Archivos de Tags: Vigor

Vino nuevo en odres nuevos

El artículo 37 de la Constitución del 78 dice que la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. Sólo año y medio después, en marzo de 1980, entró en vigor el Estatuto de los Trabajadores que dedica su Título III a la negociación de los convenios colectivos. Con algunos lavados de cara, ese texto sigue vigente a la hora de organizar las relaciones entre capital y trabajo. Y nada tiene que ver el momento actual de producción de bienes y servicios con la década de los ochenta del siglo pasado. Basta comparar cualquier ranking empresarial para comprobar cómo ha cambiado España y el mundo. Sin ir más lejos, en esas fechas todavía no se atisba la revolución tecnológica de la sociedad de la información y la comunicación ni Internet.

El espíritu del Estatuto de los Trabajadores nada tiene que ver con la productividad, la rentabilidad o la innovación. Surgió con tres premisas: devolver a los trabajadores los derechos sindicales; otorgar a los sindicatos un papel preeminente y ser dique y cauce ante la conflictividad. Cumplido este papel, y tras la crisis, las relaciones laborales van por otros derroteros.

La reforma laboral pactada por la ejecutiva de la CEOE de Díaz Ferrán ha sido un fracaso y la actual sobre negociación colectiva con Rosell ha visto en las pasadas elecciones el signo de que todo pacto firmado bajo el paraguas de Zapatero es papel mojado. De ahí su órdago a través de CEIM para cambiar una decena de artículos del Estatuto de los Trabajadores, lo que equivale a una enmienda a la totalidad. En definitiva, de nada sirve un apaño para cubrir el expediente. Se trata de echar vino nuevo en odres nuevos antes de que las condiciones de trabajo nos las impongan desde Berlín.

Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario LA GACETA (Madrid), el 2 de junio de 20011

El Gordo de la Unión Europea

El Gordo de la UE que tocaba cada año ya no es tan gordo. Los poco más de dos mil millones de euros que reparte en premios la Lotería de Navidad nos correspondían cada año como saldo a nuestro favor entre lo que pagábamos y lo que recibíamos de la Unión Europea. Pero las cosas cambian. La unificación alemana y la incorporación de nuevos socios ha trastocado el sistema de reparto en Europa y en poco tiempo pasaremos de ser receptores a contribuyentes netos. Paradojas del destino, la UE nos considera un país rico cuando peor nos van las cosas.

Durante los últimos años, con la excepción del 2009, hemos estado disfrutando de un superávit en nuestras relaciones con la UE de unos 2.000 millones de euros, pero ya en los presupuestos de 2011 la previsión es de poco más de 1.000 millones y en 2014 pasaremos a ser un socio pudiente que paga más de lo que recibe. Hasta ahora era habitual ver carteles en las grandes obras públicas en las que se anunciaba que habían sido realizadas con fondos provenientes de la UE.
La red de autovías y buena parte del AVE han sido posibles gracias a este maná europeo. Pero, a partir de ahora, las infraestructuras van a necesitar un esfuerzo especial de financiación. Las grandes cifras del presupuesto de la Unión Europea para el año próximo dan que pensar. Los créditos de compromiso de la UE ascienden a 142.965 millones de euros, una cifra algo superior a toda la deuda de nuestras comunidades autónomas.

Durante 2011, España aportará 12,1 miles de millones de euros y recibirá 13,2, pero, a partir del siguiente año, esta tendencia variará por la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Entre otras aportaciones, el 0,30% del IVA armonizado irá a las arcas de la UE, un gasto fijo que se sumará al de las pensiones y otros compromisos sociales. Nuestros presupuestos serán más rígidos, de ahí la necesidad de llevar a cabo reformas estructurales. Nos vamos quedando solos y nadie nos va a sacar las castañas del fuego.

Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario LA GACETA (Madrid), el 23 de diciembre de 2010

La tasa de morosidad volverá a crecer en 2011, según FEDEA

Las proyecciones de las tasas de morosidad agregada (hogares & empresas) y del total de sectores productivos (empresas) muestran un panorama estable hasta finales de año, con un cierto repunte a partir del 2011. En cuanto a la tasa de morosidad agregada, se espera que ésta acabe el año cerca del 5.5 %, valor alrededor del cual lleva fluctuando desde el segundo trimestre, para luego superar dicho valor en los primeros meses del 2011.

Ello es debido a que, pese al continuo incremento del euribor desde sus mínimos de Marzo y el incremento en el paro registrado en los últimos meses, el sector inmobiliario y de la construcción ha experimentando una notable mejoría en las ventas durante gran parte del año, principalmente debida a la eliminación de la mayor parte de las deducciones fiscales por compra de vivienda que entrará en vigor en Enero de 2011. Sin embargo, puede ser que ese efecto esté ya declinando, como lo mostraría la caída en la compra-venta de viviendas en Septiembre tras 8 meses seguidos de incrementos interanuales.

Respecto a la tasa de morosidad del total de sectores productivos, las proyecciones apuntan a un cierto repunte en el tercer trimestre del año y a una ligera caída a finales de año, para cerrar éste alrededor del 7%. Sin embargo, es de esperar que ésta vuelva a crecer a partir del próximo año debido a factores como la ya mencionada eliminación de las ayudas fiscales a la compra de vivienda y a las expectativas de un débil crecimiento económico en 2011, probablemente insuficiente para generar empleo e impulsar la demanda interna.

Por todo ello las previsiones de FEDEA indican un incremento en las tasas de morosidad en los primeros meses del 2011, si bien será necesario analizar detenidamente la evolución de la economía mundial y especialmente la de la inestable zona euro, donde se hayan nuestros principales socios comerciales, para ver si las exportaciones pueden en parte sustituir a la demanda interna. Además, las actuales tensiones en los mercados de deuda soberana y las dudas sobre el manejo de las mismas por parte de la Unión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo generan un componente adicional de incertidumbre.

Ver informe completo: http://www.crisis09.es/pymes-morosidad/

Santander obtiene un beneficio atribuido de 6.080 millones, un 9,8 por 100 menos que hace un año

Banco Santander obtuvo en los nueve primeros meses de 2010 un beneficio atribuido ordinario de 6.552 millones de euros, lo que supone un descenso del 2,8% con respecto al mismo periodo de 2009. En el tercer trimestre ha entrado en vigor la nueva circular del Banco de España en materia de provisiones, cuyo impacto neto en las cuentas del Banco asciende a 472 millones, que se ha decidido cargar contra la cuenta de resultados. Esto implica que el beneficio atribuido del tercer trimestre pase a ser 1.635 millones, en lugar de 2.107 millones de euros, y el del conjunto de los nueve primeros meses de 6.080 millones, con un descenso del 9,8% respecto del mismo periodo del año pasado.

La normativa del Banco de España afecta sustancialmente al calendario de las dotaciones para insolvencias y a las provisiones por los inmuebles adquiridos o adjudicados. La nueva normativa sobre calendario de provisiones para insolvencias implica para Banco Santander incrementar las dotaciones en 693 millones de euros. En cambio, los nuevos criterios de provisiones por inmuebles habrían permitido a la entidad liberar dotaciones por importe de 725 millones de euros. Por tanto, si la circular se hubiera aplicado literalmente, habría tenido un impacto positivo en la cuenta de resultados de 32 millones de euros, antes de impuestos.

Sin embargo, Banco Santander, siguiendo criterios de máxima prudencia, ha decidido no liberar provisiones por inmuebles y mantener el conjunto de la cartera de inmuebles adquiridos y adjudicados con una dotación equivalente al 30% del valor de tasación de los mismos.

Esta dotación de 472 millones por cambio de normativa afectará a los resultados del conjunto del año, que se situarían por debajo de la estimación realizada en la Junta de Accionistas del pasado mes de junio (obtener unos resultados en el entorno de los de 2009). El beneficio ordinario y recurrente de los nueve primeros meses de este año ha ascendido a 6.552 millones de euros, de los que 2.107 millones corresponden al tercer trimestre. Estos resultados permiten mantener la retribución para el accionista en 0,60 euros por acción, la misma que percibieron en 2009.

Banco Santander tiene entre sus prioridades reforzar la calidad de su balance, razón por la que durante los nueve primeros meses de este año ha realizado provisiones para insolvencias por importe de 9.072 millones (+8%), a pesar de que las entradas de mora continúan cayendo. En el tercer trimestre de este año las entradas de mora han sido de 2.900 millones, las más bajas desde el segundo trimestre de 2008. Banco

Santander tiene una tasa de mora del 3,42%, cinco centésimas más que el trimestre anterior, entre las más bajas del sector tanto a nivel de Grupo como en cada uno de sus mercados. La tasa de mora en España es del 3,88%, frente a una media del sector del 5,6%. Todo ello ha permitido mejorar la cobertura para insolvencias, que es del 75%, dos puntos más que hace un año.

Además, el Grupo cuenta aún con provisiones genéricas de 6.482 millones de euros, de los que 1.387 millones corresponden a España; 1.647 millones al resto de Europa y 3.448 millones a América.

Banco Santander ha seguido fortaleciendo su posición de liquidez con un volumen de recursos captados de 135.200 millones de euros en el ejercicio entre depósitos (94.300 millones de euros) y emisiones a medio y largo plazo (40.900 millones de euros incluyendo titulizaciones).

Resultados

La evolución del negocio de Banco Santander durante los nueve primeros meses permite un crecimiento del margen de intereses del 12% y del 7% en los ingresos por comisiones, que tras un descenso de los resultados por operaciones financieras del 28% dejan el margen bruto en 31.436 millones de euros, con un aumento del 7%. Por tanto, este crecimiento está apoyado en los ingresos más recurrentes. Tras descontar los costes de explotación, el margen neto alcanza 17.938 millones de euros, con un incremento del 4%.

Tras realizar dotaciones por importe de 9.072 millones, el beneficio antes de impuestos se sitúa en 8.866 millones, con una subida del 1%. Descontado el pago de impuestos y los intereses correspondientes a los accionistas minoritarios que participan en subsidiarias del Grupo, el beneficio atribuido se sitúa en 6.080 millones, con un descenso del 9,8%.

Si analizamos la evolución de los resultados por áreas geográficas, observamos que Europa Continental alcanza un beneficio atribuido de 3.175 millones (-20%), con 995 millones (-35%) de la Red Santander España como unidad principal, afectados ambos por la dotación extraordinaria realizada por el cambio de normativa. Es destacable el comportamiento relativo de Santander Consumer Finance, que aumenta sus beneficios por encima del 26% y se colocan en 601 millones de euros. Reino Unido, por su parte, crece un 13% su beneficio en libras, que asciende a 1.313 millones (1.533 millones de euros y +17%). En Latinoamérica, el beneficio atribuido alcanza 3.482 millones de euros (+24%). La mayor aportación corresponde a Brasil, que gana 2.079 millones de euros (+31%), seguida por Chile, con 491 millones de euros (+26%) y México, con 479 millones de euros (+36%).

El 37% del beneficio del Grupo Santander procede de los negocios en Europa Continental (un 17% España), un 42% de Latinoamérica (un 25% Brasil), un 18% de Reino Unido y un 3% de Sovereign (Estados Unidos), que en este trimestre gana 293 millones de euros, frente a pérdidas de 29 millones del mismo periodo de 2009.

El run-run del verano

Uno de los momentos más delicados y también más difíciles en la vida de una empresa es el del relevo. En España hemos tenido casos sonados de éxitos y de fracasos tanto en el ámbito institucional como en el empresarial. Incluso se dice que cada tres generaciones se dilapida la herencia familiar. La longevidad actual hace aún más complejo este proceso ya que los sucesores naturales acceden a las más altas responsabilidades con el vigor de la juventud, incluso de la madurez, gastado.

El déficit, la deuda, los presupuestos y los estrés test que acaba de superar la banca son muy importantes, pero la comidilla en las reuniones estivales de los grandes magnates de la economía y las finanzas no es, ni siquiera, si a Zapatero le quedan dos telediarios, sino la salud del monarca. D. Juan Carlos que, ¡ojalá! goce muchos años de la vitalidad de la que ha hecho gala durante su vida de Rey y deportista, se ha parado en seco. Desde su intervención en Barcelona y tras una convalecencia mal explicada ha suspendido su agenda internacional y tan sólo ha viajado a Badajoz y Santiago con motivo del día de las FFAA y de la ofrenda al Apóstol. Este año, en Mallorca, perfil bajo, ni regatas ni actos sociales, tan sólo una cena de cortesía con la esposa de Obama.

La economía, pese a todo, sigue su curso. Telefónica acaba de ultimar su operación comercial más ambiciosa al tomar la mayoría en Vivo en un país como Brasil que crece en medio de la crisis ¡al 7,1 por 100! Santander y BBVA, reforzados tras las pruebas de tensión, enarbolan la bandera del éxito y preparan nuevas operaciones financieras para pasmo de la competencia. El contrapunto lo ponen los políticos. Zapatero ha renunciado a sus vacaciones, De la Vega a su gira estival y Montilla, en contra de la unidad de mercado, prohíbe la Fiesta Nacional en Cataluña. La economía tiene la virtud de convertir las noticias en hechos relevantes, mientras que, en política, cuando no hay noticias prevalecen  los rumores.

Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario La Gaceta (Madrid), el 29 de julio de 2010

Zapatero aborda el mayor recorte de gasto social y salarios de la democracia

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados para informar de las decisiones adoptadas en la reunión extraordinaria del Eurogrupo el pasado viernes, ha anunciado una serie de medidas «imprescindibles», «eficientes» y «lo más equitativas» posible para reducir el déficit público y cumplir así con mayor celeridad el compromiso de situarlo en el 3% del PIB en el año 2013.

El Consejo de Ministros aprobará, ha adelantado el Presidente, la próxima semana un decreto-ley para la entrada en vigor inmediata de estas medidas adicionales.

Paralelamente, añadió, el Consejo de Ministros del próximo viernes examinará el techo de gasto de los Presupuestos Generales del Estado para 2011 y el Plan de Austeridad 2011-2013, a fin de incorporar las consecuencias de estas decisiones.
Medidas

Las medidas enumeradas por el jefe del Ejecutivo se inscriben en el compromiso asumido por los Estados miembros de «acelerar o intensificar», en su caso, sus respectivos planes de consolidación fiscal. Además, contribuyen a reforzar la confianza en la economía española y la estabilidad financiera de la zona euro.

Éstas son las siguientes:

* Reducir las retribuciones de personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011. Los miembros del Gobierno y demás altos cargos tendrán una reducción superior al último tramo de la escala que se establezca para los empleados públicos.
* Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas.
* Eliminar el régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la Ley 40/2007.
* Eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011.
* Reducir los gastos en farmacia mediante una revisión del precio de los medicamentos excluidos del sistema de precios de referencia, y mediante la adecuación del número de unidades de los envases de los medicamentos a la duración estandarizada de los tratamientos, así como dispensación de medicamentos en unidosis.
* Suprimir, para los nuevos solicitantes, la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia al día de presentación de la solicitud, estableciéndose, paralelamente, un plazo máximo de resolución de 6 meses, cuyo incumplimiento llevará aparejada retroactividad desde esa fecha.
* Reducir, entre 2010-2011, 600 millones de euros en Ayuda Oficial al Desarrollo.
* Se prevé una reducción de 6.045 millones de euros entre 2010 y 2011 en la inversión pública estatal.
* Se prevé un ahorro adicional de 1.200 millones de euros por parte de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

Acciones ya emprendidas

Rodríguez Zapatero ha asegurado que se mantendrán efectivas las acciones ya emprendidas para impulsar la recuperación. Tales son las acordadas en el llamado proceso de Zurbano, las incluidas en la Ley de Economía Sostenible, el Plan de Participación público-privada para la inversión en infraestructuras, las nuevas líneas de crédito del ICO y las reformas estructurales en marcha.

También se refirió a tres procesos que ya están en marcha. El primero de ellos es el relativo a la reforma laboral, que se está negociando entre empresarios y sindicatos y deberá estar concluido este mes de mayo.

El segundo, afecta a la revisión del Pacto de Toledo que se lleva a cabo en el Congreso de los Diputados y espera que, «en no mucho tiempo», se pueda acordar.

El tercero, alude a la reestructuración de nuestro sistema financiero, especialmente el que atañe a las Cajas de Ahorro. En este punto, agradeció la disposición del líder del PP, Mariano Rajoy, para acordar una acción conjunta que impulse definitivamente este proceso.
Esfuerzo de todos

El Presidente ha dicho que no es fácil para un Gobierno presentar estas medidas de ajuste a sus conciudadanos. Especialmente difícil lo es para un Ejecutivo que ha dirigido sus esfuerzos a mejorar la situación de todos los ciudadanos y, especialmente, de los más necesitados.

Fundamentalmente, añadió, porque nada han tenido que ver con el origen de la crisis y , sin embargo son, ahora, los que mayoritariamente deben contribuir con su esfuerzo a corregir sus efectos.

También pidió a los grupos políticos responsabilidad y compromiso con esta tarea en la que todos debemos implicarnos porque lo exige «el bienestar de toda la sociedad».

Cumbre europea sobre derechos y libertades en La Granja (Segovia)

Palacio de La GranjaLos ministros para Europa de los 27 Estados miembros se reúnen hoy y mañana, en La Granja (Segovia), para abordar cuestiones que el Gobierno español considera necesitan el impulso de los responsables políticos europeos, si se ha de cumplir con las expectativas ciudadanas que ha generado el Tratado de Lisboa, que entró en vigor el pasado 1 de diciembre tras un largo proceso de negociaciones.

La plena aplicación del nuevo Tratado es una de las principales responsabilidades de la Presidencia española pues se considera que los ciudadanos de Europa han de percibir cuanto antes que la UE ha entrado en una nueva etapa. Por esta razón, la primera reunión ministerial que se celebra bajo Presidencia española está dedicada a esta cuestión.

Durante la jornada del miércoles, los ministros abordarán cuatro asuntos en particular que introduce como novedades el Tratado de Lisboa:

•La iniciativa legislativa popular: Con arreglo a este nuevo instrumento de participación ciudadana, al menos un millón de europeos, nacionales de un número significativo de Estados miembros, podrán invitar a la Comisión a formular una propuesta legislativa sobre asuntos que crean deben ser regulados a escala europea. Se trata de un instrumento fundamental para dar voz a los ciudadanos en los asuntos de la Unión. La Presidencia española desea que este instrumento de democracia directa se convierta en una realidad al servicio de los ciudadanos europeos en el menor plazo de tiempo posible. Por ello, impulsará la aprobación por parte del Parlamento Europeo y del Consejo de un reglamento en el que se fijarán las condiciones y los procedimientos requeridos para canalizar esta iniciativa, por lo que emplazará a la Comisión a que presente sin dilación la correspondiente propuesta.

•El lanzamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior: Este nuevo servicio europeo está destinado a dotar de mayor coherencia y eficacia a la acción exterior de la Unión y se compondrá de funcionarios de la Comisión, de la Secretaría General del Consejo, y de los Estados miembros. Sobre la base de los trabajos preparatorios plasmados en el Informe de la Presidencia sueca al Consejo Europeo de octubre, corresponde a la Presidencia española colaborar con la Alta Representante para lograr el objetivo fijado por los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE de aprobar las normas jurídicas necesarias para su establecimiento, antes de finales de abril de 2010, y asegurar su rápida puesta en marcha, para lo que cooperará también estrechamente con la Comisión y con el Parlamento europeo.

•La cláusula de solidaridad: El Tratado de Lisboa sienta la base jurídica necesaria para que los Estados miembros y la Unión puedan prestarse mutua asistencia en casos de ataque terrorista o de catástrofe natural o de origen humano. Se trata de un instrumento innovador que contribuirá a reforzar la protección de los ciudadanos europeos. Su desarrollo requiere la propuesta conjunta de la Comisión Europea y de la Alta Representante.

•La adhesión al Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa: Europa debe estar a la vanguardia de la defensa y promoción de los derechos humanos. Siguiendo el mandato del Tratado de Lisboa, la Presidencia española iniciará el proceso de adhesión de la UE. Esta adhesión refleja el compromiso de la UE con el respeto de los derechos humanos y complementa la aprobación de la Carta de los derechos fundamentales. Supondrá una garantía adicional para su protección efectiva. Sobre la base de la propuesta que presentará la Comisión, la Presidencia española impulsará las negociaciones con el fin de encontrar fórmulas consensuadas que respeten las especificidades comunitarias y las sensibilidades de todos los Estados.

Se aprueba una subvención de 420 euros para parados sin prestación

* Permitirá que los desempleados que agoten sus prestaciones o subsidios y tengan rentas inferiores al 75 por 100 del Salario Mínimo perciban una cantidad mensual de 420 euros.
* Para solicitar dicha ayuda disponen de dos meses desde el momento que hayan agotado su prestación.
* Con objeto de mejorar sus posibilidades de empleo, los beneficiarios deberán suscribir un compromiso de participación en itinerarios activos de inserción.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley en el que se crea el Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción, que facilitará cobertura económica a desempleados que agoten su prestación o subsidio y carezcan de rentas superiores al 75 por 100 del Salario Mínimo Interprofesional.

El Programa, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, tiene una vigencia de seis meses, prorrogables por periodos de seis meses. La financiación de la prestación, estimada en 642 millones de euros, correrá a cargo de los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal, mientras las Comunidades Autónomas financiarán las acciones incluidas en los itinerarios de empleo.

Con esta nueva medida el Gobierno contribuye a paliar la situación económica de un número aproximado de 340.000 desempleados que al finalizar sus periodos de prestación contributiva o subsidio no puedan acceder a otra prestación, así como a mejorar sus expectativas laborales.

El Programa facilitará una cobertura equivalente al 80 por 100 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 420 euros mensuales, y dispondrá de dos meses para solicitarla. Su percepción será incompatible con otras rentas concedidas por las distintas Administraciones Públicas. Asimismo, y con objeto de facilitar su incorporación al mercado laboral, el perceptor deberá participar en itinerarios de inserción, que mejorarán sus capacidades y competencias profesionales.

Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios de este Programa los desempleados menores de 65 años que hayan agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo desde el día 1 de agosto y los 180 días naturales siguientes a esa fecha y no tengan derecho al subsidio, siempre que carezcan de rentas superiores al 75 por 100 del Salario Mínimo Interprofesional, así como aquellos que hayan extinguido por agotamiento, incluidas las prórrogas, los subsidios por desempleo.

En ambos casos las personas desempleadas deberán estar inscritas como demandantes de empleo, suscribir el compromiso de actividad y comprometerse a realizar las distintas actuaciones que se determinen por el Servicio Público de Empleo correspondiente.

La solicitud deberá presentarse dentro de los sesenta días siguientes al agotamiento de la prestación o el subsidio por desempleo.

La CNC incoa expediente sancionador contra las empresas eléctricas

La Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha incoado expediente sancionador contra las empresas Endesa, Iberdrola, Hidrocantábrico, Unión FENOSA y E.On por posibles prácticas anticompetitivas en el suministro de electricidad a clientes finales. Dichas prácticas consistirían en la suspensión temporal a terceros, por parte de las distribuidoras de estos grupos empresariales, del acceso telemático a los datos necesarios para gestionar el cambio de compañía suministradora de los consumidores finales.

La suspensión temporal del acceso telemático se produce en un momento crítico para la competencia, por la entrada en vigor, a partir del próximo 1 de julio, de la tarifa de último recurso. A partir de esta fecha, los clientes de menor consumo podrán optar por acogerse a la nueva tarifa de último recurso con alguna de las cinco comercializadoras de último recurso designadas por el Gobierno (pertenecientes, precisamente, a los cinco grupos energéticos investigados) o por pasarse al mercado libre, ya sea con la comercializadora de estos grupos o con alguna comercializadora independiente. Las supuestas prácticas anticompetitivas podrían estar interfiriendo, por tanto, en un hito relevante del proceso de liberalización del mercado eléctrico español con el que se esperaba que pudiera producirse el traspaso de un número importante de consumidores del mercado regulado al mercado libre, especialmente en el caso de las
PYMES.

Adicionalmente, en el marco del expediente incoado, la Dirección de Investigación de la CNC ha propuesto la adopción de medidas cautelares para obligar a las compañías investigadas a reestablecer el acceso telemático a la base de datos de las distribuidoras y garantizar a las comercializadoras independientes el normal funcionamiento de la gestión del traspaso de clientes.
Las prácticas investigadas se producen tan solo dos meses después de que el Consejo de la CNC sancionara a las mismas compañías por prácticas similares que dificultaban el acceso de las comercializadoras independientes al mercado de suministro de electricidad. La incoación del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNC.

Propuesta para la reactivación laboral en España

image001Más cien prestigiosos economistas españoles han elaborado y firmado este documento articulando una propuesta para la reactivación laboral en España, que por su interés reproducimos a continuación.

La crisis económica no tiene un origen laboral. No obstante, España está sufriendo una destrucción de empleo muy superior a la observada en la mayoría de países desarrollados. Con una tasa de paro cercana al 15%, y que podría alcanzar el 20% durante los próximos meses, es urgente atacar las causas que generan una destrucción de empleo tan intensa. Ni las medidas de estímulo fiscal ni las de fomento del empleo –por ejemplo, las subvenciones a la contratación ya aprobadas− serán eficaces si no se corrigen los principales problemas que provocan un funcionamiento tan ineficiente de nuestro mercado de trabajo.

Estos problemas explican la gran distancia existente entre nuestra tasa de paro y la tasa media de los países del área del euro (8%), y si no se resuelven tampoco será posible generar suficiente empleo en sectores de alta productividad cuando las condiciones económicas internacionales vuelvan a ser normales. Crear un “nuevo modelo productivo” que sitúe a la economía española en una senda de crecimiento alto y sostenido de la renta per cápita requiere sobre todo un sistema de ciencia y tecnología más favorable a la innovación y un sector educativo que produzca trabajadores más cualificados, reduciendo las alarmantes cifras de fracaso escolar. No obstante, para que el nuevo modelo pueda desarrollarse con vigor son también necesarias unas instituciones laborales que faciliten la reasignación de trabajadores de los sectores obsoletos a los emergentes. Aquí nos ocupamos de nuestras instituciones laborales, que deben rediseñarse incluso con independencia de la crisis actual, pues fuerzas como el progreso tecnológico, la globalización y el envejecimiento de la población las han convertido en caducas.

Es deseable actuar en cuatro frentes a la vez. Por una parte, es necesario reducir la alta volatilidad del empleo generada por un mercado de trabajo dual, en el que desde hace más de dos décadas alrededor del 30% de los asalariados tiene un contrato temporal. En las fases expansivas del ciclo económico, este modelo genera una fuerte creación de empleo, si bien concentrada en sectores de baja productividad, mientras que en las fases recesivas exacerba la destrucción de empleo. Esto es así porque la regulación vigente induce a las empresas a hacer frente a las fluctuaciones económicas mediante la rotación laboral, en lugar de buscar alternativas como los cambios en la organización del trabajo.

Este aspecto se ve reforzado por el segundo problema: una negociación colectiva muy rígida, demasiado centralizada en algunos casos e insuficientemente coordinada en otros. En tercer lugar, los mecanismos de protección a los parados no alcanzan una cobertura suficiente, a la vez que en algunos casos desincentivan la búsqueda de empleo, alargando innecesariamente la duración del paro. Por último, España tiene grandes carencias en las políticas activas que persiguen ayudar a los parados en su búsqueda de trabajo.

La experiencia internacional demuestra que es posible mejorar significativamente esta situación. Para lograrlo es preciso adoptar un enfoque global de la regulación laboral, teniendo en cuenta los efectos colaterales indeseados que unas instituciones puedan tener sobre los objetivos perseguidos por otras. Con este enfoque, creemos necesario actuar de la siguiente forma:

► Para acabar con la dualidad laboral es preciso simplificar el actual menú de contratos de trabajo con indemnizaciones por despido tan diferentes. Salvo por el contrato de interinidad, para la sustitución de trabajadores en baja temporal, el resto de contratos temporales debe desaparecer. Simultánente debe introducirse un único contrato indefinido para todas las nuevas contrataciones, con una indemnización por año de servicio creciente con la antigüedad. La introducción de este contrato unificaría las causas del despido, manteniendo la tutela judicial para los despidos por razones discriminatorias.
Así, los trabajadores contarían con un contrato indefinido desde el principio de la relación laboral, mientras que los empresarios no se enfrentarían con la enorme brecha existente entre el bajo nivel de la indemnización de los contratos temporales (8 días de salario por año y en algunos casos incluso nada) y el alto nivel de proteccion de los contratos indefinidos actuales. Este diferencial es el factor inductor de la excesiva rotación. Por tanto, este contrato ayudaría también a reducir la grave desigualdad de oportunidades que sufren determinados colectivos, especialmente los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes, que son los más afectados por la excesiva rotación laboral.

Es posible que esta medida también favoreciese un despegue de la contratación a tiempo parcial, desalentada hasta ahora en nuestro país por el excesivo uso de la temporalidad. Al elegir la senda de indemnizaciones es importante evitar un aumento de los costes laborales medios con respecto a la situación actual. A título de ejemplo, se podría empezar con una indemnización ligeramente superior a la actual para los contratos temporales y aumentarla progresivamente hasta alcanzar un valor alrededor de la media europea, por debajo del nivel actual más común para los despidos improcedentes (45 días) que, como se deriva de los rankings elaborados por organismos internacionales, es de los más altos de la OCDE.

► Para mejorar la protección de los parados, el gasto en prestaciones por desempleo debe seguir creciendo mientras persista la situación de crisis y seguramente será conveniente alargar la duración de las prestaciones. Pero esta medida debería tener carácter transitorio, revirtiéndose cuando la situación económica mejore. En una perspectiva de medio plazo, para elevar la protección sin desincentivar la búsqueda de empleo, es preferible aumentar el nivel de las prestaciones durante los primeros meses de paro que alargar su duración. También deben revisarse los topes máximos para la cuantía de las prestaciones, pues al ser relativamente bajos dificultan hacer frente a decisiones de consumo ya comprometidas y a la vez implican un perfil escasamente decreciente que reduce los incentivos para la búsqueda de trabajo. En cuanto a las cotizaciones que financian las prestaciones, siguiendo el llamado “modelo austriaco”, puede resultar beneficioso que una parte se acumule en un fondo de ahorro al que el trabajador tenga acceso en caso de quedar parado, para financiar sus actividades de formación o, si lo desea, para acumularlo en un fondo de pensiones de jubilación. Por último, podría premiarse la buena gestión de recursos humanos reduciendo las cotizaciones sociales a las empresas que lleven a cabo menos despidos y/o penalizando a las que despidan más.

► Para modernizar la negociación colectiva, los agentes sociales firmaron un Acuerdo Interconfederal en 1997, en el que reconocían los problemas de excesiva centralización y descoordinación del sistema actual. Sin embargo, tras doce años no ha habido ningún avance. Por tanto, la estructura de los convenios sigue dificultando la adaptación de las condiciones de trabajo en las empresas a las necesidades productivas de cada momento y suponiendo un freno a los aumentos de la productividad. Sin cambios en la regulación que sustenta esa falta de avances, no será posible resolver las deficiencias de la negociación colectiva. En este sentido, una medida a considerar es que los acuerdos de empresa, ya sean convenios de empresa u otros acuerdos que se alcancen entre los empresarios y los comités de empresa o los delegados de personal, puedan prevalecer sobre los convenios de ámbito superior. Con la regulación actual, acuerdos como los que han alcanzado algunas grandes empresas para mantener el empleo solo son posibles bajo condiciones muy restrictivas.

► Para aumentar la eficacia de las políticas de empleo, es necesario orientarlas hacia determinados colectivos y mejorar su gestión. Las políticas activas deben concentrarse en los trabajadores con menor cualificación, que son los que sufren los periodos más largos de desempleo, a fin de evitar el paro de larga duración. Y su gestión debe coordinarse con la protección por desempleo. Tanto la provisión de las actividades de inserción y formación como su financiación deben tener en cuenta la situación particular de cada trabajador parado y generar las oportunidades e incentivos para elevar la salida del paro al empleo. A este respecto, debe llevarse a cabo de forma rutinaria una evaluación rigurosa de las actividades realizadas en este campo, hoy prácticamente inexistente. Dicha evaluación debe ayudar a mejorar su diseño y orientar la asignación de recursos hacia aquellos programas, agencias y empleados públicos que muestren los mejores resultados. También debe ampliarse la oferta de estas actividades, permitiendo que empresas de intermediación laboral y agencias privadas adecuadamente acreditadas puedan colaborar con las agencias públicas en su provisión y gestión, proporcionando así mayores oportunidades de elección de los trabajadores.

En suma, creemos que, siguiendo estas recomendaciones, es posible articular un programa global de medidas que favorezca la creación de empleo y con ello la salida de la crisis. Al aumentar el bienestar general y mitigar las desigualdades, este programa puede contar con un amplio apoyo social. El diseño detallado de las medidas requiere de estudios técnicos, para los que existen suficientes bases a partir de la investigación económica llevada a cabo en España y en otros países. Los abajo firmantes consideramos que debería ponerse en marcha de forma urgente una iniciativa en este sentido con el liderazgo del gobierno, el apoyo de la oposición y la participación de los agentes sociales.
Abril de 2009
Lo firman más de cien economistas, catedráticos y profesores de Universidad de toda España.