo parece harto imposible. El Gobierno lejos de insuflar estímulos fiscales a la economía ha optado por la vía del incremento de impuestos lo que convierte el Presupuesto en una ecuación de suma cero en la que si unos se enriquecen otros pagan las consecuencias.

Artículo publicado por Jesús Fernández Briceño en el diario La Razón (Madrid), el 15 de julio de 2009

El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprueba el nuevo modelo de financiación

cppfEl Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, en el transcurso de la reunión mantenida hoy en el Ministerio de Economía y Hacienda. El nuevo modelo de financiación se ha aprobado en primera votación con 10 votos a favor, lo que significa más de dos tercios de los votos, y 7 abstenciones. Las comunidades autónomas que han dado su apoyo al acuerdo de reforma han sido Andalucía, Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y la ciudad autónoma de Ceuta.

Las abstenciones han correspondido a las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana, y la ciudad autónoma de Melilla. País Vasco y Navarra han mantenido la tradicional posición de no votar por ser dos comunidades autónomas que no se rigen por el régimen común. Tras la aprobación del nuevo modelo de financiación, el Gobierno trabajará en las próximas semanas en la redacción del anteproyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), así como de la Ley 21/2001.

El nuevo modelo de financiación, según el Gobierno,  tiene dos objetivos fundamentales: que todas las comunidades autónomas puedan contar con más recursos y que todos los ciudadanos tengan garantizada la igualdad en los servicios públicos fundamentales –sanidad, educación y servicios sociales- sea cual sea la comunidad autónoma en la que residan. Así, este sistema resulta más justo y equitativo que el anterior y beneficia a todas las comunidades autónomas, porque todas van a ver mejorada su financiación, y a todos los ciudadanos, porque tendrán mejores servicios públicos.

Con el nuevo modelo, las comunidades autónomas -siempre según el Gobierno- tendrán mayor autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal, ya que contarán con un mayor porcentaje de impuestos cedidos y una mayor capacidad normativa. El 80% de los recursos del sistema se destinarán a la solidaridad, garantizando igual financiación para los servicios públicos fundamentales, y el 20% restante sufragará la convergencia entre comunidades autónomas. y garantizará la suficiencia financiera para el desarrollo del resto de competencias transferidas. El Estado aportará en torno a 11.000 millones de euros adicionales.

Para atender a estos objetivos, los instrumentos con que cuenta el nuevo sistema son el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, que financiará en condiciones  de igualdad la sanidad, la educación y los servicios sociales; el Fondo de Suficiencia Global para la financiación de las competencias transferidas, que completa los recursos tributarios propios de cada autonomía; y dos fondos de convergencia: el de Competitividad, que permitirá reducir las diferencias en financiación per cápita, y el de Cooperación, para ayudar a las que tienen menor nivel de renta.

Así, el nuevo modelo asegura, según la ministra de Econmía Elena Salgado, la financiación adecuada de todos los servicios públicos y las competencias transferidas, se reducen las diferencias en financiación y renta per cápita y se refuerza el Estado del Bienestar en todas las comunidades, gracias a la mayor aportación de recursos por parte del Estado.

El nuevo sistema parte del reconocimiento de los cambios demográficos  de la última década en España y plantea un mecanismo de actualización anual que permite un sistema más flexible y eficaz que el anterior. El modelo se rige por criterios de población ajustada que reflejan mejor las diferencias en el coste de la prestación de los servicios en las distintas comunidades autónomas, de modo que se pueda dar una mejor respuesta a sus necesidades reales de gasto. De esta forma, se incluyen variables como el número de habitantes, la población sanitaria protegida, la población escolar, los mayores de 65 años, la dispersión, la densidad o la insularidad.

Solidaridad y gasto

El Estado de las Autonomías que surge del Art. 2 de la Constitución sólo es viable si dispone de los recursos necesarios para desarrollar una política complementaria a la del Estado basada en la solidaridad. Salvo el País Vasco y Navarra cuya financiación está sustentada en un sistema foral, el resto se han financiado por la aportación directa del Estado unida a la transferencia de competencias, aunque ni los funcionarios ni los presupuestos de la administración central han disminuido, sino que se ha incrementado el gasto y el personal.

Las autonomías han accedido a una financiación directa de los Presupuestos a través de la corresponsabilidad fiscal, siendo destinatarias de un 30%, aproximadamente, de las recaudaciones del IVA y del IRPF (el 50% con el nuevo sistema) y algo más de los impuestos especiales (alcohol, gasolina y tabaco). Las CC AA se reparten anualmente unos 114.000 millones de euros, con los que atienden servicios como sanidad o educación.

El sistema actual data del año 2002 y fue aprobado por el Gobierno de Aznar tras una drástica reducción del déficit y en la senda del superávit. Su revisión estaba prevista cinco años más tarde, pero la aprobación de los nuevos estatutos de autonomía, especialmente el de Cataluña, ha acelerado la reforma que llega, sin embargo, en el peor momento para la economía nacional ya que va a suponer un importante aumento del gasto y la deuda en medio de la crisis económica.

La población se ha incrementado en siete millones, de los que casi cinco son emigrantes, y existía una importante diferencia de financiación per cápita que llegaba hasta el 40% entre los residentes en distintas comunidades. Pero la caja de los truenos ha estallado porque el sistema que propone el Gobierno garantiza a Cataluña no ya 3.855 millones más para esta comunidad de los 11.000 de incremento, sino un plus adicional a perpetuidad que casa mal con el mandato constitucional de la solidaridad interregional.

El Gobierno apela a un consenso en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se reunirá el próximo día 15, pero según  el artículo 5.1 de su Reglamento sólo emite recomendaciones, por lo que, en teoría, podrían votar todas las comunidades en contra y remitir el texto de la nueva financiación al Congreso sin modificaciones. El Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas fue creado en 1980 por la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) y está constituido por el ministro de Economía, el de Administraciones Públicas y los consejeros de Hacienda de cada comunidad.

Artículo publicado por Jesús Fernández Briceño en el diario La Razón (Madrid), el 13 de julio de 2009

Plan F

Florecen como setas en las calles y plazas de los pueblos y ciudades de España. Son los carteles del Plan E, el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, que marcan como en el lomo de una res el terreno abonado por el dinero de Zapatero. El plan, a tenor de la proliferación de vallas, es un éxito y a él se han apuntado los ayuntamientos sin distinción de pelaje político. Pero el fondo está a punto de extinguirse y la iniciativa privada no ha tomado el relevo al dinero público. Pasada la euforia inicial de la primavera las licitaciones vuelven a caer  de forma dramática. Estos datos tienen una repercusión muy importante en el empleo y han dado un ligero respiro a las estadísticas del paro registrado de los dos últimos meses. Pasado el verano y consumido el empleo estacional la duda es si el Gobierno sacará otro Plan F de la chistera. ¿Pero cuánto cuesta el Plan E? Según el Gobierno se han generado 384.214 empleos. Para financiarlos se han destinado con cargo a deuda pública 8.000 millones de euros. Así que cada puesto de trabajo del Plan E va a costar 20.821 euros. Como la duración media de estos trabajos temporales es de seis meses, cada trabajador costará al erario público 3.470 euros al mes, más de medio millón de las antiguas pesetas por barba.

Artículo publicado por Jesús Fernández Briceño, el día 8 de julio de 2009, en el diario La Razón (Madrid)

El FMI le da un repaso a la baja a la economía española

Crisis de la economía (foto copta)El FMI ha revisado drásticamente a la baja sus pronósticos para la economía española en 2009 al augurar una contracción del 4% este año, frente al 3% estimado en abril, mientras que para 2010 espera un retroceso del 0,8%, una décima peor que las anteriores proyecciones de la institución. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, celebró hoy que las nuevas previsiones del FMI revelan una mejora respecto a las que hace una semanas publicó la OCDE.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, ha clausurado el IX Encuentro Financiero Internacional organizado por Caja Madrid y el diario El País, acto en el que ha pedido hoy a los bancos y cajas que aporten el 50% del futuro fondo para la economía sostenible que se pondrá en marcha en 2010 y que ascenderá a 20.000 millones de euros. En ese momento, una fecha que los organismos internacionales fijan para el inicio de 2010, la ministra se ha mostrado confiada en que «todas las entidades estén en disposición de atender todas las demandas de crédito que se les presenten». Asimismo, ha añadido que el sector será «importante también para decidir la dirección del nuevo modelo productivo hacia una economía más sostenible redirigiendo la asignación de recursos».

La vicepresidenta segunda del Gobierno ha instado a la banca para que se aleje del «exceso de prudencia» con el que actúa a la hora de conceder crédito, ya que podría ser «contraproducente» y contribuir a «agravar todavía más la situación». El presidente de la AEB, Miguel Martín, alabó el FROB y dijo que «bienvenido» ya que despeja las dudas en torno a la vía española de rescate bancario. En este sentido, advirtió de que no habrá una reestructuración «eficaz para garantizar la viabilidad de una entidad a largo plazo» y «respetuosa con la igualdad competitiva» sin que se instrumente como una fusión.

En el IX Encuentro Financiero Internacional organizado por Caja Madrid, el presidente de la patronal bancaria apuntó que la AEB «reconoce» el esfuerzo realizado por las autoridades en torno al FROB y brindó «todo su apoyo» para sacar adelante el proyecto. Asimismo, y tras criticar las soluciones proteccionistas que se están articulando en Europa, afirmó que España no debe incurrir en los mismos errores y señaló que «todos debemos colaborar para que el sistema bancario español siga siendo uno de los más eficientes y eficaces».

El presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, cree que la existencia de bancos «demasiado grandes» supone un problema adicional para la estabilidad del sistema financiero. Los megabancos, a su juicio, deben ser considerados en el marco de la regulación, con la exigencia de un plan de contingencia completo sobre cómo desmantelarlas en caso de ser necesario. En este plan se «desvelarían todas las trampas ocultas que es necesario deshilvanar», recalcó. geográfica, pero no hay megacajas. El responsable de Global Proyect Finance del Banco Santander, Javier Rodríguez de Colmenares, afirmó hoy que las entidades están dispuestas a financiar proyectos de infraestructuras públicas, si bien es necesario que las administraciones realicen una mayor cobertura de los riesgos.

El presidente de la CNMV, Julio Segura, ha defendido hoy que el sistema financiero mundial necesita llevar a cabo una «reconversión industrial» que aumente su transparencia, simplifiquen los productos y se limite la innovación financiera para acabar con los «agujeros negros» de áreas de negocio no reguladas con el objetivo de evitar una nueva crisis de confianza como la actual y atajar futuras turbulencias.

El jefe de Gabinete de Funcas, Ángel Laborda, aseguró hoy que la economía tocó fondo en el primer trimestre del año, de forma que el segundo será «mucho menos malo» y será el comienzo de un periodo en que las caídas del PIB «se irán moderando», hasta volver a tasas positivas de crecimiento en el tercer trimestre de 2010.