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Lo público a debate

sanidad-publicaUna de las asignaturas pendientes de España es la reforma del sector público. Si profundizamos bajo la epidermis de la mayoría de los conflictos y protestas actuales no encontramos sólo un problema de conflictividad laboral, sino un debate sobre la implantación, competencias, tamaño o eficiencia de la Administración. Gestionar lo público se ha convertido en un problema endémico que sufre tanto el Estado central como la Administración periférica. La crisis económica y el paro han exacerbado la desconfianza de los ciudadanos hacia lo privado y grandes colectivos quieren seguir amparados más por la seguridad que por el sueldo bajo el paraguas de lo público.

Resulta paradójico que en pleno siglo XXI se esté planteando un conflicto con bases doctrinales muy antiguas, de la primera mitad del XX o del XIX, basadas en corrientes de pensamiento utópicas que creíamos superadas. Pensar desde el Gobierno o desde la oposición que estamos sólo ante un problema laboral auspiciado por sindicatos descontentos con los recortes es, a mi juicio, un solemne error. El asunto es de más calado, ya que está en juego el tipo de sociedad que queremos y ello va a condicionar la organización del Estado para varias legislaturas, gobierne el PP o el PSOE.

Los estudios realizados tanto por fuentes de la Administración como de instituciones privadas insisten en que el problema no radica tanto en la dimensión del sector público, aunque sea lo más llamativo, sino en su ineficacia. Está por definir para qué sirve y cuales son sus competencias. Hay salir del enfrentamiento de lo público contra lo privado, para llevar el debate a la eficiencia y a la asignación de recursos. Quedarse sólo en el conflicto laboral es aplazar lo inevitable.

Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario LA GACETA (Madrid) el 23 de diciembre de 2012

El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprueba el nuevo modelo de financiación

cppfEl Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, en el transcurso de la reunión mantenida hoy en el Ministerio de Economía y Hacienda. El nuevo modelo de financiación se ha aprobado en primera votación con 10 votos a favor, lo que significa más de dos tercios de los votos, y 7 abstenciones. Las comunidades autónomas que han dado su apoyo al acuerdo de reforma han sido Andalucía, Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y la ciudad autónoma de Ceuta.

Las abstenciones han correspondido a las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana, y la ciudad autónoma de Melilla. País Vasco y Navarra han mantenido la tradicional posición de no votar por ser dos comunidades autónomas que no se rigen por el régimen común. Tras la aprobación del nuevo modelo de financiación, el Gobierno trabajará en las próximas semanas en la redacción del anteproyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), así como de la Ley 21/2001.

El nuevo modelo de financiación, según el Gobierno,  tiene dos objetivos fundamentales: que todas las comunidades autónomas puedan contar con más recursos y que todos los ciudadanos tengan garantizada la igualdad en los servicios públicos fundamentales –sanidad, educación y servicios sociales- sea cual sea la comunidad autónoma en la que residan. Así, este sistema resulta más justo y equitativo que el anterior y beneficia a todas las comunidades autónomas, porque todas van a ver mejorada su financiación, y a todos los ciudadanos, porque tendrán mejores servicios públicos.

Con el nuevo modelo, las comunidades autónomas -siempre según el Gobierno- tendrán mayor autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal, ya que contarán con un mayor porcentaje de impuestos cedidos y una mayor capacidad normativa. El 80% de los recursos del sistema se destinarán a la solidaridad, garantizando igual financiación para los servicios públicos fundamentales, y el 20% restante sufragará la convergencia entre comunidades autónomas. y garantizará la suficiencia financiera para el desarrollo del resto de competencias transferidas. El Estado aportará en torno a 11.000 millones de euros adicionales.

Para atender a estos objetivos, los instrumentos con que cuenta el nuevo sistema son el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, que financiará en condiciones  de igualdad la sanidad, la educación y los servicios sociales; el Fondo de Suficiencia Global para la financiación de las competencias transferidas, que completa los recursos tributarios propios de cada autonomía; y dos fondos de convergencia: el de Competitividad, que permitirá reducir las diferencias en financiación per cápita, y el de Cooperación, para ayudar a las que tienen menor nivel de renta.

Así, el nuevo modelo asegura, según la ministra de Econmía Elena Salgado, la financiación adecuada de todos los servicios públicos y las competencias transferidas, se reducen las diferencias en financiación y renta per cápita y se refuerza el Estado del Bienestar en todas las comunidades, gracias a la mayor aportación de recursos por parte del Estado.

El nuevo sistema parte del reconocimiento de los cambios demográficos  de la última década en España y plantea un mecanismo de actualización anual que permite un sistema más flexible y eficaz que el anterior. El modelo se rige por criterios de población ajustada que reflejan mejor las diferencias en el coste de la prestación de los servicios en las distintas comunidades autónomas, de modo que se pueda dar una mejor respuesta a sus necesidades reales de gasto. De esta forma, se incluyen variables como el número de habitantes, la población sanitaria protegida, la población escolar, los mayores de 65 años, la dispersión, la densidad o la insularidad.

Solidaridad y gasto

El Estado de las Autonomías que surge del Art. 2 de la Constitución sólo es viable si dispone de los recursos necesarios para desarrollar una política complementaria a la del Estado basada en la solidaridad. Salvo el País Vasco y Navarra cuya financiación está sustentada en un sistema foral, el resto se han financiado por la aportación directa del Estado unida a la transferencia de competencias, aunque ni los funcionarios ni los presupuestos de la administración central han disminuido, sino que se ha incrementado el gasto y el personal.

Las autonomías han accedido a una financiación directa de los Presupuestos a través de la corresponsabilidad fiscal, siendo destinatarias de un 30%, aproximadamente, de las recaudaciones del IVA y del IRPF (el 50% con el nuevo sistema) y algo más de los impuestos especiales (alcohol, gasolina y tabaco). Las CC AA se reparten anualmente unos 114.000 millones de euros, con los que atienden servicios como sanidad o educación.

El sistema actual data del año 2002 y fue aprobado por el Gobierno de Aznar tras una drástica reducción del déficit y en la senda del superávit. Su revisión estaba prevista cinco años más tarde, pero la aprobación de los nuevos estatutos de autonomía, especialmente el de Cataluña, ha acelerado la reforma que llega, sin embargo, en el peor momento para la economía nacional ya que va a suponer un importante aumento del gasto y la deuda en medio de la crisis económica.

La población se ha incrementado en siete millones, de los que casi cinco son emigrantes, y existía una importante diferencia de financiación per cápita que llegaba hasta el 40% entre los residentes en distintas comunidades. Pero la caja de los truenos ha estallado porque el sistema que propone el Gobierno garantiza a Cataluña no ya 3.855 millones más para esta comunidad de los 11.000 de incremento, sino un plus adicional a perpetuidad que casa mal con el mandato constitucional de la solidaridad interregional.

El Gobierno apela a un consenso en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se reunirá el próximo día 15, pero según  el artículo 5.1 de su Reglamento sólo emite recomendaciones, por lo que, en teoría, podrían votar todas las comunidades en contra y remitir el texto de la nueva financiación al Congreso sin modificaciones. El Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas fue creado en 1980 por la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) y está constituido por el ministro de Economía, el de Administraciones Públicas y los consejeros de Hacienda de cada comunidad.

Artículo publicado por Jesús Fernández Briceño en el diario La Razón (Madrid), el 13 de julio de 2009