El artículo 37 de la Constitución del 78 dice que la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. Sólo año y medio después, en marzo de 1980, entró en vigor el Estatuto de los Trabajadores que dedica su Título III a la negociación de los convenios colectivos. Con algunos lavados de cara, ese texto sigue vigente a la hora de organizar las relaciones entre capital y trabajo. Y nada tiene que ver el momento actual de producción de bienes y servicios con la década de los ochenta del siglo pasado. Basta comparar cualquier ranking empresarial para comprobar cómo ha cambiado España y el mundo. Sin ir más lejos, en esas fechas todavía no se atisba la revolución tecnológica de la sociedad de la información y la comunicación ni Internet.
El espíritu del Estatuto de los Trabajadores nada tiene que ver con la productividad, la rentabilidad o la innovación. Surgió con tres premisas: devolver a los trabajadores los derechos sindicales; otorgar a los sindicatos un papel preeminente y ser dique y cauce ante la conflictividad. Cumplido este papel, y tras la crisis, las relaciones laborales van por otros derroteros.
La reforma laboral pactada por la ejecutiva de la CEOE de Díaz Ferrán ha sido un fracaso y la actual sobre negociación colectiva con Rosell ha visto en las pasadas elecciones el signo de que todo pacto firmado bajo el paraguas de Zapatero es papel mojado. De ahí su órdago a través de CEIM para cambiar una decena de artículos del Estatuto de los Trabajadores, lo que equivale a una enmienda a la totalidad. En definitiva, de nada sirve un apaño para cubrir el expediente. Se trata de echar vino nuevo en odres nuevos antes de que las condiciones de trabajo nos las impongan desde Berlín.
Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario LA GACETA (Madrid), el 2 de junio de 20011
El año 2009 comienza con una subida generalizada de precios de los servicios básicos en medio de la crisis y con una recesión confirmada por el Banco de España. Pero lo más grave no son sus consecuencias sobre el bolsillo o el empleo de los españoles, sino la percepción que tiene el ministro de Economía Pedro Solbes, que está convencido de que vamos a tener un buen año. No reconocer la gravedad de la situación es más preocupante cuando el responsable que tiene que hacer frente a la crisis, y cuyos Presupuestos han quedado obsoletos, mira para otro lado. Ya conocemos las subidas de precios por encima del IPC, o el pequeño respiro de las hipotecas, pero desconocemos los datos reales de la economía española sobre los que deben hacerse las previsiones para 2009, situación agravada por la propuesta de financiación de las CCAA con nuevas promesas de Zapatero. Hasta ahora todas las ofertas que se han llevado a cabo para paliar la crisis recaen sobre nueva deuda pública, lo que va a suponer un lastre para encauzar la recuperación cuando ésta se produzca. Sólo la perspectiva de tres convocatorias electorales en 2009 (gallegas, vascas y europeas) y el miedo a que el reconocimiento de la realidad pueda pasarle factura explica la frivolidad con la que Gobierno ha recibido el nuevo año.
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