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Ordeno y mando

Los militares no se comen a los niños crudos. Ésa parece ser la conclusión de los primeros días de trabajo de los controladores bajo la supervisión del Ejército. El Gobierno, que hace agua por los cuatro costados, ha descubierto el ordeno y mando sin rechistar. El truco es tan viejo como el mundo. Las democracias parlamentarias con derechos reconocidos para sus trabajadores son una excepción y las dictaduras son de lo más común. Algunas, como China, sorprenden cada año con la multiplicación de sus ratios económicos.

El felino agazapado en la selva –tal como describe WikiLeaks a ZP– ha probado la sangre de sus víctimas y necesita alimentarse de ella hasta el final de la legislatura. Ha convertido un problema estrictamente laboral, por la incompetencia de su ministro de Fomento, en una lanzadera política de réditos imprevisibles.

Los controladores, militarizados, están mejor calladitos, porque siempre es demagógico cargar contra los ricos. Las siguientes víctimas ya tienen fecha de ejecución: el 27 de enero, reforma de las pensiones, sí o sí, diga lo que diga el PP, que saca 18 puntos al PSOE, o el Pacto de Toledo. Los mercados aplauden los recortes del gasto aunque sean tan injustos como privar de medios de subsistencia a los parados de larga duración. Es más fácil dominar a los parados manu militari que hacer entrar en razón a los sindicatos. ¿No sería más humano y práctico repartir los 30.000 millones que figuran en los presupuestos entre más parados por más tiempo, o permitir contratos de trabajo más flexibles, que condenarlos a la exclusión social?

Por mucho que lloren nadie en su sano juicio apoya a un colectivo ruin que antepone sus intereses personales o los de toda una nación, pero, para que las medidas ejemplarizantes sean creíbles, el Gobierno debe asumir su culpa y entregar la cabeza de José Blanco, responsable político de un caos previsible al que, cada fin de semana, se la va la fuerza por la boca.

Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario LA GACETA (Madrid), el 9 de Diciembre de 2010

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La PIBA y las pensiones

Las ocurrencias del Gobierno en materia económica podrían llenar un capítulo del Guinness de los récords. Desde el compromiso de pleno empleo en el programa electoral hasta las fanfarronadas de superar en PIB a Italia y en renta per cápita a Francia. De negar la crisis a hacer pagar sus consecuencias a las clases sociales más débiles. De ir al baile del brazo de los sindicatos al vodevil de la huelga general. De negar el saludo a la bandera americana a poner nuestras cuentas bajo su tutela y la del FMI. Del juego de la silla del G-8 a mirar, como la zorra, las uvas inalcanzables.

Cuando creíamos que la sarta de tontunas había sido colmada por Leire Pajín al decir que “el PIB es masculino, es claramente masculino, y por tanto el cambio estará en el momento en que las decisiones importantes estén tomadas también por las mujeres”, llega Elena Salgado y justifica que tengamos el paro más alto de la OCDE porque ha crecido la población activa. U otras lumbreras que justifican el desempleo porque las mujeres también demandan un puesto de trabajo. Si este Gobierno denigra los indicadores económicos clásicos, como el PIB o la Renta,  tampoco puede escudarse en ese engendro de los economistas progres que es el BEN (Bienestar Económico Neto), que mide la calidad y la felicidad de los ciudadanos frente a la mera producción de bienes y servicios. A tenor de las encuestas, de los rankings internacionales o de las pitadas a Zapatero no parece que los españoles estén satisfechos con su suerte.

Ahora van a meter mano a las pensiones, la última gran reforma social del Gobierno socialista. El mismo Zapatero que impide que las propuestas de la oposición se debatan en el Parlamento y dinamita el Pacto de Toledo con una rebaja unilateral pide ahora árnica a Rajoy para buscar un consenso. Quizá todo sea un problema de género y haya que hablar de las “pensionas” o igual va la ministra o alguno de sus acólitos y dice que la culpa la tienen los viejos porque se mueren más tarde.

Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario La Gaceta (Madrid), el 14 de octubre de 2010

http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/opinion/piba-y-las-pensiones

El Gobierno presenta su documento de trabajo sobre la reforma laboral

Tal como se ha mantenido en la mesa de negociación, el Gobierno entiende que la negociación debe articularse alrededor de cinco ejes fundamentales: dualidad y temporalidad de nuestro mercado laboral, revisión de la política de bonificaciones a la contratación, programa de empleo de jóvenes, intermediación laboral y fomento de la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal de empleo. Parece obligado que el acuerdo contenga medidas de mayor o menor intensidad en todas y cada una de estas materias.

Aunque negociación colectiva y flexibilidad interna constituyen elementos fundamentales a la hora de modificar sustantivamente nuestro mercado de trabajo, la remisión al ámbito bilateral que se realizaba en el documento de 5 de febrero y que han reiterado los interlocutores sociales en su Acuerdo de 9 de febrero pasado aconseja abstenerse de toda propuesta en esta materia, fuera del evidente compromiso de articular mediante las reformas legales que resulten necesarias los resultados de esta negociación bilateral. El Gobierno considera, por otra parte, que la igualdad y no discriminación en el trabajo entre mujeres y hombres es una materia transversal que no debe ser objeto de medidas específicas o segmentadas en este documento. Las actuaciones referentes a este tema aparecen, no obstante, destacadamente en propuestas específicas sobre bonificaciones a la contratación, el respeto al principio de la paridad en las políticas de empleo o en los nuevos contratos para la formación.

Con relación a las actuaciones sobre el control de los procesos de incapacidad temporal, el Gobierno acepta que los elementos estructurales de estas materias deben discutirse en el marco de diálogo social con los interlocutores sociales derivado del Pacto de Toledo, por considerarlos más vinculados a cuestiones de Seguridad Social que a materias específicas de mercado de trabajo. Reiterando, en cualquier caso, el carácter abierto de este documento para recoger aportaciones de todas las partes, se ha considerado más oportuno dejarlo al margen del mismo.

En cualquier caso, el Gobierno reitera una vez más su propósito de concluir esta negociación con un acuerdo tripartito con las organizaciones empresariales y los sindicatos, que permita avanzar hacia un mercado de trabajo más moderno, funcional y coherente con el desarrollo de la economía sostenible; un acuerdo, en fin, que garantice su equilibrio y aplicación más eficaz, que respete los condicionantes presupuestarios en que se enmarca la actual política económica y que apoye la creación de empleo y aumente las oportunidades de empleo de las personas desempleadas.

1. Actuaciones para reducir la dualidad y la temporalidad de nuestro mercado laboral.

Como se señalaba en el documento de 5 de febrero, la dualidad entre trabajadores fijos y temporales constituye el problema estructural más grave de nuestro mercado de trabajo. Por ello, situar la contratación estable como elemento central del nuevo modelo de crecimiento económico y de nuestro sistema de relaciones laborales constituye el objetivo prioritario del actual proceso de diálogo social sobre mercado de trabajo.

Como ya se decía en aquel documento, para reducir de forma significativa la dualidad actual del mercado laboral debe actuarse simultáneamente y con similares niveles de intensidad a través de medidas que propicien el recurso a la contratación indefinida, y en consecuencia, el empleo indefinido, y de otras que ponderen y racionalicen el uso de la contratación temporal y desincentiven su uso injustificado. Todo ello sin que produzca un incremento de costes que grave las nuevas contrataciones y afecte a la creación global de empleo.

Contratación de duración determinada

Para racionalizar el uso de la contratación temporal y evitar su uso no justificado, resultaría necesario operar, en primer lugar, sobre la definición legal de las causas de los contratos temporales de obra o servicio y eventual.

En lo que se refiere al contrato de obra o servicio, las alternativas son varias. La primera posible sería desvincular la causa de esta modalidad contractual de la actividad habitual u ordinaria de la empresa y de la subcontratación empresarial de obras y servicios. Esto último debería acompañarse, necesariamente, de la definición de la finalización de la subcontrata como causa de extinción individual o colectiva del contrato por causas económicas. Una segunda alternativa consistiría en establecer legalmente plazos máximos de duración del contrato de obra o servicio para evitar que este contrato temporal, so pretexto de su duración incierta, se prolongue indefinidamente en el tiempo. Esos plazos máximos legales habrían de respetar en todo caso las reglas establecidas en determinados convenios colectivos sectoriales y podrían también ser modulados a través de la negociación colectiva.

En lo que se refiere al contrato eventual, parecería más coherente que las actividades estacionales de carácter intermitente o cíclico no justificaran la realización de esta modalidad contractual temporal, reorientando ese tipo de actividades, tal y como sugiere la legislación actual, hacia el contrato fijo-discontinuo, sin afectar a la actual protección por desempleo de este último.

Junto a ello, para evitar la permanencia prolongada de los trabajadores en situación de temporalidad, sería oportuna una regulación más adecuada de la actual regla dirigida a evitar el encadenamiento de contratos temporales, operando sobre todos o algunos de los requisitos vigentes en el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores.

Además, podría ser de utilidad para ponderar y racionalizar el uso de la contratación temporal y evitar su uso no justificado, reconocer mayores facultades a la negociación colectiva en estas materias, para que las aborde con mayor profundidad que en la actualidad.

En cualquier caso, se ampliarán las campañas sistemáticas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para controlar el cumplimiento de la normativa sobre contratación temporal y evitar la temporalidad injustificada.

Medidas de orden económico en relación con la contratación temporal (indemnización por fin del contrato, cotización por desempleo) siguen estando presentes en la negociación, aunque no parece aconsejable su aplicación en una coyuntura económica como la actual.

Contratación indefinida

Las medidas dirigidas a combatir la contratación temporal injustificada deben acompañarse, necesariamente, de medidas que hagan más atractiva para las empresas la contratación indefinida.

En esa dirección, el Gobierno reafirma, en primer lugar, su voluntad de mantener l regulación del contrato indefinido ordinario en su configuración actual. Lo anterior debe ser compatible con la voluntad de ampliar las posibilidades de utilización del contrato de fomento de la contratación indefinida que existe en nuestra legislación laboral desde 1997 pero que ha ido cayendo en desuso en los últimos años.

Para una mayor utilización de esa modalidad contractual existen diversas alternativas: la primera, reabrir la posibilidad, como ha sucedido en otras etapas, de que los contratos temporales puedan transformarse en contratos de fomento de la contratación indefinida; la segunda, examinar la posibilidad de que nuevos colectivos de trabajadores, fuertemente afectados por el desempleo o la temporalidad, puedan realizar estos contratos manteniendo en cualquier caso su naturaleza de fomento de la contratación indefinida; la tercera, igualar el coste de indemnización del despido improcedente por causas económicas y disciplinarias, como sucede en el contrato indefinido ordinario.

Como fórmula que podría favorecer firmemente la creación de empleo indefinido, el Gobierno propone trabajar, buscando siempre el consenso con los interlocutores sociales, sobre la adaptación a nuestro país de modelos sobre los sistemas de indemnización por despido que en los últimos años se han adoptado en algunos países europeos, entre ellos en el sistema laboral austríaco, que permitan incrementar la estabilidad en el empleo y fomentar una movilidad laboral más sana, así como la formación para el empleo a lo largo de toda la vida laboral. El Gobierno considera que es necesario avanzar en vías de este tipo que podrían ser de especial utilidad para resolver el problema estructural más grave de nuestro mercado de trabajo: la dualidad entre trabajadores fijos y temporales.

Para avanzar en la dirección anterior, podría valorarse la oportunidad de aplicar para los nuevos contratos de fomento de la contratación indefinida, con carácter transitorio y excepcional, medidas que pudieran conducir de manera inmediata a apoyar la creación de empleo estable. Medidas que podrían inspirarse en la exención de una parte de los costes extintivos de los despidos colectivos y objetivos para superar situaciones económicas adversas que existen ya en nuestra legislación, sin afectar a los derechos de los trabajadores.

Finalmente, es obligado seguir reflexionando sobre las razones que explican las fuertes diferencias que existen entre nuestra legislación y las prácticas seguidas en lo que se refiere a las causas del despido. Resultaría necesario, para un adecuado funcionamiento del mercado de trabajo, recuperar en la práctica la causalidad del despido y el derecho a la tutela judicial efectiva, ofreciendo al mismo tiempo certidumbre y seguridad jurídica tanto para empresarios como para trabajadores a la hora de abordar las extinciones de los contratos de trabajo. Ello aconsejaría profundizar en como objetivar con mayor claridad las causas de los despidos económicos y en como deberían regularse ciertas prácticas que han desnaturalizado los procedimientos de extinción del contrato.

Contratación a tiempo parcial

En opinión del Gobierno, se debería avanzar en una mayor extensión del trabajo a tiempo parcial estable en nuestro país, de la que se beneficien a la vez empresas y trabajadores.

Desde la perspectiva de la regulación sustantiva, debería eliminarse la posibilidad de realizar horas complementarias en el contrato a tiempo parcial, cuya compleja regulación no parece haber resultado útil ni para las empresas ni para los trabajadores. Ello iría acompañado del establecimiento de dos formas de fijar la jornada y el horario de trabajo:

– Una con horario cierto y fijo de trabajo, sin posibilidad de alterar dicho horario ni realizar horas extraordinarias. En este caso, el contrato podría concertarse por tiempo indefinido o por duración determinada.

– Otra en la que el empresario podría modificar el horario de trabajo con un preaviso mínimo a determinar; además, el empresario y el trabajador podrían acordar la realización de horas extraordinarias con los límites previstos en el artículo 35 ET y en un número máximo anual proporcional a la jornada pactada. En este caso, el contrato solo podría concertarse por tiempo indefinido.

Las bonificaciones para los contratos a tiempo parcial quedarían limitadas a los contratos con horario cierto y fijo celebrados con carácter indefinido. Se mantendrían también para los de duración determinada actualmente bonificados (personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, personas en situación de exclusión social).

Desde la perspectiva de la protección social, ésta sería mejorada mediante el incremento durante un plazo coyuntural del coeficiente multiplicador actualmente establecido para causar derecho a las pensiones de jubilación e incapacidad permanente.

Sólo Zapatero afirma que España está «a punto» de salir de la recesión económica

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha inaugurado en el Congreso de los Diputados las habituales sesiones de control al Gobierno respondiendo a tres preguntas referidas al sistema de pensiones, las transferencias al Gobierno vasco de las políticas activas de empleo y la situación económica.   Al diputado de CiU, Josep Antoni Durán i Lleida, que preguntó si el Gobierno asume la necesidad de alcanzar un amplio consenso para reformar el sistema de pensiones, el Presidente respondió que el Ejecutivo «no sólo  lo asume sino que lo defiende». Añadió que esa es la trayectoria del grupo socialista desde que se alcanzó el Pacto de Toledo en 1995.

Explicó que el documento sobre el futuro de las pensiones aprobado por el Gobierno se ha remitido a esta Cámara para su «evaluación, estudio y diálogo» en la Subcomisión del Pacto de Toledo y para que sirva como «elemento de debate». Agregó que si el Ejecutivo no hubiese realizado propuestas se le hubiese reprochado que no tenía una posición sobre el futuro de nuestras pensiones. Defendió el documento presentado por el Ejecutivo y la necesidad de consenso para que la solidez y fortaleza de nuestro sistema de pensiones sea aún mayor en el futuro y garantice la protección social de los trabajadores del mañana.

En respuesta al diputado de EAJ- PNV, Josu Iñaki Erkoreka, que se interesó por las transferencias en materia de políticas activas de empleo, Rodríguez Zapatero confirmó que hay un proceso de diálogo abierto y que el Gobierno dará a su grupo parlamentario toda la información exacta. Añadió que el Gobierno tiene la máxima voluntad de llegar a un acuerdo, en un tiempo razonable. Para ello aconsejó mantener una posición «constructiva» alejada de «posturas maximalistas».

Al diputado del PP, Mariano Rajoy, que criticó la política del Gobierno para afrontar la crisis, le contestó que «el PP sabe, pero quiere ignorar» que la economía mundial vive la crisis más grave desde hace 80 años. Añadió que buena parte de los países desarrollados acaban de dejar la recesión y que España está «a punto» de hacerlo. Reconoció que la consecuencia más grave de la crisis ha sido la destrucción de empleo, especialmente, en España, pero aseguró que los desempleados nunca han tenido mayor nivel de protección. Pidió el esfuerzo de todos para reducir el déficit en todas las Administraciones Públicas y para que la posición internacional de España, su solvencia y crédito se mantenga. En este sentido reprochó al PP la exageración y alarma que crea con sus declaraciones porque daña la credibilidad de nuestro país. Además, recordó que la deuda de España es ahora inferior a cuando gobernaba el PP y que en estos momentos cuesta menos emitir deuda a diez años que entonces.

Moción de censura

La imagen del presidente del Gobierno, sus vicepresidentas, el ministro de Trabajo y la secretaria general de Empleo justificando los datos del paro de enero y la EPA del cuarto trimestre de 2009 han resultado patéticas. Los circunloquios para no reconocer la gravedad de las cifras y aceptar la realidad escalofriante de que uno de cada tres españoles en edad de trabajar que no es funcionario o pensionista está en paro son un insulto a la razón. La guinda de aumentar la edad de jubilación sin una reforma del mercado laboral y sin un consenso previo del Pacto de Toledo es la constatación de que el barco va a la deriva y el capitán sufre un ataque de pánico.

¿Y a todo esto qué hace el PP? Ignoro si los asesores de Rajoy siguen en la idea de la muerte dulce, la gota fina o el sálvese quien pueda, pero España se merece una clase política que coja al toro por los cuernos aunque se lleve algún revolcón en el empeño. La pérdida de credibilidad de la economía española ya no tiene remedio. De ser los campeones del crecimiento y un paraíso para los pensionistas de los países más desarrollados hemos pasado a ser carne de escarnio en los medios de comunicación y en las cancillerías europeas.

Pero si la economía se basa en una cuestión de confianza y ese camino está perdido queda al menos la hora de la política. En política son tan importantes los tiempos como los escrutinios. El PP debería plantarse la oportunidad de presentar una moción de censura que aunque la pierda en el Parlamento la gane en la calle. Felipe González apostó contra Suárez y aunque la aritmética del Parlamento fue favorable a UCD la opinión pública se convención de que había alternativa y que el candidato tenía más soluciones que el Presidente. El problema es que la moción de censura, a diferencia de la cuestión de confianza, es más un examen para Rajoy que para Zapatero. Y ahí hay que mojarse. Hernández Mancha lo intentó contra Felipe González y fracasó. Si Rajoy no arriesga dudo que merezca nuestra confianza.

Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario La Gaceta (Madrid), el día 4 de febrero de 2010