La crisis parece una barrera insalvable para la economía española justo cuando se cumple un año del gobierno Zapatero, pero también es una oportunidad para llevar a cabo cambios estructurales para aumentar la competencia y mejorar la productividad. Una de las reformas pendientes de más calado es la aplicación en España de la denominada Directiva Europea de Servicios que deroga fronteras artificiales y trabas burocráticas. Un claro ejemplo de estas trabas son las diecisiete legislaciones que aplican las Comunidades Autónomas en detrimento de la unidad de mercado. España tiene que adaptar unas 16.000 normas internas a esta Directiva que los técnicos de Economía y Hacienda prevén tener lista para el mes de septiembre. Pero una cosa es la teoría y otra la voluntad política para aplicarla, ya que esta Directiva limita la soberanía nacional y, además, cuestiona el concepto de lo público. El sector servicios es el más importante de la economía española y supone el 68 por 100 del PIB. Este proceso de transposición de la normativa europea pretende modernizar la legislación, incrementar la transparencia y llevar a cabo un ambicioso programa de simplificación administrativa, eliminando barreras, reduciendo trámites y reforzando los derechos de los consumidores. La simulación que ha hecho Economía no tiene desperdicio. Con más libertad y menos burocracia crece el PIB y se genera empleo. La solución a la crisis no pasa sólo por incrementar el gasto público.
Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el Diario La Razón (Madrid) el 13 de marzo de 2009
La crisis económica no la sufren los políticos, ni los funcionarios, ni los sindicatos, ni los pensionistas, ni los que mantienen su puesto de trabajo y, como mucho, pueden ver congelado su sueldo este año. Las consecuencias de la crisis las viven los empresarios –no los ejecutivos de las grandes empresas– que se juegan su dinero y que están atrapados entre proveedores y bancos. Pero la crisis quien de verdad la sufre es el parado. Doscientos mil cada mes engrosan la cola del desempleo y ya se le ven las orejas al lobo de los cuatro millones a razón de seis mil seiscientos cada día. Si en febrero, otro mes estadísticamente malo, se repiten las cifras de enero, se habrán alcanzado los tres millones y medio, y aunque a partir de marzo se atenúe la caída del empleo con el plan de choque del Gobierno a través de las obras públicas en los municipios, las contrataciones de Semana Santa y las estivales, todo apunta a que a principios del otoño –si no antes– se alcanzarán los cuatro millones de parados. ¿Y entonces qué? ¿Seguirá el Gobierno echándole en cara a la banca que no concede créditos o repetirá que hay que arrimar el hombro? ¿Pero no habíamos quedado en que el sistema financiero español era el más sólido del planeta y el propio José Luis Rodríguez Zapatero lo puso de ejemplo en la cumbre celebrada en Washington?
Tanto el Gobierno como la oposición están preocupados porque a pesar de las ayudas oficiales y líneas de financiación abiertas para ayudar al sector financiero el dinero no llega a las familias y a las pymes. Hoy mismo, portavoces del PP y del PSOE han coincidido en considerar que ya ha pasado el periodo de gracia concedido a la banca para arreglar sus cuentas y es hora de que bajen a la calle y acerquen el dinero a los clientes para que la economía real reciba oxígeno. El primer banco en responder a este llamamiento y lanzar productos específicos destinados a cubrir necesidades de financiación de circulante y a facilitar financiación a medio plazo para proyectos de inversión ha sido el Santander.
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