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El disputado voto del Sr. pyme

En el programa electoral del PSOE con el que concurrió a las pasadas elecciones hay incontables referencias a las pymes. La creación de empleo y las pequeñas y medianas empresas ocupan buena parte de las promesas electorales. Hoy, todas incumplidas. Lo mismo podemos decir de las ofertas del PP, aunque en este caso, como en la mili, el valor se le supone al no poder acreditarlo. De cara a los próximos comicios y ante su más que probable Waterloo electoral, Zapatero ha preferido escudarse tras los cuarenta magníficos, mientras que Rajoy ha optado por adular el oído de los emprendedores con cantos de sirena de bonificaciones y subvenciones. Mal empezamos.
El primero, por dejarse mecer por el hombre más rico de España; y el segundo por tratar de afiliar a los jóvenes empresarios al socialismo. Parece que las tornas están cambiadas y quien debería defender al PP se convierta en ancla del PSOE y quien debería combatir al PSOE olvida los principios de mérito y esfuerzo del PP. Bastaría que Rajoy ofreciera simplificar los trámites de  la creación de empresas para hacer su discurso más creíble y evitar un viacrucis de visitas entre Registros, Notarios, Hacienda y Seguridad Social. Un laberinto kafkiano que seguro desconocen los Cuarenta de Ayete, invitados de Zapatero en La Moncloa.
España ha perdido en esta legislatura 300.000 autónomos y 176.000 empresas. ¿Acaso se hubiera salvado uno sólo si se hubiera subvencionado con dinero público la incompetencia del Gobierno? El 95 por 100 de las empresas españolas son pymes, de las que depende el 80 por 100 del empleo y el 87 por 100 del PIB y los partidos luchan por su favores tal como describió Miguel Delibes para el campo en “El disputado voto del Sr. Cayo”. Promesas electorales que se las lleva el viento. En estas estamos cuando el Banco de España ha vuelto a arrojar un jarro de agua fría sobre nuestras previsiones y no tanto sobre las del PIB, sino sobre las del paro, que no bajará del 20% en 2011 ni el 2012.

Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario La Gaceta (Madrid), el 31 de marzo de 2011

Telefónica colabora con Japón vía SMS

Telefónica ha puesto en marcha una campaña de recaudación vía sms para aquellos clientes que quieran colaborar con todas las personas que han resultado afectadas por el terremoto del pasado 11 de marzo, el de mayor magnitud ocurrido en Japón en los últimos 140 años. El coste íntegro del mensaje (1,2 euros + IVA)  será destinado a Cruz Roja para las tareas de ayuda y recuperación en las zonas afectadas por la catástrofe. Desde el mediodía del pasado sábado hasta hoy, Movistar ha recibido más de 60.000 sms solidarios.

Quienes estén interesados en ayudar a los damnificados por el terremoto y el tsunami podrán enviar un SMS con la palabra JAPON (sin acentos) al 28077. También podrán hacerlo a través de la página de Movistar en Facebook.

Buena parte del éxito inmediato de esta iniciativa radica en las redes sociales, que están teniendo un papel muy importante en la difusión de la campaña. Los perfiles de los medios de comunicación y diversos personajes populares replicaron inmediatamente la iniciativa de Telefónica, ayudando a su rápida propagación.

Por su parte, Terra ha dispuesto un especial informativo para seguir en tiempo real lo que está ocurriendo y la respuesta de solidaridad (http://noticias.terra.es/especiales/terremoto-japon/).

Como es sabido, la infraestructura de comunicación nipona se ha visto muy afectada por este desastre. Según fuentes de Japón, 6 de sus 9 enlaces internacionales están fuera de servicio y la zona dañada tiene la telefonía restringida. Telefónica recuerda que ante situaciones de este tipo es preferible usar los SMS e Internet como los medios de comunicación más apropiados, limitando en lo posible los intentos y la duración de las llamadas.

Otras iniciativas solidarias

En Latinoamérica, tras el terremoto en Japón y ante la alerta de tsunami en toda la costa del Pacífico, Telefónica activó todas sus operaciones con diversos planes de contingencia y acciones de comunicación. Además, se dio la alerta a todas las estaciones de amarre del cable submarino en la Costa Pacífico para tomar las medidas de seguridad pertinentes, a fin de mantener la conectividad internacional. En todos los países de la costa del Pacífico (México, El Salvador, Guatemala, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile) el personal de operaciones está en alerta por si se diera algún incidente, especialmente en zonas sísmicas como Chile y Perú. Además en todos ellos se pusieron en marcha iniciativas solidarias con Japón y ciudadanos de los respectivos países residentes allí.

En Ecuador, los equipos técnicos de Telefónica monitorizaron permanentemente el funcionamiento de la red, y mantienen plenamente identificados los nodos y estaciones radio base que podrían verse afectadas en las zonas de riesgo, para reaccionar inmediatamente ante cualquier eventualidad.

En Perú se habilitó la línea de emergencia 119 y la empresa abrió gratuitamente el servicio de mensajes de texto (SMS) a Japón para facilitar la comunicación de los peruanos con los más de 60 mil compatriotas que viven en el país nipón.

En Chile se inició el plan de contingencia preventiva y la compañía decidió activar el servicio de TV Satelital a los clientes impagos en todas las ciudades del borde costero. También en Colombia, la compañía decidió activar el servicio de TV Satelital para todos sus clientes de las poblaciones ubicadas sobre la zona costera del pacífico que no se encontraban al día en sus pagos, para que pudieran estar informados por la alerta de tsunami.

En Venezuela se aprobó provisionalmente un descuento de 50% en las llamadas móviles internacionales realizadas a Japón y los SMS a ese país serán gratis. También en Panamá la compañía ofrece a sus clientes un 50% de descuento en las llamadas móviles internacionales realizadas a Japón.

En Argentina, la compañía ha aplicado importantes bonificaciones en las llamadas cursadas a Japón, tanto desde líneas fijas como móviles. Desde las líneas fijas, la bonificación alcanza al 70 por ciento para todas las comunicaciones realizadas por clientes residenciales, casas de familia, jubilados, profesionales y comerciales de toda la Argentina a cualquier destino de Japón. En tanto, desde móviles, la bonificación alcanza al 100 por ciento para la larga distancia internacional con destino Japón durante los primeros cinco minutos de cada llamada y para todos los SMS que se envíen a ese destino. Adicionalmente para todos los clientes Movistar que estén realizando roaming en Japón, se bonificará el 100% de las llamadas y los SMS enviados y recibidos a Argentina.

José María Méndez sustituirá a José Antonio Olavarrieta en la Dirección General de la CECA

El Consejo de Administración de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha decidido nombrar a José María Méndez Álvarez-Cedrón nuevo Director General, en sustitución de José Antonio Olavarrieta Arcos, quien se jubilará a finales del próximo mes de febrero, al cumplir la edad fijada en los Estatutos para ello. José María Méndez, que actualmente ocupa el cargo de Director General Adjunto y responsable del Área Asociativa y de la Secretaría General, se incorporó a la CECA en junio de 2003.

El Consejo de la CECA ha tenido en cuenta diversos elementos a la hora de decidir el nombramiento del nuevo Director General, entre los que destacan: su profundo conocimiento de la regulación financiera, tanto española como europea, su experiencia en la Secretaría General de la Confederación y el trabajo desarrollado en los últimos meses en colaboración con las autoridades en el proceso de reforma de la Ley Órganica de las Cajas de Ahorros (LORCA). Por todos estos motivos, el Consejo de la CECA considera que José María Méndez reúne los requisitos necesarios para gestionar una nueva etapa de laConfederación.

José María Méndez Álvarez-Cedrón tiene 44 años y es natural de Lugo. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Madrid. Asimismo, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en el entorno de la normativa y la regulación financiera, especialmente desde sus diversas responsabilidades en el Tesoro Público, organismo al que estuvo vinculado diez años y del que fue Subdirector General entre los años 2000 y 2003. Tras su paso por el Tesoro, José María Méndez se incorporó a la CECA para ocupar el puesto de secretario general en junio de 2003. Cuatro años más tarde, en enero de 2007, fue nombrado Director General Adjunto de la CECA, manteniendo el cargo de Secretario General y asumiendo la responsabilidad del Área Asociativa de la Confederación.

El próximo Director General de la CECA forma parte de diversos órganos consultivos, como el panel del Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CESP), en el ámbito internacional, el de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Consejo Estatal de Responsabilidad Social, en el nacional. Asimismo, es miembro de varios comités y grupos de trabajo de la Unión Europea y de la OCDE. Además de su participación como consejero en varias sociedades vinculadas al Tesoro y a las Cajas, José María Méndez cuenta con la experiencia empresarial y de gestión gracias a que forma parte del Comité de Dirección de la CECA desde su incorporación. Su perfil profesional se completa con una intensa labor docente y un extenso número de trabajos y publicaciones, en su mayor parte relacionados con la regulación financiera.

El Gordo de la Unión Europea

El Gordo de la UE que tocaba cada año ya no es tan gordo. Los poco más de dos mil millones de euros que reparte en premios la Lotería de Navidad nos correspondían cada año como saldo a nuestro favor entre lo que pagábamos y lo que recibíamos de la Unión Europea. Pero las cosas cambian. La unificación alemana y la incorporación de nuevos socios ha trastocado el sistema de reparto en Europa y en poco tiempo pasaremos de ser receptores a contribuyentes netos. Paradojas del destino, la UE nos considera un país rico cuando peor nos van las cosas.

Durante los últimos años, con la excepción del 2009, hemos estado disfrutando de un superávit en nuestras relaciones con la UE de unos 2.000 millones de euros, pero ya en los presupuestos de 2011 la previsión es de poco más de 1.000 millones y en 2014 pasaremos a ser un socio pudiente que paga más de lo que recibe. Hasta ahora era habitual ver carteles en las grandes obras públicas en las que se anunciaba que habían sido realizadas con fondos provenientes de la UE.
La red de autovías y buena parte del AVE han sido posibles gracias a este maná europeo. Pero, a partir de ahora, las infraestructuras van a necesitar un esfuerzo especial de financiación. Las grandes cifras del presupuesto de la Unión Europea para el año próximo dan que pensar. Los créditos de compromiso de la UE ascienden a 142.965 millones de euros, una cifra algo superior a toda la deuda de nuestras comunidades autónomas.

Durante 2011, España aportará 12,1 miles de millones de euros y recibirá 13,2, pero, a partir del siguiente año, esta tendencia variará por la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Entre otras aportaciones, el 0,30% del IVA armonizado irá a las arcas de la UE, un gasto fijo que se sumará al de las pensiones y otros compromisos sociales. Nuestros presupuestos serán más rígidos, de ahí la necesidad de llevar a cabo reformas estructurales. Nos vamos quedando solos y nadie nos va a sacar las castañas del fuego.

Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario LA GACETA (Madrid), el 23 de diciembre de 2010

Intereconomía TV, referente informativo en la visita de Benedicto XVI

Intereconomía TV se ha convertido en un referente informativo indiscutible a escala nacional. Este fin de semana, más de diez millones de españoles conectaron en directo con Intereconomía TV desde el sábado a las 11,00 horas hasta el domingo a las 19,30 para seguir el desarrollo de la visita de Benedicto XVI a España. El excepcional despliegue operativo que efectuó la cadena, bajo la dirección de Javier Algarra, con el lema ‘síguelo como te gusta y con quien te gusta», fue valorado por la audiencia. La mayor expectación se concentró en la estancia del Papa en Santiago de Compostela el sábado. El Especial informativo que, dirigido por Juan Ignacio Ocaña, dio comienzo a las 11,00 de la mañana alcanzó un 3,2 por ciento de ‘share’, mientras más de 1,2 millones conectaron con la Misa celebrada por el Papa en la Plaza del Obradoiro por la tarde. La cuota media de audiencia del sábado se situó en un 1,8 por ciento, y tanto los Telediarios de Intereconomía como programas de análisis y debate como ‘Dando caña’ y ‘Más se perdió en Cuba’, como el recién estrenado ‘Hoy es sábado’, obtuvieron excelentes audiencias.

El domingo, casi 1,7 millones de personas pudieron ver por Intereconomía TV la dedicación como Basílica de la Iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona, y la Misa celebrada también por el Santo Padre, con un 2,5% de ‘share’. La retransmisión de la visita de Benedicto XVI concluyó en torno 19,30 de la tarde con la salida del Papa del aeropuerto de El Prat hacia Roma.

Prácticamente ninguna de las cadenas nacionales ofreció cobertura especial en directo de la histórica visita, a excepción de algunos Especiales en la Primera de TVE y la Misa del domingo en La2. Sí ofrecieron cobertura las autonómicas de Galicia, Cataluña y Telemadrid. Entre los cadenas procedentes de la TDT, ni Veo7 ni CNN+ conectaron con la visita del Santo Padre en directo, aunque ésta última dedicó buena parte de sus informativos a intentar destacar la oposición a la visita de pequeños grupos. Intereconomía TV prácticamente duplicó la audiencia de Veo7 el fin de semana, y triplicó la de CNN+.

La CECA solicita a Hacienda un régimen fiscal que no penalice las fusiones de cajas

La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha solicitado al Ministerio de Economía y Hacienda que se modifiquen algunos aspectos de la normativa vigente para que pueda garantizarse un tratamiento fiscal neutro en los denominados Sistemas Institucionales de Protección (SIP), que en la actualidad están configurando algunas Cajas de Ahorros.

En esta modalidad de integración perviven las personas jurídicas de las Cajas que participan, circunstancia que las diferencia, por ejemplo, de las fusiones tradicionales, en las que la conversión en una única persona jurídica se beneficia de una neutralidad fiscal casi absoluta, especialmente relevante en cuanto a la tributación por IVA y por el Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD).

El hecho de que en los SIP algunos servicios fundamentales deban ser compartidos, como es el caso de la gestión de riesgos, solvencia o liquidez, entre otros, implica que la entidad centralizada va a tener una intensa relación de prestación de estos servicios y, por tanto, de facturación sometida a IVA, con las ajas participantes, lo que supondrá importantes costes para éstas por su limitada capacidad de deducción del IVA soportado en la actividad financiera.Por otra parte, la constitución de la entidad central, a través de la cual se articula el SIP, se encuentra sometida al ITP-AJD, por el concepto operaciones societarias.

Ambos elementos, que suponen un tratamiento fiscal perjudicial en comparación con las fusiones tradicionales, puede suponer un freno al proceso de integración de Cajas mediante los SIP, dado que buena parte de las sinergias y economías de escala que produciría la “fusión virtual” podrían ver anulado su efecto positivo por el régimen fiscal vigente.

La tributación por IVA en el régimen especial de grupos de entidades, supone, explicado de forma muy resumida, que en las prestaciones de servicios que la entidad central realice a las Cajas integradas, o viceversa, se grave por IVA únicamente el coste de los servicios adquiridos fuera del grupo, con lo que no se incrementan los costes por IVA soportado no deducible por la parte del valor añadido generado dentro del grupo. Ello garantiza la neutralidad de estas operaciones, necesarias en un SIP, respecto de la situación que se hubiera dado tras una fusión tradicional (no se gravan por IVA las operaciones interiores de una misma empresa).

En relación al impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la propuesta de la CECA se centra en exenciones subjetivas similares a las que actualmente disfrutan las sociedades de garantía recíproca y las sociedades de reafianzamiento.

El Gobierno aprueba un plan de medidas extraordinarias para reducir el gasto público en 15.000 millones más en dos años

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del pasado jueves un Real Decreto Ley y tres acuerdos por los que se adoptan medidas urgentes para reducir el déficit público. Se trata de un conjunto de iniciativas en distintos ámbitos de la Administración, diseñado con el objetivo principal de acelerar la senda de consolidación fiscal prevista en el Programa de Estabilidad y Crecimiento y que permitirá cerrar el ejercicio de 2011 con un déficit público del 6% del PIB, frente al 7,5% previsto inicialmente.

Este plan extraordinario de ajuste subraya la contribución española a la estabilidad de la moneda única y a la respuesta coordinada que los países miembros de la Unión Monetaria han decidido dar a las turbulencias que han afectado en las últimas semanas a las economías del euro, y que han aconsejado acelerar los planes de consolidación fiscal previstos en buena parte de los países del área.

Del mismo modo, se enmarca también dentro del compromiso firme del Gobierno con la sostenibilidad de las finanzas públicas, que ya se concretó en los Presupuestos del Estado de 2010, con un recorte del gasto corriente equivalente al 0,8% del PIB, y en el que se profundizó aún más con la Actualización del Programa de Estabilidad y Crecimiento que se remitió a Bruselas el pasado mes de enero y que dejó sentado el objetivo de reducir el déficit público español al 3% del PIB en 2013. Ese mismo documento detallaba los instrumentos con los que se alcanzaría ese objetivo: el Plan de Acción Inmediata 2010, que supuso una reducción de 5.000 millones de euros, a través de acuerdos de no disponibilidad, en los gastos presupuestados por el Estado para el presente ejercicio; los Acuerdos Marco con comunidades autónomas y corporaciones locales para implicar a las entidades territoriales en el senda de consolidación fiscal; y el Plan de Austeridad 2011-2013, que plantea un recorte generalizado de las partidas del gasto público para alcanzar un ahorro equivalente al 2,6% del PIB. También definía una senda de reducción del déficit para cada una de las Administraciones Públicas, según la cual el déficit del conjunto del sector público seguiría el siguiente camino: 11,2% en 2009; 9,8% en 2010; 7,5% en 2011; 5,3% en 2012; y 3% en 2013.

Las medidas aprobadas hoy modifican esta senda, concentrando casi dos terceras partes del ajuste entre 2010 y 2011 y dejando para los dos últimos años del programa apenas un tercio de la consolidación total, de modo que ahora quedaría establecida en 9,3% en 2010; 6% en 2011; 4,4% en 2012; y 3% en 2013. Para conseguirlo, el Gobierno ha aprobado en este Real Decreto Ley y en uno de los acuerdos una serie de medidas de ajuste en diferentes ámbitos. Y, por otra parte, plantea a comunidades autónomas y corporaciones locales nuevos acuerdos marco, para que las entidades territoriales también cooperen en este nuevo objetivo, más ambicioso, de consolidación fiscal.

MEDIDAS INCLUIDAS EN EL REAL DECRETO LEY

El contenido del Real Decreto Ley concreta las medidas de ajuste que se adoptarán en las próximas semanas para conseguir esa reducción adicional de 1,6 puntos del PIB del déficit público en 2011. El ahorro previsto en el gasto público es de 5.250 millones adicionales en 2010 y otros 10.000 millones en 2011.

• Reducción de un 5% de los salarios públicos

El Real Decreto Ley establece una reducción media del 5% en términos anuales de los salarios de los empleados públicos, que se aplicará con criterios de progresividad para minimizar sus efectos sobre los salarios más bajos. La escala oscilará entre el 0,56% y el 7% en función del nivel de ingresos del grupo profesional, afectará al personal de todas las Administraciones Públicas y se aplicará tanto sobre las retribuciones básicas como sobre las complementarias. Los altos cargos verán reducidos sus salarios entre un 8% y un 15%.Esta reducción se hará efectiva en las nóminas a partir del mes de junio, y los salarios quedarán congelados para el año 2011.

El ahorro que supone esta medida para la Administración General del Estado se cuantifica en 535 millones de euros en 2010 y en 1.035  millones en 2011. Para las Administraciones Territoriales supondrá un ahorro de 1.765 millones este año y 3.465 millones, el próximo.

• Suspensión de la revalorización de las pensiones en 2011

En segundo lugar, queda suspendida excepcionalmente la revalorización de las pensiones durante el año 2011, con la excepción de las prestaciones más bajas del sistema, es decir, las no contributivas, las contributivas que reciben complementos de mínimos y las del antiguo régimen del SOVI no concurrentes con otras. En 2010, las pensiones mantendrán su poder adquisitivo, procediéndose a su revalorización en los términos que establece la ley en el caso de que el Índice de Precios al Consumo de noviembre supere la subida prevista del 1%. Esta medida aportará 1.400 millones de euros al ajuste en el régimen de Seguridad Social y otros 130 millones en el de Clases Pasivas del Estado.

• Suspensión del régimen transitorio de la jubilación parcial

El texto aprobado hoy adelanta, asimismo, con efectos a partir del próximo 1 de junio de 2010, la eliminación del régimen transitorio de jubilación parcial previsto en la Ley de Medidas en Materia de Seguridad Social, cuya suspensión estaba prevista para el 1 de enero de 2013 y que preveía unos requisitos menores en el acceso a la jubilación parcial hasta esa fecha. Así, para acceder a la jubilación parcial habrá que tener un mínimo de 61 años, haber cotizado un mínimo de 30 años y haber trabajado un mínimo de 6 años en la última empresa.  La reducción en el número de pensiones que se derivará de esta medida generará un ahorro total de 400 millones de euros en el conjunto de los dos años, de los cuales 250 millones ya se restarán este mismo año, sumándose a esta cifra 150 millones adicionales en 2011.

• Eliminación de la retroactividad en prestaciones por dependencia

A partir del próximo 1 de junio, se fijará un tiempo máximo de seis meses para la resolución de las solicitudes sobre el reconocimiento de la situación de dependencia y la prestación a recibir. Esta medida permitirá eliminar retrasos en la recepción de los servicios y prestaciones por parte de los beneficiarios y aportará una mayor eficacia en el gasto público, ya que eliminará la cuenta por pagos derivados de la aplicación del principio de retroactividad cuando este reconocimiento se retrasaba. El Real Decreto Ley establece, asimismo, la posibilidad de aplazar hasta un máximo de cinco años el pago de los derechos de retroactividad generados hasta ahora. La aplicación de esta medida originará un ahorro de 300 millones de euros en 2011, de los que 200 millones corresponderán al Estado y 100 millones a las Administraciones Territoriales.

• Eliminación del cheque-bebé

El Real Decreto Ley también dejará sin efecto, a partir del 1 de enero de 2011, la deducción de 2.500 euros por nacimiento y adopción en el IRPF, también conocida como ‘cheque-bebé’, así como la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento y adopción que se estableció simultáneamente. El ahorro estimado por la supresión de este régimen será de 1.250 millones de euros.

• Recorte del gasto farmacéutico

Esta medida tiene el objetivo de avanzar en la optimización del gasto sanitario, que ya recibió un notable impulso como consecuencia del Real Decreto Ley de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud. El texto aprobado hoy establece un descuento obligatorio del 7,5% al Sistema Nacional de Salud en las ventas de los medicamentos excluidos del sistema de precios de referencia, una rebaja en los precios de los productos sanitarios del 7,5% general y del 20% en los absorbentes y la adecuación del número de unidades de los envases de medicamentos a la duración estandarizada de los tratamientos, así como la dispensación de medicamentos en unidosis. El Gobierno estima el ahorro total de estas medidas en 1.300 millones de euros. En torno a 275 millones ya se podrán detraer del gasto público este mismo año.

ACUERDO DE NO DISPONIBILIDAD Y PLAN DE REVISIÓN

El Consejo de Ministros también ha aprobado en el día de hoy un acuerdo que concreta, por una parte, la no disponibilidad de créditos por valor de 2.425 millones de euros dentro de los Presupuestos Generales del Estado de 2010 para dar cumplimiento al ajuste adicional aprobado hoy y, por otra, el Plan de Revisión del Gasto del Estado para el periodo 2011-2013, que prevé un recorte de 2,4 puntos del PIB del gasto público.

El acuerdo por el que se declara la no disponibilidad de créditos por 2.425 millones en los Presupuestos de 2010 instrumenta el recorte adicional de gasto público aprobado en el día de hoy, que se corresponde a una reducción de 2.125 millones de euros en inversiones y de 300 millones en Ayuda Oficial al Desarrollo.

El Plan de Revisión del Gasto 2011-2013 concreta la estrategia que seguirá la Administración del Estado para, junto a las medidas adoptadas para 2010 tanto en los Presupuestos como en el Plan de Acción Inmediata y en el Real Decreto Ley aprobado hoy, reducir el déficit del Estado desde el 6% del PIB previsto para este año hasta el 2,1% fijado como objetivo para 2013 dentro de la Actualización del Programa de Estabilidad y Crecimiento.

Por el lado del gasto son tres los factores esenciales que contribuirán a este ajuste: la retirada de las medidas transitorias, el menor gasto por prestaciones por desempleo, como consecuencia de un escenario de progresiva recuperación económica, y, por último, las medidas de ajuste que el Gobierno va a aplicar en los próximos tres ejercicios. Son las siguientes:

* Congelación de las retribuciones de personal al servicio del sector público estatal durante 2011, tras la rebaja del 5% prevista para 2010.
* Aplicación de la tasa de reposición del 10% en las ofertas de empleo público durante 2011, 2012 y 2013
* Reducción en un 15%, en términos nominales, en los gastos en bienes corrientes y servicios
* Aplicación de acuerdos de no disponibilidad a la inversiones de infraestructuras en 2010 y 2011 y ajuste a las necesidades de consolidación en los dos ejercicios siguientes. Reducción en un 25% del resto de inversiones en el periodo 2011-2013.
* Reducción en 500 millones de la Ayuda Oficial al Desarrollo en 2011, adicionales a los 300 millones recortados en 2010.
* Reducción de otros gastos de la Administración General del Estado en el volumen necesario para hacerlos compatibles con los objetivos de estabilidad acordados

Además, el Plan de Revisión del Gasto Público establece una serie de directrices generales a las que se deberán someter todos los departamentos a la hora de definir sus programas de gasto y que obligarán, por ejemplo, a destinar a la reducción del déficit cualquier incremento adicional de los ingresos, a que cualquier nueva actuación de gasto se supedite a los objetivos de consolidación fiscal o a adoptar nuevas medidas de control del gasto público en el caso de que se produzcan desviaciones al alza respecto del objetivo previsto.

MODIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS MARCO CON CCAA Y EELL

La Actualización del Programa de Estabilidad y Crecimiento remitido a Bruselas el pasado mes de enero ya establecía que, para dar mayor eficacia y alcance al Plan de Austeridad previsto en el marco de la Administración General del Estado, se suscribieran sendos acuerdos marco con comunidades autónomas y corporaciones locales para implicar a las administraciones territoriales, que gestionan más de dos terceras partes del gasto público, en el objetivo de consolidación fiscal para 2013.

Comunidades autónomas y corporaciones locales suscribieron hace unas semanas, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administración Local respectivamente, dichos acuerdos marco, formalizando así su compromiso con la senda de reducción del déficit establecida en el Programa de Estabilidad y Crecimiento.

En línea con el ajuste de gasto para la Administración General del Estado contenido en el Real Decreto Ley de medidas extraordinarias para acelerar la reducción del déficit público, el Consejo de Ministros ha aprobado, paralelamente, nuevas propuestas para modificar estos acuerdos marco aprobados, con el objetivo de obtener un ahorro adicional de 1.200 millones de euros en los gastos de las administraciones territoriales en 2011, de los cuales 1.000 millones se asignarían a las autonomías y 200 millones a las entidades locales.

Esta nueva propuesta reforzará la condicionalidad para autorizar las operaciones de endeudamiento de las CCAA que supongan un incremento de la deuda pública. En el ámbito de las entidades locales, se mejorará el control económico financiero y se aplazarán las operaciones de endeudamiento a largo plazo hasta 2012.