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El Patronato de los Telefónica Ability Awards ratifica a los 48 finalistas en las primera edición de sus premios

Enviado por el noviembre 18, 2010 Sin comentarios

El presidente de Telefónica, César Alierta, se ha reunido hoy con el resto de miembros del Patronato de los Telefónica Ability Awards para ratificar a las 48 entidades finalistas del proceso que optarán a los galardones en su primera edición española. Los Telefónica Ability Awards reconocen públicamente a aquellas empresas e instituciones españolas que desarrollan modelos de negocio sostenibles que integran la discapacidad en su cadena de valor, ya sea como empleados, proveedores y/o clientes.

Este Patronato, constituido por una treintena de personalidades y representantes de Ministerios, Universidades, sindicatos, tejido asociativo vinculado al mundo de la discapacidad y distintas asociaciones del entorno empresarial y social (ver anexo 1), ha ratificado a estas 48 entidades apoyándose en los exhaustivos análisis técnicos realizados por PwC España, Entidad Verificadora Independiente del proceso, al que se han presentado más de 450 candidaturas.

Las 48 entidades ratificadas hoy por el Patronato y calificadas por éste como Compañías Ability, optan a los premios en sus seis categorías principales –Compromiso de la Alta Dirección y
Liderazgo de los Empleados; Reclutamiento y Selección; Accesibilidad, Orientación a Clientes; Desarrollo Profesional y Formación; y Prevención y Retención- y tres adicionales – Mejor gran empresa privada; Mejor pequeña o mediana empresa privada, y Mejor organización del sector público-. Las nueve entidades ganadoras se conocerán el próximo mes de enero en el transcurso de un solemne acto.

Entre las Compañías Ability hay grandes empresas de sectores diversos como Tecnologías de la Información, Sanidad, Seguros, Transportes o Finanzas. También se incluyen entre los finalistas algunas instituciones públicas, y cabe destacar la importante presencia de pymes. La Comunidad Autónoma con más representación en la lista de finalistas es Madrid, ya que 24 de esas entidades tienen su sede en este territorio. Le siguen Andalucía con cinco y Cataluña y Castilla y León
con cuatro cada una.

En esta primera edición, la categoría para la que se han recibido un mayor número de solicitudes ha sido Orientación a Clientes con un total de 154 registros, lo que supone un 34% del total, seguida por Accesibilidad con 92 solicitudes – 20%- y por Compromiso de la Alta Dirección y Liderazgo de los Empleados,
con 86 candidaturas -19%-.

En relación a las organizaciones que han presentado inicialmente su candidatura, proceden, principalmente, de la Comunidad de Madrid (30%) y de Cataluña (18%), seguidas de Andalucía, Valencia y Castilla y León. Asimismo, los sectores más representados son los de Educación y Formación (15%), Sector
Público (9%) e Industrial (7%).

El 77% de las organizaciones que se han presentado pertenecen al sector privado, y en cuanto al tamaño y tipo de empresa la mayor parte de las candidaturas corresponden a pequeñas y medianas empresas, que representan el 48% de los candidatos seleccionados. Las grandes empresas constituyen el 23% y siete entidades son empresas del Ibex-35. Por último, las organizaciones sin ánimo de lucro representan un 12%, las universidades un 9% y los ayuntamientos un 5%.

Por su parte, PwC ha actuado durante todo el proceso como Entidad Verificadora Independiente, responsable de garantizar la excelencia del proceso, dotándolo de rigor, independencia, confidencialidad, objetividad y transparencia, y siendo responsable de recibir, custodiar y evaluar la validez y solvencia de las
candidaturas remitidas a los premios.

Los Ability Awards tienen su origen en Irlanda donde son patrocinados por Telefónica O2 desde hace cuatro años y han conseguido un gran impacto en el mundo empresarial y en la sociedad. En concreto, los creó Kanchi, una organización sin ánimo de lucro constituida para mejorar las relaciones entre las personas
con discapacidad y la sociedad. Tras el éxito logrado, Caroline Casey, fundadora y presidenta de Kanchi, se planteó extender los galardones a otros países.

España es el primer país donde llegan y lo hacen de la mano de Telefónica con el respaldo de un prestigioso Patronato, formado por representantes del sector privado, el sector público, del tejido asociativo vinculado al mundo de la discapacidad, el entorno empresarial-sindical, el entorno académico y el entorno
multilateral. En concreto, ha sido de especial relevancia el impulso del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), ONCE y Fundación ONCE.

El proceso de selección
De las 458 candidaturas totales recibidas por parte de 273 entidades, 371 cumplían todos los requerimientos establecidos en las bases del concurso, por lo que pasaron a la segunda fase del proceso (junio-septiembre), en la que se les solicitó abordar un ejercicio exhaustivo de autodiagnóstico que incluyó la aportación de evidencias de las buenas prácticas que llevan a cabo en materia de discapacidad.

Las compañías con mayor puntuación en el autodiagnóstico fueron visitadas por PwC para mantener entrevistas personales por separado con el Presidente de la organización, con la persona de la organización que presentó la candidatura y con un panel de empleados no directivos. El resultado de estas entrevistas junto con la información recabada en el autodiagnóstico fue el material clave para identificar a las pre-finalistas, sometidas el pasado 11 de noviembre a la votación del jurado preliminar para designar a
los finalistas, que ha ratificado hoy el Patronato.

Un equipo de 10 expertos de PwC ha recibido, custodiado y evaluado la validez y solvencia de las candidaturas remitidas a los premios.
Más información sobre los premios en: www.telefonicaabilityawards.com y en www.twitter.com/abilityawards

Despedir funcionarios: misión imposible

Enviado por el noviembre 17, 2010 1 comentario

Las medidas de austeridad anunciadas por Cameron en el Reino Unido y Merkel en Alemania han puesto de actualidad el tamaño del sector público y, sobre todo, el hipotético despido de los funcionarios. Cuando Cameron ganó las elecciones anunció que podría recortar hasta 600.000 funcionarios, pero la cifra ya ha bajado a 300.000 y analizando el trasfondo se trata, en realidad, de suprimir cargos y funciones llevadas a cabo por personal contratado en la sanidad, el ejército, la policía o la educación. En la misma línea Ángela Merkel abandera una cruzada contra el despilfarro de la administración, pero tampoco se van a despedir funcionarios de carrera, sino que no se van a reponer las bajas naturales. Algo parecido a lo que se prevé en España en donde el índice de reposición será del 10 por 100, sólo que la norma salta hecha trizas por los contratados, interinos y cargos de libre designación.

España es uno de los países de Europa con más funcionarios, 2.7 millones, superados por Francia (5,2 millones), Alemania (4,5 millones); Polonia (3,5 millones) e Italia (3,4 millones). En proporción por habitantes, la palma se la lleva Suecia (12,3 ciudadanos por funcionario), seguida por  Francia con 12,5; Bélgica, Italia y Portugal con 13,0. España, a pesar de la diferencia de población, tiene la misma proporción que Alemania, 18,2 habitantes por cada funcionario. El porcentaje más eficiente es el de Austria o Luxemburgo, con  23,9 y 21,0, respectivamente.
En Europa coexisten sistemas puros de carrera (Bélgica, Alemania, Grecia o Austria) o de empleo (Suecia) y, con algunas peculiaridades, el Reino Unido. El sistema español de carrera se caracteriza por la inamovibilidad como garantía de la independencia; la selección con carácter general para cuerpos y de forma excepcional para puestos (personal eventual e interino) y régimen especial disciplinario y de incompatibilidades. En cualquiera de los casos, salvo el régimen italiano que ha dado un giro copernicano, las posibilidades de despido son muy remotas.

El paradigma del funcionario como servidor público, investido de un blindaje a perpetuidad, es el francés, en donde el empleado que acredita los conocimientos y titulación adecuada se incorpora a un cuerpo de la administración. En Italia, desde 2001, se está produciendo una revolución administrativa de la función pública con la incorporación del convenio colectivo como relación contractual del funcionario con el Estado; ha desaparecido de facto el acto de nombramiento y se contempla la rescisión unilateral del empleador, es decir el despido. En el Reino Unido convive un sistema dual de estructura abierta que engloba a los altos funcionarios adscritos a los tres escalones más altos de la administración y una estructura cerrada en la que se puede ir ascendiendo por promoción interna. Existe un catálogo de derechos y deberes y un código de gestión que regula la clasificación, indemnización, despidos, etc.

En España el último intento de racionalización de la Función Pública fue promovido por el ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla en 2005. Cuando el plan se presentó el número de funcionarios era de 2.358.000. Hoy, lejos de racionalizarse, ha aumentado casi en otro medio millón. Sevilla pretendía una administración más cooperativa, funcional, eficaz, flexible, cualificada y próxima al ciudadano e incorporaba términos “revolucionarios” como la evaluación, la redistribución geográfica y las jubilaciones anticipadas. El rechazo fue tal que firmó con este plan su propio cese.

Los funcionarios en España sólo pueden ser amonestados o separados del servicio (no existe el término despido) por causas disciplinarias tal como recoge el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007 de 12 de abril) en los artículos 93 y siguientes. Las causas son tan laxas y el procedimiento tan complejo que hace prácticamente imposible su aplicación y más de forma generalizada por causas económicas o de organización, tal como ocurre con el derecho laboral común.

(Ilustración: Este es uno de los chistes más famosos de Forges y que más circula por la red)

Artículo publicado por  Jesús F. Briceño en la revista EPOCA (Suplemento dominical de LA GACETA) el día 14 de noviembre de 2010

Presupuestos anticrisis con importantes recortes del gasto para 2011

Enviado por el septiembre 30, 2010 Sin comentarios

La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha presentado hoy en el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado para 2011. Estos Presupuestos continúan el esfuerzo de consolidación fiscal iniciado en las cuentas públicas de 2010 y permitirán cumplir con el objetivo de déficit del 2,3% del PIB fijado para la Administración General del Estado en la senda de consolidación fiscal definida dentro del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria para el periodo 2010-2013. Ésta establece como objetivo para el conjunto de las Administraciones Públicas cerrar el ejercicio de 2011 con un déficit del 6% del PIB. Son, por tanto, unos presupuestos austeros, que desarrollan las medidas de ajuste planteadas en el Plan de Revisión del Gasto de la Administración General del Estado 2011-2013, aprobado en mayo pasado; pero que también optimizan la eficiencia en el uso de los recursos públicos para, apoyándose en el proceso de reformas estructurales puesto en marcha en los últimos meses, contribuir a la recuperación de la economía española. Persiguen, por tanto, dos objetivos complementarios: la reducción del déficit, como prioridad en el corto plazo; y el incremento de la competitividad de nuestra economía, como objetivo a medio y largo plazo. Las cuentas públicas de 2011, además, mantienen el esfuerzo en protección social, singularmente en lo que se refiere a la protección de los desempleados y los pensionistas con prestaciones más bajas; y priorizan en términos relativos aquellas políticas de gasto que se estiman prioritarias para promover el cambio de modelo productivo, como las relacionadas con I+D+i y educación.

PRIORIDAD: LA CONSOLIDACIÓN FISCAL
Los compromisos adquiridos por el Gobierno en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento establecen que el déficit público del conjunto del sector público español debe reducirse desde el 11,1% del PIB que se alcanzó en 2009, hasta el 3% en 2013, es decir, en sólo cuatro ejercicios presupuestarios. Para lograrlo resulta necesario que el déficit de las cuentas públicas se sitúe en el 6% del PIB a la finalización del año 2011 y que el déficit del Estado se reduzca hasta el 2,3% durante el próximo año, según marca la senda de consolidación fiscal aprobada por el Parlamento.

Al objeto de cumplir con ese objetivo, los Presupuestos Generales del Estado para 2011 recortan un 7,9% el gasto de la Administración General del Estado respecto al presupuestado en 2010. El techo de gasto no financiero del Estado queda situado así en 122.022 millones de euros en términos homogéneos. Esta cifra no incluye la financiación de las administraciones territoriales, dado que la plena entrada en vigor del nuevo sistema de financiación autonómica impide la comparación directa con los datos de 2010. Esto es así porque el modelo aprobado en diciembre de 2009 supone una reducción del gasto estatal, debido al menor importe del Fondo de Suficiencia, consecuencia, a su vez, de la mayor cesión de impuestos a las comunidades autónomas. Una vez sumada la financiación territorial, el límite de gasto no financiero del Estado se sitúa en 150.056 millones, inferior en un 18,9% al de 2010. Este fuerte ajuste del gasto público en 2011 materializa los criterios de austeridad recogidos en el Plan de Revisión del Gasto de la Administración General del Estado para el periodo 2011-2013, aprobado el pasado mes de mayo. En el marco de este plan, el proyecto presupuestario que el Gobierno ha presentado hoy en el Congreso concreta, entre otras medidas, la congelación de las retribuciones del personal al servicio de la Administración, consolidando así el efecto de la rebaja media del 5% puesta en práctica el pasado mes de junio; y la restricción de la oferta de empleo público, por la vía de cubrir sólo una de cada diez vacantes que se generen en la Administración.

El resultado de esta estrategia de austeridad tiene fiel reflejo en las cuentas públicas de 2011, que van a permitir la reducción en cerca de 20.000 millones de euros (1,9% del PIB) del desequilibrio acumulado por las arcas del Estado durante la crisis económica. Para conseguirlo, los Presupuestos plantean una disminución media del 15,6% en los créditos disponibles por parte de los ministerios, que deberán trasladar este ajuste a los capítulos y partidas presupuestarias que estén bajo su gestión; y recortan en un 6,7% los gastos de funcionamiento de la Administración General del Estado (excluidos los asociados a la celebración de procesos electorales), lo que será posible mediante un utilización más eficaz de los medios materiales disponibles.

No se reducen los recursos destinados a gasto social, que crecen un 1,3% hasta los 183.231 millones de euros, un 58% del presupuesto total consolidado. El Gobierno mantiene su compromiso de garantizar el nivel de cobertura de las prestaciones por desempleo, así como el de dotar el Fondo de Reserva de las pensiones, que recibirá 3.457 millones de euros adicionales. El gasto en pensiones aumenta un 3,6%. Entre las partidas que no se ven afectadas por estos recortes generalizados destacan la de becas, que experimenta un crecimiento del 2,6% hasta alcanzar un importe de 1.430 millones de euros; y la de las pensiones mínimas, que se incrementan un 1% durante el ejercicio. El ajuste afecta a casi todas las partidas de gasto, si bien el Gobierno ha tratado de preservar las políticas que más pueden contribuir a incrementar la capacidad productiva de la economía. De este modo, las actuaciones directas en I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación sólo ven recortadas sus dotaciones en un 1,6%, manteniendo los niveles de inversión actuales vinculados al Plan Nacional de I+D+i y a la Estrategia de Innovación; mientras que el esfuerzo inversor en infraestructuras se reduce, pero mantiene en 2011 una importante dotación de 17.074 millones de euros.

SEGUIRÁN MEJORANDO LOS INGRESOS
Los ingresos no financieros del Estado antes de descontar la participación de las administraciones territoriales en IRPF, IVA eImpuestos Especiales, lo que permite compararlos con los de 2010, alcanzarán los 178.917 millones de euros, un 5,7% más que la recaudación esperada para el presente ejercicio. Excluida la cesión a los entes territoriales, los ingresos no financieros del Estado serán de 106.020 millones de euros. Por su parte, los ingresos tributarios del Estado en términos homogéneos, es decir, antes de la cesión de parte de los mismos a los entes territoriales, experimentarán un incremento del 6,1%, situándose en 164.932 millones de euros, frente a los 155.322 millones de 2010. El empuje proporcionado por el inicio de la reactivación económica y el efecto positivo sobre la recaudación de las diferentes medidas normativas puestas en marcha por el Gobierno -tanto en los últimos presupuestos como en el Real Decreto Ley de medidas extraordinarias de reducción del gasto público de mayo- permitirán consolidar el crecimiento de los ingresos por segundo año consecutivo.

Las nuevas medidas fiscales incluidas en el proyecto de Presupuestos
tendrán un efecto limitado en la recaudación. En concreto, el proyecto que inicia hoy su tramitación parlamentaria prevé la creación de dos nuevos tramos en el IRPF para las rentas del trabajo y de actividades económicas más elevadas. El primero se aplicará a los contribuyentes con base liquidable general de entre 120.000 y 175.000 euros, y supondrá elevar en un punto el tipo marginal máximo de la cuota estatal del IRPF, que pasa del 21,5% al 22,5%. El segundo tramo de nueva creación gravará a los contribuyentes con bases liquidables superiores a 175.000 euros, que verán elevado su marginal máximo en dos puntos, pasando al 23,5%. También se crea un nuevo límite máximo de 300.000 euros en el IRPF para las retribuciones plurianuales, por encima del cual no será de aplicación la reducción del 40%; y se modifica la normativa de las sicav para someter a gravamen todas las percepciones que materialicen sus partícipes independientemente del método utilizado. Finalmente, también se reforma el Impuesto sobre Sociedades para permitir que las entidades de reducida dimensión que pierdan tal condición, como consecuencia del incremento de su facturación o de operaciones societarias, puedan seguir aplicándose el régimen especial previsto para este tipo de empresas durante los tres ejercicios siguientes. Estas entidades también disfrutarán de exención en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en las operaciones de ampliación de capital que lleven a cabo en 2011 y 2012.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado incorpora, asimismo, medidas fiscales incluidas en otros proyectos normativos, pero cuya puesta en marcha se quiere garantizar para el 1 de enero de 2011. Entre éstas destaca la supresión parcial de la deducción por adquisición de vivienda habitual en el IRPF para contribuyentes con bases imponibles iguales o superiores a 24.170,20 euros, así como la equiparación de los límites establecidos para la aplicación de este beneficio fiscal con los de la deducción por alquiler.La recaudación por IRPF alcanzará los 71.761 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,2% en relación a los ingresos previstos en 2010, debido, principalmente, al incremento esperado en las rentas del capital, al moderado crecimiento del empleo y a los cambios normativos introducidos en el impuesto.

El Impuesto sobre Sociedades, por su parte, proporcionará unos ingresos de 16.008 millones de euros, con un crecimiento del 9,3% sobre la previsión de liquidación de este año. Este mejor comportamiento se explica por la mejora esperada en los beneficios empresariales. En el primer año completo en el que estarán en vigor los nuevos tipos en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), la previsión de recaudación asciende a 48.952 millones de euros, un 7,3% más que en 2010, incremento explicado en su mayor parte por el alza de tipos del impuesto. Los Impuestos Especiales recaudarán un 2,3% más en 2011 y aportarán 20.825 millones de euros a las arcas públicas, mientras el capítulo de otros ingresos tributarios sumará 7.386 millones, un 2,3% más.