Archivos de Tags: Norma

Despedir funcionarios: misión imposible

Las medidas de austeridad anunciadas por Cameron en el Reino Unido y Merkel en Alemania han puesto de actualidad el tamaño del sector público y, sobre todo, el hipotético despido de los funcionarios. Cuando Cameron ganó las elecciones anunció que podría recortar hasta 600.000 funcionarios, pero la cifra ya ha bajado a 300.000 y analizando el trasfondo se trata, en realidad, de suprimir cargos y funciones llevadas a cabo por personal contratado en la sanidad, el ejército, la policía o la educación. En la misma línea Ángela Merkel abandera una cruzada contra el despilfarro de la administración, pero tampoco se van a despedir funcionarios de carrera, sino que no se van a reponer las bajas naturales. Algo parecido a lo que se prevé en España en donde el índice de reposición será del 10 por 100, sólo que la norma salta hecha trizas por los contratados, interinos y cargos de libre designación.

España es uno de los países de Europa con más funcionarios, 2.7 millones, superados por Francia (5,2 millones), Alemania (4,5 millones); Polonia (3,5 millones) e Italia (3,4 millones). En proporción por habitantes, la palma se la lleva Suecia (12,3 ciudadanos por funcionario), seguida por  Francia con 12,5; Bélgica, Italia y Portugal con 13,0. España, a pesar de la diferencia de población, tiene la misma proporción que Alemania, 18,2 habitantes por cada funcionario. El porcentaje más eficiente es el de Austria o Luxemburgo, con  23,9 y 21,0, respectivamente.
En Europa coexisten sistemas puros de carrera (Bélgica, Alemania, Grecia o Austria) o de empleo (Suecia) y, con algunas peculiaridades, el Reino Unido. El sistema español de carrera se caracteriza por la inamovibilidad como garantía de la independencia; la selección con carácter general para cuerpos y de forma excepcional para puestos (personal eventual e interino) y régimen especial disciplinario y de incompatibilidades. En cualquiera de los casos, salvo el régimen italiano que ha dado un giro copernicano, las posibilidades de despido son muy remotas.

El paradigma del funcionario como servidor público, investido de un blindaje a perpetuidad, es el francés, en donde el empleado que acredita los conocimientos y titulación adecuada se incorpora a un cuerpo de la administración. En Italia, desde 2001, se está produciendo una revolución administrativa de la función pública con la incorporación del convenio colectivo como relación contractual del funcionario con el Estado; ha desaparecido de facto el acto de nombramiento y se contempla la rescisión unilateral del empleador, es decir el despido. En el Reino Unido convive un sistema dual de estructura abierta que engloba a los altos funcionarios adscritos a los tres escalones más altos de la administración y una estructura cerrada en la que se puede ir ascendiendo por promoción interna. Existe un catálogo de derechos y deberes y un código de gestión que regula la clasificación, indemnización, despidos, etc.

En España el último intento de racionalización de la Función Pública fue promovido por el ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla en 2005. Cuando el plan se presentó el número de funcionarios era de 2.358.000. Hoy, lejos de racionalizarse, ha aumentado casi en otro medio millón. Sevilla pretendía una administración más cooperativa, funcional, eficaz, flexible, cualificada y próxima al ciudadano e incorporaba términos “revolucionarios” como la evaluación, la redistribución geográfica y las jubilaciones anticipadas. El rechazo fue tal que firmó con este plan su propio cese.

Los funcionarios en España sólo pueden ser amonestados o separados del servicio (no existe el término despido) por causas disciplinarias tal como recoge el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007 de 12 de abril) en los artículos 93 y siguientes. Las causas son tan laxas y el procedimiento tan complejo que hace prácticamente imposible su aplicación y más de forma generalizada por causas económicas o de organización, tal como ocurre con el derecho laboral común.

(Ilustración: Este es uno de los chistes más famosos de Forges y que más circula por la red)

Artículo publicado por  Jesús F. Briceño en la revista EPOCA (Suplemento dominical de LA GACETA) el día 14 de noviembre de 2010

Lo peor está por venir

¿Qué reflejan los datos de ejecución presupuestaria?
Es la foto fija de las cuentas públicas y reflejan un deterioro cada vez más grave de la economía. Ya no se trata de que el Gobierno se equivoque en sus previsiones, es que todas las partidas de ingresos, bien de renta, de sociedades o de IVA caen y se multiplica el gasto.

¿Por qué se reducen los ingresos?
El Gobierno se inhibe y achaca a factores externos la caída de la recaudación. Los ingresos caen por el deterioro de la actividad económica, la contracción del consumo y los menores beneficios de las empresas.

¿Los próximos meses serán peores?
Las previsiones son pesimistas. La diferencia entre ingresos y gastos se va a multiplicar en el último trimestre pasando el déficit del 5,9 actual al 9 por 100 (según el Gobierno) y a más del 10 por 100, según el FMI. A más déficit más deuda que hay que financiar y devolver.

¿Tiene el desempleo la culpa?
El incremento del paro es la consecuencia más dolorosa de la crisis económica, pero las prestaciones por desempleo no son una concesión de ningún Gobierno sino el ejercicio de un derecho. El parado que ha cotizado cobra lo que le corresponde.

¿Cumplirá España el Pacto de Estabilidad al que nos obliga la Unión Europea?
Es a todas luces imposible. El Gobierno está negociando una prórroga para que la Unión Europea haga una interpretación laxa de la norma que nos obliga a mantener el déficit por debajo del 3 por 100 del PIB.

¿Peligra la caja de la Seguridad Social?
Todavía no, pero camina en una senda peligrosa. En este momento el superávit  es de doce mil millones, que bajarán a siete mil a final de año. El futuro depende de las cuentas de cada ejercicio. Mientras los ingresos se mantendrán estables al persistir una tasa de paro del 20 por 100, el gasto aumentará con más pensionistas.

Análisis publicado por Jesús Fernández Briceño en el diario La Razón (Madrid), el 28 de octubre de 2009

El precio del voto

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) retratan cada año al Gobierno y a sus compañeros de viaje. En este caso Coalición Canaria y el PNV. Los PGE para 2010 podrían aspirar al récord Guinnes por la unanimidad de instituciones económicas, políticas y sociales en su contra. La guinda la han puesto los exministros socialistas Solchaga y Solbes que vaticinan que Elena Salgado se convertirá como Lot en estatua de sal.

El Gobierno va a sacar adelante los Presupuestos con mayoría suficiente de escaños, pero no de votos populares. La Ley de D´Hont se adoptó como un instrumento para evitar la dispersión de la representación popular entre los partidos minúsculos que se presentan a las elecciones y primar a los mayoritarios, pero la norma electoral acabó beneficiando a los partidos nacionalistas. En 2008 votaron 25 millones y medio de españoles.

Los votos del PSOE, el PNV y Coalición Canaria sumaron 11,5 millones de sufragios. Esos once millones y pico se van a imponer a los casi trece que suman el resto de los partidos que no van a dar su apoyo al Gobierno y piden la retirada de los Presupuestos. De nada sirve que los PGE no se sostengan en sus previsiones de ingresos y gastos y que su objetivo sea pagar subvenciones y no crear empleo; el PNV quiere blindar su Concierto y los canarios 25.000 millones para sus islas. Ese es el precio del voto.

Artículo publicado por Jesús Fernández Briceño en el diario La Razón (Madrid), el 21 de octubre de 2009

Consenso

ConstrucciónEspaña tiene tres grandes retos en los próximos meses: la reforma del sistema financiero, la del mercado laboral y la del sistema productivo. Ninguna debe llevarse a cabo desde una óptica partidista y necesitan de transparencia y un amplio consenso.
Elena Salgado ha desvelado que el proyecto de ley que dará soporte legal a la intervención del Estado en entidades financieras irá a Consejo de Ministros este mes de junio. A pesar de que insiste en que ninguna entidad necesita la intervención pública la norma se está redactando casi en trámite de urgencia y dota al Banco de España de poderes excepcionales.
Tres banqueros, Francisco González (BBVA), Ángel Ron (Popular) y Matías Rodríguez Inciarte (Santander) han coincidido en que este salvamento no debe distorsionar el mercado al primar a entidades «zombis» o enfermas frente a las sanas. España, con ser uno de los países que menos ha hipotecado de su presupuesto en ayudas financieras, ya ha comprado activos de bancos por el 1,7 del PIB y ha comprometido el 18% en garantías públicas. Este esfuerzo no sólo necesita el consenso de los actores del sistema bajo la supervisión del Banco de España, sino un amplio acuerdo político en el que se implique al Partido Popular que representa al menos a la mitad del electorado. Lo mismo puede decirse de la reforma laboral, que debe prescindir de prejuicios sindicalistas para hacer frente a la temporalidad y el paro. (Foto. mailsparky).

Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario La Razón (Madrid), el 17 de junio de 2009

Valor razonable

1163219_lego_styleEl mundo de los denominados expertos financieros mantiene estos días una enconada disputa alrededor de esta expresión inglesa que en román paladino consiste en la obligación de valorar los activos de los bancos a precios de mercado. Si un banco concede un crédito hipotecario de 300.000 euros por una casa que vale 400.000 no pasa nada. Pero si el mercado se desploma y la casa pasa a valer 200.000 euros, el banco tiene que provisionar 100.00 euros. El banco sigue siendo el mismo y la casa también, pero la ortodoxia de la contabilidad y una elemental norma de prudencia así lo indica. Sin embargo esta obligación está para muchos en el origen de la crisis ya que las entidades financieras, primero de Estados Unidos, y luego del resto del mundo tuvieron que poner de golpe decenas de miles de millones para  ajustar sus balances al precio real de los activos que figuraban como garantía de los créditos. Como además nadie se prestaba dinero entre sí había que pagar un sobreprecio por un dinero que sólo tenía una finalidad contable, pero que no iba destinado al mercado productivo. Esa espiral llevó a la ruina a Lehman Brothers y tras este gigante americano, tantos otros. Ahora se plantean, encabezados por el multimillonario Buffett dulcificar la norma y dar a los activos un precio simbólico que ahorre a los bancos esta cascada de provisiones con la excusa de que un bien que no tiene mercado no tiene precio. Ahí está el quid de la cuestión pero nadie sabe a ciencia cierta si será peor el remedio que la enfermedad.

Artículo publicado en el Diario La Razón por Jesús F. Briceño el 20 de marzo de 2009