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La FAPE considera «innecesaria» e «injusta» la fianza impuesta a Carlos Dávila y a Eugenia Viñes por el ‘caso Marichalar’

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) mostró su apoyo a última hora de ayer al director de LA GACETA, Carlos Dávila, y a la redactora jefe de investigación del diario, Eugenia Viñes, por la fianza de más de un millón de euros fijada por el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid a los dos periodistas del Grupo Intereconomía por un presunto delito de “injurias con publicidad” contra Jaime de Marichalar, según informa el periódico en su edición de hoy.

La FAPE hizo este pronunciamiento público a través de un comunicado en el que calificaba de “carga innecesaria” e “injusta” la citada fianza. Sus valoraciones se sustentan en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2003, que establece que no procede “la ejecución provisional de los pronunciamientos de carácter indemnizatorio de las sentencias que declaren la vulneración de los derechos al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”.

La FAPE sostiene que la fijación de una fianza para garantizar posibles responsabilidades civiles supone una “condena pecuniaria” antes de tener lugar un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, una postura que se sitúa en “clara contradicción” con lo que señala la legislación en materia civil. Ante esta sucesión de contradicciones, la organización que preside Elsa González solicita la modificación de la norma legal “para evitar situaciones que ya entendió que no eran deseables cuando se reformó la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

‘Época’ no se pronunció, y recogió la negación de Marichalar

La síntesis del caso es la siguiente. A finales de septiembre de 2008, ÉPOCA, semanario del Grupo Intereconomía, adelantaba lo que el tiempo ha acreditado como un hecho cierto: la inminente separación de los todavía Duques de Lugo y su posterior divorcio. En ese momento, dicha separación sólo tenía la calificación oficial de “cese temporal de la convivencia”.
ÉPOCA supo de fuentes de toda solvencia que la Infanta Elena pudo plantearse alegar como posible causa de nulidad matrimonial el desconocimiento previo a contraer matrimonio del consumo ocasional de cocaína por parte de su ya ex marido, Jaime de Marichalar. En cualquier caso, esto es lo que afirmaban las fuentes a las que accedió el semanario, y no la revista en sí.

Por otro lado, en ningún caso se le atribuía a su cónyuge tal consumo ni se daba como seguro que esa fuera la alegación escogida. De hecho, en el reportaje, titulado ‘Conflicto en la separación de Doña Elena’, se recoge la versión del propio Jaime de Marichalar negando tal circunstancia. La Casa del Rey respondió al semanario que el único fin de las informaciones, que por entonces recorrían los mentideros de Madrid, era “hacer daño a la Monarquía” e insistió en que “no se ha iniciado ninguna acción legal o eclesiástica”.
Poco tiempo después de hacerse público el reportaje, Jaime de Marichalar instó un procedimiento penal contra los periodistas de Intereconomía por un posible delito de injurias contra su persona.

Aluvión de sms de apoyo a LA GACETA y a Intereconomía contra la fianza

La pasada semana, Jaime de Marichalar solicitó al Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid la fijación de una fianza al semanario ÉPOCA y a los periodistas Carlos Dávila y Eugenia Viñes de 1.039.950 euros. Lo hizo a través de su abogada, Cristina Peña. El objetivo de semejante cantidad era cubrir una posible responsabilidad civil por la publicación de la citada información. El importe iría destinada a una pieza separada del proceso penal, encaminada a cubrir esa futura reclamación por daños y perjuicios, en caso de que el ex duque de Lugo ganase el juicio cuya apertura oral se decretó el pasado 27 de septiembre. Pese a lo llamativo de la cantidad solicitada por Jaime de Marichalar, este tipo de delito tipificado en el Código Penal jamás comporta una pena de cárcel; únicamente una multa económica. En el caso de ÉPOCA se sustancia en sendas multas de 21.000 y 18.000 euros para cada uno de los periodistas, si resultaran condenados en el proceso.

El lunes y martes de esta semana se ha producido un aluvión de mensajes dirigidos a ‘El Gato al Agua’ de Intereconomía TV, protestando por la fianza impuesta y ofreciéndose para contribuir a financiarla. El director de LA GACETA y de ÉPOCA, Carlos Dávila, participó el lunes en el programa que dirige Antonio Jiménez, e informó ayer, antes de comenzar el debate de actualidad, de que cientos de lectores de LA GACETA y espectadores de Intereconomía están ofreciendo no sólo su apoyo moral, sino también dinero de su propio bolsillo para pagar la multa. Cristina Alberdi, presente en ‘EL Gato’ el lunes, aseguró que la multa es «desorbitada (…), un exceso que tiene que ver con que LA GACETA está creciendo, y con que el grupo al que pertenece (…) está teniendo mucho éxito y mucha audiencia».

Medidas de choque del Gobierno contra la crisis

Las medidas para el Impulso de la Recuperación Económica y el Empleo, son un conjunto de iniciativas destinadas a reforzar la capacidad de nuestro tejido productivo con el objetivo de  impulsar el crecimiento de la economía española y, con él, la creación de empleo. El Real Decreto Ley se estructura temáticamente en torno a seis ejes de actuación que persiguen el fomento de la rehabilitación de viviendas, la configuración de un marco más propicio para la actividad empresarial, el apoyo a las PYMES, la protección de los ciudadanos más vulnerables a la situación económica y la mejora del entorno regulatorio en los sectores energético y financiero.

IMPULSO A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA

Como capítulo uno, el Decreto Ley incluye un conjunto de reformas  destinadas a recuperar la actividad en el sector de la construcción por la vía, fundamentalmente, del impulso fiscal a la rehabilitación de viviendas, contribuyendo además a la eficiencia y ahorro energético y propiciando incrementos en los niveles de empleo y actividad de un sector especialmente afectado por la crisis.

Dentro de este capítulo se incluye la creación de una nueva deducción temporal en el IRPF por  las obras de mejora en la vivienda habitual que se realicen hasta el 31 de diciembre de 2012, siempre que tengan por objeto, entre otros, la mejora de la eficiencia energética, la sustitución de instalaciones de suministros o la creación de infraestructuras que favorezcan la accesibilidad. Permitirá deducirse el 10% de las cantidades invertidas, con un límite máximo anual de 4.000 euros, a los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 33.007 €, y se reducirá progresivamente hasta los 53.007,20 € de base imponible. El límite durante todos los años de vigencia de la norma es de 12.000 euros por vivienda.

Por otra parte, se establece la aplicación de un tipo reducido de IVA para todo tipo de obras de renovación y reparación de vivienda realizadas hasta el 31 de diciembre de 2012. También se amplía el concepto de rehabilitación estructural tanto en el IVA como en el IGIC, a través de la definición de obras análogas y conexas a las estructurales, lo que permitirá reducir los costes fiscales de esta actividad.

ESTÍMULOS PARA LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Otro grupo de medidas están orientadas a favorecer la actividad empresarial a partir de reformas de carácter administrativo y fiscal. Dentro de este epígrafe destaca la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para permitir el mantenimiento de las relaciones contractuales con la Administración a las empresas que hayan solicitado la declaración voluntaria de concurso de acreedores, siempre que ésta haya adquirido eficacia a través de un convenio, así como la devolución de la garantía depositada por el contratista y la cesión del contrato cuando éste no pueda garantizar su ejecución. En este mismo sentido también se modifica la Ley de Subvenciones para permitir que las empresas que se declaren voluntariamente en concurso de acreedores puedan seguir percibiéndolas.

En el plano fiscal, se modifica la normativa del IVA y del IGIC con el objetivo de flexibilizar los requisitos para recuperar las cuotas repercutidas del impuesto en los casos de facturas total o parcialmente incobrables; y se prorroga para 2011 y 2012 la libertad de amortización de inversiones en el Impuesto de Sociedades siempre que se mantenga el empleo.

Las reformas en este campo alcanzan también a la Ley del Suelo para poder aplicar un coeficiente corrector vinculado con los precios de mercado en la valoración del suelo agrario y para extender hasta el final de 2011 la posibilidad de aplicación de la legislación anterior en la valoración de suelos definidos como urbanizables; a la regulación de los seguros de crédito a la exportación para que las coberturas otorgadas puedan instrumentarse mediante garantías o seguros de crédito, y a las tasas aeroportuarias.

APOYO A PYMES

Las pequeñas y medianas empresas tienen una relevancia incuestionable dentro del tejido industrial español y, por esta razón, el Gobierno las ha situado desde un primer momento en el centro de su acción política contra la crisis económica. Este nuevo paquete de medidas busca fundamentalmente  introducir nuevos mecanismos de apoyo financiero y reducir las cargas administrativas en el ámbito tributario.

Para paliar los problemas de acceso al crédito, se instruye al ICO para que agilice los procedimientos de licitación necesarios para la puesta en funcionamiento del programa de financiación directa a PYMES y autónomos de modo que esté operativo antes del 15 de junio de 2010. Además, el decreto flexibiliza el funcionamiento de los fondos de titulización de créditos a pequeñas y medianas empresas, los FTPYME, de forma que los fondos derivados de la titulización puedan destinarse a financiar activo circulante. En el campo de la reducción de cargas administrativas, se modifica la Ley del Impuesto de Sociedades para exonerar de las obligaciones de documentación respecto a las operaciones vinculadas a las empresas de reducida dimensión cuando estas operaciones en su conjunto no superan la cuantía de 100.000 euros por ejercicio. Esta exoneración no será operativa para las operaciones con paraísos fiscales.

PROTECCIÓN A LOS CIUDADANOS

La iniciativa aprobada hoy hace especial hincapié en la protección de los segmentos sociales más vulnerables y más expuestos a la crisis. Para intentar avanzar en este objetivo se eleva el umbral de inembargabilidad establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil en los casos en que el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado. Este umbral se eleva en un 10% sobre el actual, fijado en el Salario Mínimo Interprofesional, incrementándose en un 20% adicional por cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos propios regulares, salario ni pensión.

Por otra parte, se establece un tipo superreducido de IVA del 4% para los servicios de atención a la dependencia prestados por empresas integradas dentro del Sistema Público de Autonomía y Atención a la Dependencia a través de plazas concertadas en centros o residencias o mediante precios derivados de concursos administrativos. Se incluyen los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y atención residencial.

La norma incluye la exención en el Impuesto sobre la Renta, con un límite de 1.500 euros, de las cantidades satisfechas por las empresas para desplazamientos entre la vivienda y el centro de trabajo en transporte público colectivo.

MEDIDAS EN EL SECTOR ENERGÉTICO Y FINANCIERO

Finalmente, el Real Decreto Ley de Medidas para el Impulso de la Recuperación Económica y el Empleo también incorpora actuaciones en sectores estratégicos de la economía española, como el energético y el financiero.

En el ámbito financiero, las modificaciones están orientadas a clarificar el régimen aplicable a los sistemas institucionales de protección (SIP) en aspectos relativos a su régimen de consolidación contable y de adhesión al Fondo de Garantía de Depósitos, con objeto de garantizar su seguridad jurídica; a reducir los plazos y trámites asociados al funcionamiento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para acelerar las reestructuraciones en el sector financiero, y a permitir que los fondos de titulización de activos se conviertan en titulares de los inmuebles, derechos y cantidades resultantes de los remates de los préstamos hipotecarios de los que son titulares como consecuencia de su titulización..

En lo que se refiere al sector energético, se incluyen medidas que tienen como objetivo crear las condiciones para impulsar las empresas de servicios energéticos, muy relevantes para la modernización del sector, así como otras relativas a la titulización del déficit de tarifa del sistema eléctrico y a la creación y regulación de la figura del gestor de recarga energética para impulsar el uso del vehículo eléctrico con una propuesta de tarifas ‘super-valle’.

Iberdrola, primera compañía española en obtener el certificado AENOR para su dirección de Estrategia

IBERDROLA se ha convertido en la primera empresa española y una de las pioneras en todo el mundo en obtener la certificación de AENOR de acuerdo a la norma UEN-EN ISO 9001-2008 para los procesos relacionados con la estrategia del Grupo.

En un acto celebrado esta mañana en el edificio de IBERDROLA en Madrid, el Presidente de AENOR, Manuel López Cachero, ha hecho entrega del certificado al Director de Estrategia y Estudios de la Compañía, José Luis del Valle.

La obtención de esta certificación responde a la decisión de IBERDROLA de implantar un sistema de calidad en todos los procesos de definición y seguimiento de la estrategia de la Empresa que formula su Consejo de Administración, lo que ha aportado una mayor solidez, solvencia y eficacia a la metodología de trabajo. Así, la Dirección de Estrategia de la Compañía ha optimizado los recursos disponibles, favoreciendo la comunicación entre los diferentes negocios y facilitando de este modo la gestión.

Además, IBERDROLA se ha convertido en la primera empresa nacional en implantar una herramienta SAP específica para el seguimiento de la estrategia, lo que permitirá una mejora en la calidad de la información y el análisis.

El certificado para los procesos relacionados con la estrategia de IBERDROLA permitirá a la Empresa avalar interna y externamente la formulación y el seguimiento de la misma, que se realizará bajo los más estrictos estándares de calidad en la gestión.

La obtención de este certificado de AENOR se enmarca en el interés de IBERDROLA por mejorar todos los procesos de calidad de la Compañía, tanto los que afectan a los negocios como los que repercuten sobre las áreas corporativas.

La Comisión Nacional de la Comptencia quiere un comercio más libre

1105761_gull_1La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) estima que el momento actual resulta particularmente propicio para poner de manifiesto el margen de mejora, desde el punto de vista de la competencia, con que cuenta la regulación de la distribución comercial en España. El proceso de transposición de la Directiva comunitaria de servicios obliga a realizar una evaluación de la regulación sectorial en vigor afectada por dicha Directiva, al objeto de adecuarla a la misma. Dicho proceso supone la necesidad ineludible de revisar la normativa relativa a la ordenación del comercio tanto por parte del Estado como por parte de las distintas Comunidades Autónomas.

En lo que hace a la legislación estatal, la atención debe centrarse en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, cuya reforma se encuentra en curso al objeto de adecuarla a la Directiva de Servicios. La Ley de ordenación del comercio minorista es una norma que, a pesar de incluir expresamente en su Exposición de Motivos el mantenimiento de la libre competencia como uno de sus fines esenciales, presenta en determinados aspectos un marcado carácter intervencionista que se materializa en la existencia de determinadas restricciones a la competencia que es necesario superar.

A tal fin, la CNC considera que la correcta adecuación de esta Ley a la Directiva de Servicios debería implicar la alineación de esta norma con los principios de dicha Directiva en cuanto a la reducción de cargas administrativas y a la excepcionalidad en la instauración de regímenes de autorización para el ejercicio y el establecimiento de los servicios.

Así, según la CNC,  debe procederse a:
1. La supresión del régimen de la licencia comercial obligatoria para la instauración de grandes superficies. Para solucionar esta situación, debería reformarse la Ley de ordenación del comercio minorista eliminando de plano la obligación de obtener licencia comercial específica para la instauración de una gran superficie comercial, (art. 6), así como para cualquier otro tipo de formato comercial. También debería eliminarse el concepto de gran establecimiento comercial (art. 2.3).
2. La reconsideración de otros regímenes de autorización específicos. Es el caso de la instalación de máquinas para la venta automática (art. 49), y del ejercicio de la venta ambulante (art. 54).
3. La eliminación de la obligación de inscribirse en determinados registros para prestar una determinada actividad. Es el caso del Registro de ventas a distancia (art. 38) y del Registro de franquiciadores (art. 62).
En todo caso, la necesidad de liberalizar este sector debería ir más allá, en opinión de la CNC, del mero ejercicio de transposición de la Directiva de servicios. Así, si nos ceñimos a la Ley de ordenación del comercio minorista, existen a lo largo de su articulado diversos preceptos cuya modificación resultaría altamente recomendable desde el punto de vista de competencia, con independencia de que en sentido estricto la Directiva de servicios no obligue a modificarlos.
En particular, según la CNC, resultaría altamente conveniente aprovechar el impulso de reforma actual para, entre otras actuaciones eliminar la prohibición de venta de mercaderías en establecimientos financieros (art.8) y la restricción de las rebajas a períodos determinados (art. 25).