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La Justicia sobresee la querella que interpuso De la Vega contra los periodistas Carlos Dávila y Maite Alfageme

El Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid hizo público ayer el auto en el que se acuerda el “sobreseimiento” y el “archivo” de la causa que la ex vicepresidenta primera, ministra de la Presidencia y ex portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, hoy miembro del Consejo de Estado, promovió desde su Gabinete a través de la Abogacía del Estado, por la vía penal, contra el director y la directora adjunta de este diario, Carlos Dávila y Maite Alfageme, tras publicar en la revista ÉPOCA una información sobre su empadronamiento irregular en Beneixida (Comunidad Valenciana), donde fue cabeza de la lista del PSOE derrotada por el PP en las pasadas elecciones generales.

Tal como informa en su edición de hoy LA GACETA, el magistrado Pedro Antonio Domínguez ha establecido que no se produjo un delito de calumnias ni de injurias graves, ya que, de acuerdo con el criterio del fiscal de este juzgado, “no aparece debidamente justificada la perpetración” de los delitos que se les imputaban. De esta forma, la Justicia desacredita los argumentos que en su día se incoaron, utilizando la Abogacía del Estado, para abrir el procedimiento judicial que se han visto obligados a padecer Dávila y Alfageme.
La entonces vicepresidenta y portavoz del Gobierno se valió de los servicios jurídicos del Estado para que se iniciara el proceso contra los periodistas, instando a la Fiscalía a que investigara los posible indicios de delito. Todo, pese a que la información se refería a unos hechos derivados de su condición de ciudadana con derecho a voto –para la que su condición de vicepresidenta no afectaba en modo alguno–. Como señala LA GACETA, el informe de la Abogacía del Estado no deja lugar a dudas: “Desde el Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno se solicitó (el 20 de marzo de 2009)…”.

La revista ‘ÉPOCA’ relató los pormenores del doblemente irregular empadronamiento de De la Vega (Beneixida no es su residencia habitual y lo hizo fuera de plazo para poder votar en Valencia). Ella se registró en aquella localidad valenciana el 27 de noviembre de 2007, cuando la fecha conocida y pública para actualizar los datos del padrón ya había concluido el 1 de noviembre y quedaba definitivamente cerrado el 1 de diciembre.
Editorial: «Triunfo de la libertad de expresión»

LA GACETA publica hoy un editorial titulado «Triunfo de la libertad de expresión», que comienza en portada de este modo: «Hoy es un día importante para LA GACETA, para Intereconomía y para la libertad de expresión», oxígeno sin el cual la democracia perece por asfixia. Fiel a la definición clásica, la Justicia ha dado a cada uno lo suyo, al archivar y sobreseer la causa de María Teresa Fernández de la Vega contra Carlos Dávila y Maite Alfageme por las informaciones publicadas en EPOCA sobre el empadronamiento irregular de la ex vicepresidenta en Benexeida».

«Resulta significativo -continúa el editorial-, el informe favorable a dar carpetazo al caso de la propia fiscal, que subraya que en las informaciones de LA GACETA  no había ni asomo de calumnias. El juez lo ha dejado bien claro en su sentencia: “No aparece debidamente justificada la perpetración” de los delitos de calumnias e injurias graves que De la Vega atribuía a los dos periodistas. Ergo… este periódico dijo la verdad cuando contó que De la Vega se empadronó en la localidad valenciana fuera de plazo y cuando reveló que buscó cobertura legal en una resolución posterior a fin de incluirse en el padrón electoral, aunque la norma no tuvo publicidad alguna ni fue reflejada en el BOE de forma inmediata»

«Queda así implícitamente al desnudo -añada el texto-, la verdadera naturaleza del empeño de la ex vice: un intento de perseguir y acallar al mensajero, mediante el abuso de autoridad que supone echar mano del aparato del Estado para actuar contra los dos periodistas. A una cacicada (el empadronamiento irregular en Beneixida) se sumó otra (instar al abogado del Estado en beneficio propio contra los informadores). En lugar de actuar con un abogado particular, De la Vega recurrió nada menos que a la Abogacía del Estado y después a la Fiscalía General. Es decir, tiró de los letrados que pagamos entre todos los contribuyentes para defender un asunto personal. La información se refería al derecho al voto de la ciudadana Fernández, cuestión particular, sin relación alguna con el ejercicio de su función pública como vicepresidenta. El Ministerio Público sólo puede actuar de oficio cuando las supuestas injurias y calumnias están referidas a un cargo público en relación a una actividad relacionada con el ejercicio de ese cargo. No era ese el caso».
Aval al trabajo documentado para contar la verdad

Por otra parte, el editorial asegura que «la sentencia también pone en su sitio a los profesionales de Intereconomía. Avala su trabajo, escrupuloso y documentado, al contar la verdad –y nada más que la verdad– sobre la irregularidad cometida por De la Vega. Un motivo para que nos sintamos orgullosos nosotros y nuestros lectores, ya que esa es la tónica y el criterio que ha guiado a LA GACETA en las 150 exclusivas que ha publicado durante el último año y tres meses. Nada de particular por otro lado, ya que como decía Gabriel García Márquez (reportero antes que escritor), la búsqueda de la verdad debe acompañar al periodista “como el zumbido al vuelo del moscardón”. En ese sentido, cuantos hacemos este periódico y cuantos trabajamos en el Grupo Intereconomía, nos limitamos a cumplir con el compromiso que tenemos adquirido con nuestros lectores y espectadores. Nada extraordinario. Aunque al destapar asuntos que molestan a quienes tienen una concepción patrimonialista del poder,  estos conviertan nuestro quehacer diario en un ejercicio de riesgo. Que, en una democracia, la Justicia quite la razón a un poderoso que ha puesto en el punto de mira al mensajero y certifique la veracidad y profesionalidad de nuestro trabajo es una magnífica noticia que devuelve la fe en los dos pilares del sistema: la independencia de la Justicia y el papel de denuncia y contrapeso de los medios de comunicación. En especial en un contexto singularmente arriesgado para las voces críticas como Intereconomía, como demostró la amenaza de multa astronómica del ministro Sebastián o el nuevo intento de amordazar a los elementos discordantes con un aparato censor como el Consejo Estatal Audiovisual, ante el cómplice conformismo del presidente de la Asociación de la Prensa madrileña que –siempre tan discreto–, no movió un dedo cuando Dávila y Alfageme fueron sometidos al acoso judicial por el affaire De la Vega».

Tras conocer la sentencia, el diario da un paso más, y señala que «lo menos que podía hacer un personaje así es, en primer lugar, pedir disculpas por la caza de brujas desencadenada contra Dávila y Alfageme; y, en segundo lugar, dimitir de su cargo de consejero permanente del Consejo de Estado, retiro dorado al que migró tras su paso por el Gobierno, blindando su jubilación y doblando su sueldo, tras la prejubilación forzosa de su antecesor, Miguel Vizcaíno. La ex número dos de Zapatero prometió entonces que trabajaría por la felicidad de la nación. Nada nos haría más felices a quienes creemos en la democracia y en uno de sus ejes medulares, la libertad de expresión, que desapareciera para siempre de la vida pública. Nos haría un gran favor a todos».

(Foto: Intereconomía)

Dávila: «LA GACETA constituye hoy todo un islote de libertad en España»

Un diario “diferente, directo y divertido”, a la caza ya de los 100.000 ejemplares en los próximos meses. Éste fue el primer balance que hizo ayer el director de LA GACETA, Carlos Dávila, en un desayuno informativo organizado por Fórum de la Nueva Comunicación, donde realizó su introducción el presidente de Intereconomía, Julio Ariza.

Con un bagaje de 132 exclusivas desde el nacimiento del periódico, en octubre de 2009, Dávila se mostró satisfecho por haber ocupado el “hueco” que “creíamos” existente en el panorama de la prensa nacional pese a las “maniobras bancarias, informativa y políticas” que dificultaron el alumbramiento del rotativo.

Una vez lograda la salida al mercado, continuó, “nos hemos encontrado con que manifestarse en España, como lo hacemos cada día”, necesita de un gran “tubo de goma para respirar”.

En este contexto, Dávila denunció el “insultante páramo” de nuestra sociedad civil, en el que nunca antes han existido menos líderes o “prescriptores” –como dicen ahora– de opinión. Un deterioro, que unió a la capacidad de la gobernación socialista para mantener “hibernada” a dicha sociedad.

Es en este escenario, continuó el director, en el que incluso reputados miembros de la derecha urden excusas para que no se investigue la verdad, por ejemplo en el caso Bono, donde LA GACETA constituye hoy “todo un islote de libertad sin precedentes en España”. De esta forma, con un periódico “consolidado” y “fuerte”, pero que debe serlo aún más con “la ayuda de todos nuestros lectores”, Dávila aseguró que, a partir de ahora, “seremos todavía menos batibles, más resistentes”.

Una declaración de intenciones a todas luces que estuvo acompañada de un nítido mensaje a quienes pongan obstáculos en el camino a esa libertad. “Si se nos intenta sacar de la pista, vamos a replicar con nuestra única arma posible: la información. Somos los ventrílocuos de muchos compatriotas”, concluyó.

Por su parte, Julio Ariza destacó la entrega y “compresión humana” con que la dirección de LA GACETA ha llevado a este diario a pasar, en poco más de un año, de 2.070 a 78.791 ejemplares, con los inconvenientes de un mercado ya “maduro” y un poder político “asfixiante”.

Ministro del paro bis

Un año en la vida de cualquier ser vivo, aunque no sea humano, como LA GACETA, es mucho tiempo y este diablo cojuelo ha levantado los tejados de  muchos patricios que habían hecho de la política o los sindicatos un cenagal. Este diario, además,  ha sido testigo del mayor descalabro de la economía española, sin parangón con ningún otro periodo desde nuestra Guerra Civil. Pasemos por alto la pérdida de valores morales, identitarios o de soberanía nacional para centrarnos en las cosas de comer y los análisis coinciden en que ha sido un verdadero desastre.

Jamás se había visto un agujero tal en las cuentas públicas, con una deuda de seiscientos mil millones de euros, que se dice pronto, y que duplica la que encontró este gobierno al principio de la legislatura. Ha sido el año de los récords para olvidar, el de mayor déficit, el de mayor destrucción de empleo, el de mayor pérdida de derechos sociales, el de mayor cierre de empresas, el de mayor riesgo de suspensión de pagos, el del descrédito internacional…, y así, suma y sigue.

Este gobierno ha generado 1.500 desempleados diarios desde el pasado 21 de octubre de 2009. Más de 522.000 nuevos parados, seis estadios como el Santiago Bernabéu llenos hasta la bandera. Tan sólo tres meses se han salvado de la quema (abril, mayo y junio) a costa de enterrar en sucesivos “Planes E” quince mil millones de dinero público. Provincias entera podrían haber desaparecido, mes a mes, como el pasado enero, con 124.890 nuevos parados. Entre agosto y septiembre ya superamos otra vez los cien mil “oferentes de empleo” y la EPA del tercer trimestre será otro jarro de agua fría sobre unos PGE que  reconocen su incapacidad para crear empleo. La guinda la pone el nuevo ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, que se manifestó el día de la huelga general del brazo de los sindicatos en contra de la reforma laboral. Pues tendrá que explicarse, a no ser que por sentarse en el Consejo no le importe suceder a Corbacho como el ministro del paro bis.

Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario La Gaceta (Madrid), el 21 de octubre de 2010

La FAPE considera «innecesaria» e «injusta» la fianza impuesta a Carlos Dávila y a Eugenia Viñes por el ‘caso Marichalar’

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) mostró su apoyo a última hora de ayer al director de LA GACETA, Carlos Dávila, y a la redactora jefe de investigación del diario, Eugenia Viñes, por la fianza de más de un millón de euros fijada por el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid a los dos periodistas del Grupo Intereconomía por un presunto delito de “injurias con publicidad” contra Jaime de Marichalar, según informa el periódico en su edición de hoy.

La FAPE hizo este pronunciamiento público a través de un comunicado en el que calificaba de “carga innecesaria” e “injusta” la citada fianza. Sus valoraciones se sustentan en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2003, que establece que no procede “la ejecución provisional de los pronunciamientos de carácter indemnizatorio de las sentencias que declaren la vulneración de los derechos al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”.

La FAPE sostiene que la fijación de una fianza para garantizar posibles responsabilidades civiles supone una “condena pecuniaria” antes de tener lugar un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, una postura que se sitúa en “clara contradicción” con lo que señala la legislación en materia civil. Ante esta sucesión de contradicciones, la organización que preside Elsa González solicita la modificación de la norma legal “para evitar situaciones que ya entendió que no eran deseables cuando se reformó la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

‘Época’ no se pronunció, y recogió la negación de Marichalar

La síntesis del caso es la siguiente. A finales de septiembre de 2008, ÉPOCA, semanario del Grupo Intereconomía, adelantaba lo que el tiempo ha acreditado como un hecho cierto: la inminente separación de los todavía Duques de Lugo y su posterior divorcio. En ese momento, dicha separación sólo tenía la calificación oficial de “cese temporal de la convivencia”.
ÉPOCA supo de fuentes de toda solvencia que la Infanta Elena pudo plantearse alegar como posible causa de nulidad matrimonial el desconocimiento previo a contraer matrimonio del consumo ocasional de cocaína por parte de su ya ex marido, Jaime de Marichalar. En cualquier caso, esto es lo que afirmaban las fuentes a las que accedió el semanario, y no la revista en sí.

Por otro lado, en ningún caso se le atribuía a su cónyuge tal consumo ni se daba como seguro que esa fuera la alegación escogida. De hecho, en el reportaje, titulado ‘Conflicto en la separación de Doña Elena’, se recoge la versión del propio Jaime de Marichalar negando tal circunstancia. La Casa del Rey respondió al semanario que el único fin de las informaciones, que por entonces recorrían los mentideros de Madrid, era “hacer daño a la Monarquía” e insistió en que “no se ha iniciado ninguna acción legal o eclesiástica”.
Poco tiempo después de hacerse público el reportaje, Jaime de Marichalar instó un procedimiento penal contra los periodistas de Intereconomía por un posible delito de injurias contra su persona.

Aluvión de sms de apoyo a LA GACETA y a Intereconomía contra la fianza

La pasada semana, Jaime de Marichalar solicitó al Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid la fijación de una fianza al semanario ÉPOCA y a los periodistas Carlos Dávila y Eugenia Viñes de 1.039.950 euros. Lo hizo a través de su abogada, Cristina Peña. El objetivo de semejante cantidad era cubrir una posible responsabilidad civil por la publicación de la citada información. El importe iría destinada a una pieza separada del proceso penal, encaminada a cubrir esa futura reclamación por daños y perjuicios, en caso de que el ex duque de Lugo ganase el juicio cuya apertura oral se decretó el pasado 27 de septiembre. Pese a lo llamativo de la cantidad solicitada por Jaime de Marichalar, este tipo de delito tipificado en el Código Penal jamás comporta una pena de cárcel; únicamente una multa económica. En el caso de ÉPOCA se sustancia en sendas multas de 21.000 y 18.000 euros para cada uno de los periodistas, si resultaran condenados en el proceso.

El lunes y martes de esta semana se ha producido un aluvión de mensajes dirigidos a ‘El Gato al Agua’ de Intereconomía TV, protestando por la fianza impuesta y ofreciéndose para contribuir a financiarla. El director de LA GACETA y de ÉPOCA, Carlos Dávila, participó el lunes en el programa que dirige Antonio Jiménez, e informó ayer, antes de comenzar el debate de actualidad, de que cientos de lectores de LA GACETA y espectadores de Intereconomía están ofreciendo no sólo su apoyo moral, sino también dinero de su propio bolsillo para pagar la multa. Cristina Alberdi, presente en ‘EL Gato’ el lunes, aseguró que la multa es «desorbitada (…), un exceso que tiene que ver con que LA GACETA está creciendo, y con que el grupo al que pertenece (…) está teniendo mucho éxito y mucha audiencia».

La vicepresidenta De la Vega sigue acosando a los periodistas de Intereconomía Carlos Dávila y Maite Alfageme

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega continúa con su tenaz acoso a los periodistas de Intereconomía Carlos Dávila, director de LA GACETA y del semanario ‘ÉPOCA’, y Maite Alfageme, directora adjunta de ambas publicaciones. Tal como informa hoy LA GACETA, ayer declararon ante el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid. Ambos se ratificaron en la información del semanario del Grupo Intereconomía, cuando denunciaron el empadronamiento irregular de la ‘número dos’ del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero con el fin de poder votar en el municipio valenciano de Beneixida antes de presentarse como cabeza de lista del PSOE en la Comunidad Valenciana, en las elecciones de 2008.

La declaración de los dos periodistas fue precedida por la de Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, quien manifestó que los hechos recogidos en ‘ÉPOCA’ ya habían sido referidos por él durante la campaña electoral. Como consecuencia de la información de ‘Época’, se sigue un proceso civil a instancias de la vicepresidenta del Gobierno, que ya en dos ocasiones ha visto cómo la Justicia daba la razón a González Pons, no apreciando ningún indicio de injurias o calumnias por revelar los detalles de ese voto irregular. González Pons llamó la atención sobre el hecho de que contra él se haya seguido un proceso civil, mientras los dos periodistas de Intereconomía se ven inmersos en uno penal. También ha destacado que el Ministerio Fiscal le dio la razón en ambos juicios, mientras que en el caso actual parece adoptar justo la actitud opuesta.

La información publicada hacía referencia al derecho de voto de María Teresa Fernández de la Vega en su condición de ciudadana, y no tiene relación alguna con el ejercicio de su función pública como vicepresidenta.

En apariencia, la vicepresidenta De la Vega votó fuera del plazo permitido por la ley. Si bien es cierto que una resolución posterior le ofreció la cobertura legal necesaria para incluirse en el padrón electoral -explica LA GACETA-, no es menos cierto que esa norma no tuvo publicidad alguna ni fue incluida en el BOE de forma inmediata. Tal como han declarado Carlos Dávila y Maite Alfageme, apareció en páginas webs institucionales 48 horas después de que el diario digital de Intereconomía lanacion.es ofreciera un adelanto del contenido del reportaje de la revista ‘ÉPOCA’, que ahora se distribuye los domingos junto al diario LA GACETA.

A preguntas del fiscal, ambos periodistas explicaron ayer el estado de abandono en que se encuentra la casa de Beneixida donde se domicilió De la Vega en 2007. Es el que dan fe las fotografías tomadas por ‘ÉPOCA’ y ‘LA GACETA’ y los testimonios recabados entre los habitantes de la localidad valenciana. Los vecinos aseguran que «nunca» han visto por allí a la vicepresidenta primera del Gobierno.

Foto: Intereconomía

Una huelga de diseño

La moda de los productos de diseño esconde artificios y se contrapone a lo natural. El anuncio de que vamos a una comida de diseño predispone el estómago a pasar hambre y a nuestro bolsillo a gastar un pastón. Un traje o un edificio de diseño suele ser feo de solemnidad a la par que incómodo, aunque nadie ose criticarlo por el qué dirán. Ahora llega al mercado laboral la huelga de diseño o la movilización “sub prime” ya que cuesta mucho más de lo que vale. Los sindicatos no quieren desairar a Zapatero pero ante la presión de la opinión pública enseñarán la patita. Para no poner en un brete al Gobierno, como ocurrió con las que le montaron a González y Aznar, no han convocado una huelga sino una movilización gratis total.

De la defensa de los cuatro millones de parados oficiales y de los cinco reales nada de nada. La movilización del sábado es un lavado de cara de unas organizaciones que están a pachas con el Gobierno en la defensa de sus intereses y de  los que aún  conservan su empleo, jaleados por los liberados sindicales que sumados podrían constituir la mayor empresa de España. Zapatero puede encabezar perfectamente la manifestación ya que el Gobierno se irá de rositas y los palos se los llevará la CEOE y, sobre todo, Esperanza Aguirre.

Si la ministra de Economía escuchara a Trichet y no a los falsos aduladores sabría que el BCE ya nos ha dado un aviso y que los tipos de interés se decantarán por subidas en 2010. Elena Salgado no tiene la opción de devaluar la moneda como Solchaga y así ganar competitividad. Sólo caben medidas de política fiscal en una mano y la reforma laboral en la otra y con ambas escoge el camino equivocado.  Ni siquiera Obama es ya un referente cuando anuncia que lo correcto es bajar los impuestos y no subirlos para crear empleo. El Gobierno tiene tantos frentes abiertos que la manifestación del sábado será casi un bálsamo para su maltrecha credibilidad. Sólo Madrid se beneficiará de la marcha ya que cien mil movilizados, además de gozar del AVE y de “Cortylandia” tendrán que comer y hacer sus necesidades y para ello, como decía el marqués de la Valdavia: «En Madrid y con dinero…, Baden-Baden».

Artículo publicado por Jesús Fernández Briceño en el diario La Gaceta (Madrid), el 11 de diciembre de 2009