La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) mostró su apoyo a última hora de ayer al director de LA GACETA, Carlos Dávila, y a la redactora jefe de investigación del diario, Eugenia Viñes, por la fianza de más de un millón de euros fijada por el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid a los dos periodistas del Grupo Intereconomía por un presunto delito de “injurias con publicidad” contra Jaime de Marichalar, según informa el periódico en su edición de hoy.

La FAPE hizo este pronunciamiento público a través de un comunicado en el que calificaba de “carga innecesaria” e “injusta” la citada fianza. Sus valoraciones se sustentan en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2003, que establece que no procede “la ejecución provisional de los pronunciamientos de carácter indemnizatorio de las sentencias que declaren la vulneración de los derechos al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”.

La FAPE sostiene que la fijación de una fianza para garantizar posibles responsabilidades civiles supone una “condena pecuniaria” antes de tener lugar un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, una postura que se sitúa en “clara contradicción” con lo que señala la legislación en materia civil. Ante esta sucesión de contradicciones, la organización que preside Elsa González solicita la modificación de la norma legal “para evitar situaciones que ya entendió que no eran deseables cuando se reformó la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

‘Época’ no se pronunció, y recogió la negación de Marichalar

La síntesis del caso es la siguiente. A finales de septiembre de 2008, ÉPOCA, semanario del Grupo Intereconomía, adelantaba lo que el tiempo ha acreditado como un hecho cierto: la inminente separación de los todavía Duques de Lugo y su posterior divorcio. En ese momento, dicha separación sólo tenía la calificación oficial de “cese temporal de la convivencia”.
ÉPOCA supo de fuentes de toda solvencia que la Infanta Elena pudo plantearse alegar como posible causa de nulidad matrimonial el desconocimiento previo a contraer matrimonio del consumo ocasional de cocaína por parte de su ya ex marido, Jaime de Marichalar. En cualquier caso, esto es lo que afirmaban las fuentes a las que accedió el semanario, y no la revista en sí.

Por otro lado, en ningún caso se le atribuía a su cónyuge tal consumo ni se daba como seguro que esa fuera la alegación escogida. De hecho, en el reportaje, titulado ‘Conflicto en la separación de Doña Elena’, se recoge la versión del propio Jaime de Marichalar negando tal circunstancia. La Casa del Rey respondió al semanario que el único fin de las informaciones, que por entonces recorrían los mentideros de Madrid, era “hacer daño a la Monarquía” e insistió en que “no se ha iniciado ninguna acción legal o eclesiástica”.
Poco tiempo después de hacerse público el reportaje, Jaime de Marichalar instó un procedimiento penal contra los periodistas de Intereconomía por un posible delito de injurias contra su persona.

Aluvión de sms de apoyo a LA GACETA y a Intereconomía contra la fianza

La pasada semana, Jaime de Marichalar solicitó al Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid la fijación de una fianza al semanario ÉPOCA y a los periodistas Carlos Dávila y Eugenia Viñes de 1.039.950 euros. Lo hizo a través de su abogada, Cristina Peña. El objetivo de semejante cantidad era cubrir una posible responsabilidad civil por la publicación de la citada información. El importe iría destinada a una pieza separada del proceso penal, encaminada a cubrir esa futura reclamación por daños y perjuicios, en caso de que el ex duque de Lugo ganase el juicio cuya apertura oral se decretó el pasado 27 de septiembre. Pese a lo llamativo de la cantidad solicitada por Jaime de Marichalar, este tipo de delito tipificado en el Código Penal jamás comporta una pena de cárcel; únicamente una multa económica. En el caso de ÉPOCA se sustancia en sendas multas de 21.000 y 18.000 euros para cada uno de los periodistas, si resultaran condenados en el proceso.

El lunes y martes de esta semana se ha producido un aluvión de mensajes dirigidos a ‘El Gato al Agua’ de Intereconomía TV, protestando por la fianza impuesta y ofreciéndose para contribuir a financiarla. El director de LA GACETA y de ÉPOCA, Carlos Dávila, participó el lunes en el programa que dirige Antonio Jiménez, e informó ayer, antes de comenzar el debate de actualidad, de que cientos de lectores de LA GACETA y espectadores de Intereconomía están ofreciendo no sólo su apoyo moral, sino también dinero de su propio bolsillo para pagar la multa. Cristina Alberdi, presente en ‘EL Gato’ el lunes, aseguró que la multa es «desorbitada (…), un exceso que tiene que ver con que LA GACETA está creciendo, y con que el grupo al que pertenece (…) está teniendo mucho éxito y mucha audiencia».