El Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid hizo público ayer el auto en el que se acuerda el “sobreseimiento” y el “archivo” de la causa que la ex vicepresidenta primera, ministra de la Presidencia y ex portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, hoy miembro del Consejo de Estado, promovió desde su Gabinete a través de la Abogacía del Estado, por la vía penal, contra el director y la directora adjunta de este diario, Carlos Dávila y Maite Alfageme, tras publicar en la revista ÉPOCA una información sobre su empadronamiento irregular en Beneixida (Comunidad Valenciana), donde fue cabeza de la lista del PSOE derrotada por el PP en las pasadas elecciones generales.
Tal como informa en su edición de hoy LA GACETA, el magistrado Pedro Antonio Domínguez ha establecido que no se produjo un delito de calumnias ni de injurias graves, ya que, de acuerdo con el criterio del fiscal de este juzgado, “no aparece debidamente justificada la perpetración” de los delitos que se les imputaban. De esta forma, la Justicia desacredita los argumentos que en su día se incoaron, utilizando la Abogacía del Estado, para abrir el procedimiento judicial que se han visto obligados a padecer Dávila y Alfageme.
La entonces vicepresidenta y portavoz del Gobierno se valió de los servicios jurídicos del Estado para que se iniciara el proceso contra los periodistas, instando a la Fiscalía a que investigara los posible indicios de delito. Todo, pese a que la información se refería a unos hechos derivados de su condición de ciudadana con derecho a voto –para la que su condición de vicepresidenta no afectaba en modo alguno–. Como señala LA GACETA, el informe de la Abogacía del Estado no deja lugar a dudas: “Desde el Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno se solicitó (el 20 de marzo de 2009)…”.
La revista ‘ÉPOCA’ relató los pormenores del doblemente irregular empadronamiento de De la Vega (Beneixida no es su residencia habitual y lo hizo fuera de plazo para poder votar en Valencia). Ella se registró en aquella localidad valenciana el 27 de noviembre de 2007, cuando la fecha conocida y pública para actualizar los datos del padrón ya había concluido el 1 de noviembre y quedaba definitivamente cerrado el 1 de diciembre.
Editorial: «Triunfo de la libertad de expresión»
LA GACETA publica hoy un editorial titulado «Triunfo de la libertad de expresión», que comienza en portada de este modo: «Hoy es un día importante para LA GACETA, para Intereconomía y para la libertad de expresión», oxígeno sin el cual la democracia perece por asfixia. Fiel a la definición clásica, la Justicia ha dado a cada uno lo suyo, al archivar y sobreseer la causa de María Teresa Fernández de la Vega contra Carlos Dávila y Maite Alfageme por las informaciones publicadas en EPOCA sobre el empadronamiento irregular de la ex vicepresidenta en Benexeida».
«Resulta significativo -continúa el editorial-, el informe favorable a dar carpetazo al caso de la propia fiscal, que subraya que en las informaciones de LA GACETA no había ni asomo de calumnias. El juez lo ha dejado bien claro en su sentencia: “No aparece debidamente justificada la perpetración” de los delitos de calumnias e injurias graves que De la Vega atribuía a los dos periodistas. Ergo… este periódico dijo la verdad cuando contó que De la Vega se empadronó en la localidad valenciana fuera de plazo y cuando reveló que buscó cobertura legal en una resolución posterior a fin de incluirse en el padrón electoral, aunque la norma no tuvo publicidad alguna ni fue reflejada en el BOE de forma inmediata»
«Queda así implícitamente al desnudo -añada el texto-, la verdadera naturaleza del empeño de la ex vice: un intento de perseguir y acallar al mensajero, mediante el abuso de autoridad que supone echar mano del aparato del Estado para actuar contra los dos periodistas. A una cacicada (el empadronamiento irregular en Beneixida) se sumó otra (instar al abogado del Estado en beneficio propio contra los informadores). En lugar de actuar con un abogado particular, De la Vega recurrió nada menos que a la Abogacía del Estado y después a la Fiscalía General. Es decir, tiró de los letrados que pagamos entre todos los contribuyentes para defender un asunto personal. La información se refería al derecho al voto de la ciudadana Fernández, cuestión particular, sin relación alguna con el ejercicio de su función pública como vicepresidenta. El Ministerio Público sólo puede actuar de oficio cuando las supuestas injurias y calumnias están referidas a un cargo público en relación a una actividad relacionada con el ejercicio de ese cargo. No era ese el caso».
Aval al trabajo documentado para contar la verdad
Por otra parte, el editorial asegura que «la sentencia también pone en su sitio a los profesionales de Intereconomía. Avala su trabajo, escrupuloso y documentado, al contar la verdad –y nada más que la verdad– sobre la irregularidad cometida por De la Vega. Un motivo para que nos sintamos orgullosos nosotros y nuestros lectores, ya que esa es la tónica y el criterio que ha guiado a LA GACETA en las 150 exclusivas que ha publicado durante el último año y tres meses. Nada de particular por otro lado, ya que como decía Gabriel García Márquez (reportero antes que escritor), la búsqueda de la verdad debe acompañar al periodista “como el zumbido al vuelo del moscardón”. En ese sentido, cuantos hacemos este periódico y cuantos trabajamos en el Grupo Intereconomía, nos limitamos a cumplir con el compromiso que tenemos adquirido con nuestros lectores y espectadores. Nada extraordinario. Aunque al destapar asuntos que molestan a quienes tienen una concepción patrimonialista del poder, estos conviertan nuestro quehacer diario en un ejercicio de riesgo. Que, en una democracia, la Justicia quite la razón a un poderoso que ha puesto en el punto de mira al mensajero y certifique la veracidad y profesionalidad de nuestro trabajo es una magnífica noticia que devuelve la fe en los dos pilares del sistema: la independencia de la Justicia y el papel de denuncia y contrapeso de los medios de comunicación. En especial en un contexto singularmente arriesgado para las voces críticas como Intereconomía, como demostró la amenaza de multa astronómica del ministro Sebastián o el nuevo intento de amordazar a los elementos discordantes con un aparato censor como el Consejo Estatal Audiovisual, ante el cómplice conformismo del presidente de la Asociación de la Prensa madrileña que –siempre tan discreto–, no movió un dedo cuando Dávila y Alfageme fueron sometidos al acoso judicial por el affaire De la Vega».
Tras conocer la sentencia, el diario da un paso más, y señala que «lo menos que podía hacer un personaje así es, en primer lugar, pedir disculpas por la caza de brujas desencadenada contra Dávila y Alfageme; y, en segundo lugar, dimitir de su cargo de consejero permanente del Consejo de Estado, retiro dorado al que migró tras su paso por el Gobierno, blindando su jubilación y doblando su sueldo, tras la prejubilación forzosa de su antecesor, Miguel Vizcaíno. La ex número dos de Zapatero prometió entonces que trabajaría por la felicidad de la nación. Nada nos haría más felices a quienes creemos en la democracia y en uno de sus ejes medulares, la libertad de expresión, que desapareciera para siempre de la vida pública. Nos haría un gran favor a todos».
(Foto: Intereconomía)
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