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Clase media, los ricos de ZP

En los próximos días el Gobierno pondrá en marcha la maquinaria de los Presupuestos Generales del Estado. La cumbre de la UE con Latinoamérica y el Decreto ley de convalidación del recorte del gasto (el zapatazo) ha aplazado momentáneamente el anuncio en el BOE de las cuatro comisiones que se constituyen al efecto: Políticas de gasto, Análisis de programas, Ingresos y Presupuestaria. Y no han podido convocarse ya que aún se desconoce el escenario que debe fijar el Gobierno, que viene delimitado por el techo de gasto para 2011.

El presupuesto de 2010 se aprobó con el voto espurio del PNV y de Coalición canaria con un aumento del gasto del 17 por 100 que el Gobierno presentó, faltando a la verdad, como si tratara de un recorte del 4 por 100. La ministra Elena Salgado no sólo ha quedado desacreditada por la falsedad de sus cuentas sino que hasta la vicepresidenta primera, Fernández de la Vega, le enmienda la plana y actúa de portavoz de su ministerio. La nota de Presidencia justificando las dificultades del Tesoro para colocar la última emisión de deuda ha dejado perplejos a los mercados.

Frente a tal cúmulo de despropósitos Zapatero anuncia ahora que subirá los impuestos a los ricos.  De las 18 millones de declaraciones de IRPF que se presentan al año sólo un 4 por 100  reconocen unos ingresos superiores a los 60.000 euros y estas rentas ya tienen el marginal en el 43 por 100. El grueso de la recaudación está en los tramos que declaran entre 30.000 y 60.000 euros, es decir, en la clase media.  ¿Son éstos los ricos de Zapatero? A falta de otros argumentos y ante el descrédito nacional e internacional que acumula este Gobierno, Zapatero echa mano de la demagogia más barata: leña al rico, al cura y al banquero. Pero pagarán los de siempre, la clase trabajadora que, con empleo o en paro, no puede eludir el incremento del IRPF, el IVA o de los impuestos especiales sobre gasolina, alcohol o tabaco. CiU, que tiene la llave de las elecciones anticipadas, se fuma un puro.

Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario La Gaceta (Madrid), el 20 de mayo de 2010

Solidaridad y gasto

El Estado de las Autonomías que surge del Art. 2 de la Constitución sólo es viable si dispone de los recursos necesarios para desarrollar una política complementaria a la del Estado basada en la solidaridad. Salvo el País Vasco y Navarra cuya financiación está sustentada en un sistema foral, el resto se han financiado por la aportación directa del Estado unida a la transferencia de competencias, aunque ni los funcionarios ni los presupuestos de la administración central han disminuido, sino que se ha incrementado el gasto y el personal.

Las autonomías han accedido a una financiación directa de los Presupuestos a través de la corresponsabilidad fiscal, siendo destinatarias de un 30%, aproximadamente, de las recaudaciones del IVA y del IRPF (el 50% con el nuevo sistema) y algo más de los impuestos especiales (alcohol, gasolina y tabaco). Las CC AA se reparten anualmente unos 114.000 millones de euros, con los que atienden servicios como sanidad o educación.

El sistema actual data del año 2002 y fue aprobado por el Gobierno de Aznar tras una drástica reducción del déficit y en la senda del superávit. Su revisión estaba prevista cinco años más tarde, pero la aprobación de los nuevos estatutos de autonomía, especialmente el de Cataluña, ha acelerado la reforma que llega, sin embargo, en el peor momento para la economía nacional ya que va a suponer un importante aumento del gasto y la deuda en medio de la crisis económica.

La población se ha incrementado en siete millones, de los que casi cinco son emigrantes, y existía una importante diferencia de financiación per cápita que llegaba hasta el 40% entre los residentes en distintas comunidades. Pero la caja de los truenos ha estallado porque el sistema que propone el Gobierno garantiza a Cataluña no ya 3.855 millones más para esta comunidad de los 11.000 de incremento, sino un plus adicional a perpetuidad que casa mal con el mandato constitucional de la solidaridad interregional.

El Gobierno apela a un consenso en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se reunirá el próximo día 15, pero según  el artículo 5.1 de su Reglamento sólo emite recomendaciones, por lo que, en teoría, podrían votar todas las comunidades en contra y remitir el texto de la nueva financiación al Congreso sin modificaciones. El Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas fue creado en 1980 por la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) y está constituido por el ministro de Economía, el de Administraciones Públicas y los consejeros de Hacienda de cada comunidad.

Artículo publicado por Jesús Fernández Briceño en el diario La Razón (Madrid), el 13 de julio de 2009