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Mini diálogo social

Cuando no hay harina todo es mohína y ésta parece que va a ser la tónica de este diálogo social reducido a la mínima expresión. Los interlocutores están “quemados” antes de posar para la foto. Los sindicatos por su actitud pusilánime ante la crisis y la CEOE porque no ve más allá del abaratamiento del despido con un presidente en la picota. Las relaciones laborales en el siglo XXI son algo más que un horario, una nómina, un despido o una jubilación. La casuística se ha multiplicado de tal forma que ni los convenios sectoriales o provinciales o el papel que las leyes otorgan a los sindicatos son de aplicación en la actualidad.

Habrá quien piense que no es momento de abrir el melón de una reforma laboral en profundidad y dudo mucho de que con el talante del actual inquilino de La Moncloa tal reforma tuviera éxito, pero la base de toda nuestra organización laboral, el Estatuto de los Trabajadores, está pidiendo una revisión total. El citado Estatuto fue aprobado en 1980, y aunque ha sufrido casi medio centenar de modificaciones, el sistema productivo y las prioridades políticas, económicas y sociales andaban por otros derroteros.

España ha cambiado mucho en estos treinta años. La transformación de una sociedad agrícola e industrial a una de servicios, la adhesión a la Unión Europea, la liberalización de los mercados, el fenómeno de la emigración, la plena incorporación de la mujer al mercado de trabajo y, sobre todo, la aceleración del cambio tecnológico ha transformado la estructura económica y ha incidido de lleno en el empleo. Cuando se aprobó el Estatuto de los Trabajadores no existía Internet y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ha dado origen a una Nueva Economía que necesita nuevas reglas de juego. Quizá a los agentes sociales les baste un acuerdo de mínimos que garantice más la paz social que el progreso, pero el Gobierno debería ser más ambicioso y abordar una reforma en profundidad. Sólo así podremos coger el tren de la recuperación con los deberes hechos.

Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario La Gaceta (Madrid), el día 21 de enero de 2010

IPC más IVA

Zapatero se va a cobrar los 400 euros que alegremente repartió el año pasado como deducción en el IRPF a través de la anunciada subida del IVA. El impuesto sobre el valor añadido grava el consumo y por su propia naturaleza es técnicamente neutro para las empresas y teóricamente injusto para los ciudadanos, ya que no establece ningún criterio de proporcionalidad sobre la renta. Pagan igual ricos que pobres.

Por esta razón la subida del tipo impositivo general que ahora está en el 16 por 100 supondrá un mayor esfuerzo fiscal a las rentas medias y bajas que son las que más consumen en términos absolutos. Hacen falta quince mil millones adicionales para cuadrar las cuentas con un déficit que no supere el 12 por 100 y de algún sitio tiene que salir el dinero. Lo ortodoxo sería promover el incremento de la actividad económica para que el propio sistema productivo genere los ingresos adicionales que necesita el Estado vía beneficios empresariales o sobre el incremento de la renta personal y no pagando a escote el despilfarro público.

El IVA grava directamente las compras encareciendo los productos y servicios ya que las empresas repercuten en cadena todos los ivas soportados en el proceso productivo. Como mal menor el incremento de la recaudación es inmediato y como mal mayor hay que señalar que puede desincentivar el consumo y favorecer la economía sumergida aunque subirá el IPC.

Artículo publicado por Jesús Fernández Briceño en el diario La Razón (Madrid), el 20 de septiembre de 2009