Somos uno de los países más garantistas del mundo en lo que a derechos de los ciudadanos se refiere, pero también uno en los que menos se respetan estos derechos en la práctica. Resolver trámites ante la Administración es un calvario y no digamos ante la Justicia o en el caso de pruebas o tratamientos médicos. De nada sirve la cascada de leyes que reconocen que los datos que posee cualquier administración son del ciudadano y no del funcionario que los administra. Si acaban dándotelos es como un favor personal porque te has camelado al empleado de tuno, pero no en el ejercicio de un derecho.
En esta España de locos en la que la han convertido sucesivas administraciones irresponsables es más fácil conocer los datos de un proceso bajo secreto de sumario, incluso la investigación policial de asuntos que han creado grave alarma social, que los propios ante una simple ventanilla. El celo del funcionario es inversamente proporcional a la proyección mediática del caso. Y esto sin citar el nuevo escándalo de escuchas y espionaje a ciudadanos corrientes, empresarios y políticos dirigido desde las letrinas del poder.
Llueve sobre mojado porque nunca se ha desmontado la trama de poder oculto que mueve los hilos con independencia de que sea el PSOE o el PP el que gobierna. La corrupción llega a todos los estamentos del Estado por que nunca se quiso actuar contra esta mafia que utiliza la información como arma de chantaje. ¿Si se ha espiado y chantajeado hasta al Rey, qué podemos esperar los simples ciudadanos? Esta realidad no tiene nada que ver con la crisis y sus complejas soluciones. El Gobierno, si quiere recuperar un mínimo de credibilidad, junto al Fiscal General del Estado, debe decir sin complejos, ¡basta ya! (Imagen: MacTommy)
Artículo de Jesús F. Briceño publicado en el diario LA GACETA (Madrid), el 24 de febrero de 2013
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